Desarrollo
En el presente las "grandes reformas estructurales" en México incorporan aspectos políticos, sociales, educativos, financieros y energéticos. Es precisamente en este último rubro en el cual me gustaría centrar la atención, ya que una reforma energética que permita el libre acceso de los capitales privados (tanto extranjeros como nacionales) a la división Pemex exploración y producción / refinación, traería consigo serias repercusiones para México. Dichas consecuencias incluirían la disminución de ingresos para el Estado, el incremento de impuestos y finalmente, una mayor dependencia del gobierno en capitales externos para el desarrollo del sector energético. Para el efecto, a continuación se detallan cada una de las secuelas antes enlistadas.
La primera de ellas, sería una disminución importante de los dineros que ingresan a las arcas nacionales por concepto de la venta de petróleo; ya que gran parte de los fondos gubernamentales provienen de la industria petrolera – de acuerdo con cifras del INEGI es igual al 37% de los ingresos del sector público o 10% del PIB. Dicha disminución de primera instancia motivaría la reestructuración del gasto gubernamental, lo que históricamente ha traído consigo la pérdida de subsidios así como de programas sociales y culturales.
Por ejemplo, el presupuesto de egresos para el 2014 redujo 4 mil millones de pesos del total asignado a la Secretaría de Desarrollo Social comparado con el 2013; y eso que aún no se aprueba la reforma energética. Si eso pasa hoy, ¿Qué pasará en un futuro próximo cuando la totalidad de las reformas fiscal, financiera, política, y energética hayan sido aprobadas e implementadas? La respuesta es sencilla: el gobierno tendrá menos ingresos provenientes del petróleo así como del sector energético y por lo tanto menos dinero para invertir en gasto social e identidad cultural.
Adicionando que, la privatización de las paraestatales a partir de 1980 no ha dado riqueza perenne o medios de inversión estratégica al Estado mexicano, sino por el contrario ha ido socavando poco a poco su capacidad de negociación, regulación y organización de sectores importantes de la industria y los servicios. Las experiencias con la banca, el sector de la telefonía, y ferrocarriles son mudos testigos de lo que privatizar o "modernizar" con ayuda de la iniciativa privada significa en México.
Por ello, la realidad predominante en México no permite entender como aquellos que se dicen administradores de los bienes nacionales, se desprenden con tanta facilidad de los medios de producción de riqueza, pareciese que no valoran tanto a la "gallina de los huevos de oro" como lo hacen los grandes inversionistas. Me parece que su sentido acerca de lo que es estratégico para México está fuera de contexto; ya que a diferencia de lo que ellos declaran, en el mundo del presente, el sector energético en su totalidad y no sólo el petróleo tiene un gran valor para el desarrollo de un Estado. ¡No por nada es considerado el motor de la industria! Para ello, sólo basta con observar el alto nivel de inversión que destinan los países desarrollados a cuestiones tanto de hidrocarburos como de nuevas fuentes de energía.
Indudablemente, el sector energético es el alma del sector productivo de un Estado y por este simple hecho se convierte en un sector que debe ser protegido y fortalecido por su importancia estratégica. En pocas palabras, una modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales pondría en bandeja de plata un sector que ha sido desarrollado a lo largo del siglo pasado con un alto costo para los mexicanos, en el momento preciso en que pudiera ser más redituable para toda la población si se contara con una administración transparente, eficaz y eficiente.
Enfatizando que los cambios constitucionales propuestos contrastan con lo expuesto por legisladores tanto mexicanos como estadounidenses en la reunión 51 interparlamentaria como parte de los planes para lograr un pacto seguridad energética entre los E.U.A. y México. Ya que, en un primer plano Michael McCaul, legislador estadounidense, indicó que "…el tema energético resulta estratégico para Estados Unidos y México"; y en un segundo plano, los Diputados mexicanos Eloy Cantú Segovia y Javier Treviño Cantú (ambos del PRI) expresaron su acuerdo para buscar una seguridad energética de América del Norte, por medio de la protección y desarrollo del sector estratégico del petróleo. Haciendo notar la palabra "estratégico" del discurso de ambos grupos parlamentarios.
Retomando el tema del petróleo, es de llamar la atención el hecho de que si PEMEX es una empresa sin oportunidad de crecer y obtener grandes dividendos de los yacimientos "sobreexplotados" y en aguas profundas, existan emporios petroleros dispuestos a "poner en riesgo" sus capitales. ¿Por qué interesarse en invertir en una empresa en clara decadencia e ineficiente? ¿Será que estos inversionistas cuentan con información privilegiada? ¿Existe algún acuerdo previo entre la actual administración y los grandes grupos de poder internacionales / nacionales que buscan invertir en este rubro, para generar una imagen incorrecta de lo que es PEMEX, CFE y su potencial de desarrollo?
Para dar respuesta, habría que recordar que la administración pasada había comprometido una reforma energética con sus socios de América del Norte y la actual se ha visto comprometida con algo similar bajo la sombra de una integración y seguridad energética de América del Norte dentro de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, y la Iniciativa Mérida; a los cuales habría que agregar el nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP).
En breve, no contar con las entradas de dinero provenientes del petróleo, requerirá de formas alternas de recabar los ingresos necesarios para lograr sustentar el gasto de operación del gobierno, lo que sin lugar a dudas tomará la forma de nuevos y mayores impuestos para la sociedad mexicana. Con ello se cumple la máxima que estipula la individualización de las ganancias y la socialización de las perdidas.
Por ello, la segunda repercusión estaría representada por un incremento de los impuestos. Supongamos por un momento que la reforma energética se aprueba y la nación mexicana ya no posee el petróleo, y de su explotación solamente recibe una renta. Renta que es equivalente a un tercio o menos de lo que se recibía cuando el Estado comercializaba directamente el producto, y que por lo tanto ahora es insuficiente para cubrir los gastos en lo que incurre el gobierno, ¿Cómo aumentar los ingresos del gobierno para dar respuesta a las múltiples necesidades?
La respuesta es sencilla: aumentando los impuestos. Para lograr esto, el Estado cuenta con dos alternativas: la primera de ellas, sería recortando los beneficios ofrecidos o gravando al sector industrial únicamente – lo que parece imposible por los intereses económicos comprometidos y la resistencia que los empresarios presentan a este tipo de decisiones unilaterales del gobierno; o una segunda forma, que sería aumentando los impuestos que la población paga, lo que parece la opción más viable ya que de acuerdo con algunos estudios sobre la conducta de la población ante el aumento de impuestos, la sociedad civil no opone una resistencia significativa mientras los impuestos no rebasen el 40% de su ingreso. Astutamente el porcentaje mayor de impuesto que se pagará se ubica en el rango de 33%.
De hecho hemos estado viviendo ya la transformación de la alza de impuestos y reducción de subsidios. Para mostrar lo anterior emplearemos lo ocurrido con el IVA que paso del 15 al 16%, justificado por los altos costos de la seguridad; el incremento en el costo de bebidas azucaradas, para atender problemas de obesidad; el aumento a la gasolina / diesel, bajo el pretexto de igualar los precios internacionales; y los costos de servicios eléctricos, que en los últimos años han sufrido cambios sustanciales a la alza con una consecuente reducción del subsidio. Aclarando que los subsidios que eran otorgados a los combustibles y al servicio eléctrico, deben ser vistos como una manera de compartir la riqueza generada por algo que se dice es patrimonio de todos los mexicanos. Pero, si esto ocurre cuando el Estado es el rector de los costos y sectores energéticos, qué podemos esperar cuando las condiciones del mercado sean las que determinen los costos reales.
De esta forma llegamos a la tercera repercusión por mencionar, la dependencia del gobierno en los capitales ajenos para el desarrollo de una industria energética nacional. Es aquí el momento oportuno para señalar que la dependencia económica conlleva una dependencia política, esto es "el que paga manda", y por lo tanto el gobierno federal deberá asumir las consecuencias al atar sus decisiones a lo que indiquen y decidan los capitales.
Entre algunas de las situaciones comprometidas que podemos citar tenemos: un retraso tecnológico en temas de energías alternativas; una mayor compra de productos y servicios especializados del exterior; la falta de un encadenamiento hacia atrás y hacia adelante en la industria energética; la pérdida de empleos; movilizaciones sociales; falta de una industria petroquímica secundaria y encarecimiento de los productos provenientes del petróleo. Con estos inconvenientes, cómo lograr el desarrollo tan deseado.
Al respecto la iniciativa de reforma presentada indica que lo que busca es retomar lo estipulado por la propuesta del General Lázaro Cárdenas, que si bien fue lo suficientemente prudente para no quitar de tajo la participación privada en actividades de la industria energética y con ello lograr la aceptación por la naciones afectadas por la nacionalización de la industria petrolera; buscó en esencia el desarrollo de una industria nacional con base en la tecnología extranjera, para después adoptar medidas nacionalistas. Condiciones de autonomía, independencia y bienestar social que en el presente parece estamos empecinados en revertir.
La dependencia en capitales externos impacta de gran manera a la base de la pirámide social y económica, poniendo de manifiesto el poco cuidado que tiene el Estado de brindar a sus gobernados las garantías mínimas del buen gobierno como son: un empleo pleno, desarrollo económico y la seguridad social. Al perder legitimidad el gobierno, los ciudadanos tienden a justificar potenciales conductas ilegales, con base en la ignorancia y poca atención que demuestra el gobierno para con las necesidades sociales, dando pie a la ingobernabilidad, el crecimiento de la corrupción y la impunidad; cánceres sociales que afectan hoy a la sociedad mexicana en gran medida. En estas condiciones, para todo ciudadano es fácil escudarse tras la falta de apoyo del gobierno y por ello cometer actos ilícitos.
Enfatizando que una dependencia de agentes / capitales externos al gobierno, implica necesariamente un peligro para la seguridad nacional, al poner en manos de los inversionistas la toma de decisiones en materia política y energética. Sin energía no hay movimiento, sin movimiento no hay avance, sin avance no hay desarrollo, sin desarrollo no hay calidad de vida, sin calidad de vida no hay estabilidad social, y sin estabilidad social no existe el buen gobierno ni los buenos ciudadanos.
Reflexiones
Se dice que todo cambio es para bien, pero aquí cabe preguntar ¿Para bien de quién? Por ello, el cambio estructural propuesto para la industria energética debe ser analizado a detalle, teniendo en mente que el bienestar de todos los mexicanos es el objetivo prioritario. Haciendo hincapié en que la expresión "todos los mexicanos" incluye a aquellos de la clase política y financiera; por ello, sería aceptable que pensaran en el bien de los demás como en el bien propio ante una propuesta de reforma como la que se discute. El legado de la sabiduría azteca dice que todos somos uno.
Con un aumento de los costos de combustibles, en el pago de servicios eléctricos, en la cantidad de los impuestos, y de la dependencia en los capitales privados para la explotación de las riquezas petroleras; tanto el gobierno como la sociedad mexicana verían lesionados sus intereses y habrían sido enterrados los ideales revolucionarios y postrevolucionarios plasmados en la Constitución.
El cambio de la situación de la explotación del petróleo parece ser sólo la cortina de humo, ya que lo que verdaderamente interesa es el sector energético en su conjunto. Es ahí a donde los grandes inversionistas están orientando todos sus esfuerzos, y por lo tanto se encuentran los mayores dividendos en un mundo que va en busca de energías alternativas. Para ello, basta con ver las grandes inversiones que se han hecho en el sector eléctrico mexicano por parte de empresas japonesas, españolas y estadounidenses entre otras; a pesar de estar vedadas por la Constitución.
Si el pretexto de la seguridad energética regional sirve para abrir el sector a la participación privada, entonces la seguridad nacional debería ser el sustento para la creación y desarrollo de un sector energético independiente, que permita que los elementos del Estado mexicano en su conjunto obtengan altos beneficios por la exploración, explotación, producción y distribución de los productos energéticos; lo que en respuesta garantizaría la seguridad nacional a través de la independencia económica y política.
El sector energético representa un nicho de oportunidad para lograr encadenamientos multidireccionales y no solamente hacia adelante y hacia atrás, por lo que se convierte en el sector estratégico del desarrollo de México. Es un sector en el cual se debe enfocar la inversión en ciencia y tecnología del Estado a fin de lograr ventajas competitivas y comparativas en el mercado internacional. Habría que recordar a nuestros dirigentes que para competir en el exterior primeramente se debe ser fuerte en el interior.
En la sabiduría popular existe un refrán que reza como sigue: "El que por su gusto es buey hasta la coyunda lame"; que podría interpretarse de la siguiente manera: cada quien es el arquitecto de su propio destino para bien o para mal. Por ello, la sociedad mexicana no puede ni debe culpar por completo a su gobierno, ya que en un país que se dice democrático la decisión es de todos; así mismo, toda acción e inacción político / social tiene una reacción con la misma intensidad pero en sentido contrario. En consecuencia, seamos arquitectos de un destino favorable para los intereses de todos y cada uno de los mexicanos.
Datos para citar este artículo:
Adolfo Arreola García. (2013). Reforma energética: estratégica o no, esa es la cuestión. Revista Vinculando, 11(2). https://vinculando.org/articulos/reforma-energetica-estrategica.html
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