Cuando los promotores del comercio justo decidieron integrar los productos al mercado convencional e incluir otros bienes como el té, el plátano, el arroz, etc., surgió una nueva modalidad: la certificación y el sello de comercio justo. Si bien este proceso permite la entrada de los productos de comercio justo en el mercado convencional y esto favorece a los pequeños productores en la medida que la red comercial aumenta, las controversias no han dejado de presentarse. Una de éstas surge cuando los criterios se ajustan a los nuevos productos y a los nuevos actores. En este caso en particular, estamos hablando de las fincas privadas. Para que una finca pueda ser certificada, los propietarios deben pagar el precio del comercio justo directamente a los trabajadores, además de que deben existir condiciones favorables de trabajo y el derecho de sindicalizarse.
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