Febrero de 1979. En Morumbí, Corintains y Guarany los dos equipos de más garra, decidían el campeonato paulista. Se iniciaba la campaña salarial de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema. La pauta de las reivindicaciones incluía 34.1% mas del índice oficial, como reposición de las perdidas salariales. Viendo la multitud en el estadio, Lula tuvo una idea: convocar una asamblea sindical capaz de llenar un campo de fútbol.

13 de marzo de 1979: 80 mil metalúrgicos en paro ocupaban el estadio de Villa Euclides, en Sao Bernardo do Campo. Sin micrófono, Lula pronunció su discurso repetido por los que lo oían, como ondas sucesivas de un lago golpeado por una piedra. Dos días después, cuando 170 mil trabajadores ya estaban en paro, la huelga fue considerada ilegal. En la madrugada del 23 de marzo, en Brasilia, el ministro de trabajo, Murilo Macedo, habla con el gobernador paulista Pablo Maluf. Poco después, tropas de la policía militar arremetieron contra el sindicato.

Para entender la administración Lula debemos partir de dos premisas: no se hizo una revolución, se ganó una elección; no se llegó al poder sino al gobierno. Una revolución afecta no sólo al carácter del gobierno sino también a la naturaleza del poder. Comienza por estigmatizar a los adversarios como enemigos, a los críticos como traidores, y a veces -desde Robespierre a Mao- castiga con la muerte a los que se oponen al proyecto revolucionario.

Ganar una elección es muy diferente. Significa respetar el juego democrático, que favorece la pelea entre partidos y candidatos portadores de proyectos e ideologías en pugna. Aunque no se ignore el peso de las estructuras burguesas, sobre todo la discrepancia entre candidatos regiamente financiados y los que mendigan voto a voto, la democracia representativa (inconclusa mientras no sea participativa) no soporta rupturas bruscas ni la eliminación sumaria de sus propias reglas de juego, a menos que la derrota de una de las facciones la induzca a colocarse al margen de la legalidad y a adoptar, en lugar de la disputa, la confrontación, como ocurrió en Rusia en el período comprendido entre 1905 y 1917.

El Programa Hambre Cero no pretende sólo saciar el hambre de pan de 46 millones de brasileños; quiere saciar también el hambre de belleza. Eso significa que el gobierno del presidente Lula se apunta a ir más allá del mero asistencialismo. Se trata de un programa de inclusión social. En él se articulan acciones de emergencia y medidas estructurales.

Como acción de emergencia el Hambre Cero prioriza cuatro áreas: el nordeste semiárido, campamentos y asentamientos rurales, antiguos quilombos** y aldeas indígenas. Como medidas estructurales están previstas las reformas previsional y tributaria. Más adelante se darán los pasos para hacer efectivas las reformas agraria, laboral y política.

El proyecto Hambre Cero, que implantará el gobierno de Lula, pretende reducir significativamente la exclusión social que hace del Brasil uno de los países más injustos del mundo. No tiene cabida centrar el debate en torno a la cartilla magnética, el cupón o el dinero. Es como discutir sobre la calidad del agua cuando la casa arde en llamas. Lo importante es garantizar alimento a quien vive condenado a la desnutrición, y hacerlo de tal modo que se evite el asistencialismo, el paternalismo y la dependencia del beneficiado respecto al poder público.

Al debatir sobre los medios, y no sobre el fin, se corre el riesgo de perder de vista la meta del proyecto. Es la claridad respecto al objetivo lo que permitirá una elección acertada de los medios, incluso teniendo en cuenta las diferencias y peculiaridades regionales.

En el final de la década de los 70, Lula y yo actuábamos en la misma ciudad, Sao Bernardo do Campo. El cómo líder metalúrgico, yo como asesor de la Pastoral Obrera. Sin embargo, sólo nos conocimos personalmente en enero de 1980, en Joao Monlevade.

Participamos juntos de la toma de posesión de Joao Paulo Pires de Vasconcellos, electo presidente del sindicato de los metalúrgicos de la Compañía Belgo Minera.

Al salir de la prisión, en 1937, pasé 5 años en Victoria, invernando en la favela del morro de Santa María. Me dediqué a la organización de las comunidades eclesiales de base (CEB) que, multiplicadas, llegaron a 100mil en todo el país.

En 1978, Fernando Henrique Cardoso (FHC) me invitó a una conversación en Sao Paulo, con la presencia también de Plinio de Arruda Sampaio y Almino Alfonso. Estaban convencidos de que la dictadura llegaba a su agonía. En breve, la apertura política propiciaría el surgimiento de nuevos partidos. En el bolsillo de su chaleco, ellos traían del exilio el proyecto de fundación de un partido socialista.

La elección de Lula a la presidencia de la República no significa la consagración de la democracia brasileña. No será un gobierno del pueblo. Pero daría un gran paso hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas si fuera un gobierno para el pueblo.

En nuestra historia republicana las raras ocasiones en que las clases subalternas obtuvieron beneficios reales, como en los gobiernos de Vargas y de JK, fueron con motivo de reordenamientos coyunturales, como la sustitución de las importaciones (2ª Guerra Mundial, implantación de la industria automovilística, construcción de Brasilia, etc.), que favorecieron la industria nacional y por consiguiente a los trabajadores. Nunca tuvimos un gobierno que asumiera como prioridad de su actuación política la cuestión social. Además, ésta siempre fue considerada como un asunto privativo de la primera dama.

La dictadura trató de convencer a los brasileños de que defender los derechos humanos era proteger a los bandidos. Durante el régimen militar, la Conferencia de obispos y otras instituciones defendieron a los presos políticos contra la tortura y 1os abusos arbitrarios.