Detrás de las grandes promesas de ‘transferencia tecnológica’ y ‘alimento para el mundo’ yace una brutal verdad: las corporaciones como Monsanto están preocupadas solamente por sus propias ganancias. No están ofreciendo semillas genéticamente modificadas (GM) al Sur por caridad.
Quieren apoderarse del mercado de semillas y obtener de los agricultores tanto como puedan – lo cual aún en los países pobres puede ser mucho-. La fórmula parece ser la siguiente: apuntar hacia los cultivos que más dinero generan (algodón, soja, maíz, etc), encontrar un punto de acceso, contaminar el suministro de semillas y luego asumir el control.
Argentina, el primer país fuera de los Estados Unidos que comenzó a plantar cultivos GM, es un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Pero el mismo modelo está siendo reproducido en todo el mundo, como por ejemplo el algodón GM en la India y en Africa Occidental. La historia de lo que ocurrió en Argentina debería servir como severa advertencia de lo que sucede cuando la agricultura transgénica hecha raíz.
Acto uno: tiempo de contaminar
1996- Argentina aprueba el cultivo comercial de la soja RR y, a partir de allí, la multiplicación de la semilla por parte de los agricultores crece al mismo ritmo geométrico que crece el cultivo de la soja RR.
La expansión del cultivo de soja RR de una superficie de menos de 1.000.000 Ha en el año 1996 a más de 9.000.000 Ha en el 2001 tiene mucho que ver con la multiplicación y venta ‘ilegal’ de la semilla a través de la llamada ‘Bolsa Blanca’. Por esta misma vía se expande el cultivo de la soja RR a Brasil, Paraguay y Bolivia donde los transgénicos están prohibidos.
Monsanto no ha registrado patentes sobre la soja RR en Argentina. Los derechos de la empresa sobre las semillas GM están circunscriptos a la ley nacional de semillas (1).
Esta sólo permite que los agricultores guarden semillas para uso propio y no autoriza su comercialización (que es lo que se hace con la ‘bolsa blanca’). Sin embargo, Monsanto permanece en silencio frente a todo este proceso observando cómo su tecnología (soja resistente al glifosato y el mismo glifosato) se expande por todo el Cono Sur de la mano de las ventajas que el modelo de agricultura industrializada de la siembra directa les ofrece a los grandes terratenientes de la región pampeana y sus zonas limítrofes.
Ningún reclamo se escuchó en esos años de parte de la empresa confirmando lo que muchos sospechábamos: la expansión de los cultivos transgénicos a través de la contaminación y la violación de las leyes de cada país fue una estrategia conciente e intencional de las grandes corporaciones y se repitió con diversas variantes en diferentes regiones del mundo.
Acto dos: tiempo de amenazar
2001- Con el cultivo de soja transgénica impuesto en Argentina y en plena expansión en toda la región, Monsanto comienza a amenazar a los productores agrícolas sobre el uso ‘ilegal’ de su semilla y a exigirle al gobierno argentino que haga cumplir la ley. En ese momento se realizaron varios operativos policiales pero la práctica de comercializar la semilla de producción propia continuó.
Y, de la misma manera, continuó la expansión del cultivo de soja en la región avanzando la frontera agrícola sobre los últimos bosques existentes en la región chaqueña y otros ecosistemas frágiles de Argentina, Paraguay y Brasil. Ya para ese entonces la soja ‘Maradona’ (nombre que se le daba a la semilla traficada ilegalmente desde Argentina) era famosa en Brasil.
Al mismo tiempo, bajo la presión de los productores de soja estadounidenses que reclamaban por la ‘injusta competencia’, Monsanto comienza a instaurar sus propias medidas.
Desde 1999 aplica, a través de los licenciatarios de sus semillas (Nidera por ejemplo), el cobro de ‘regalías extendidas’: cobra a los agricultores un monto de U$S 2 más IVA e impuestos por cada bolsa de 50 kilos de semillas que se guarden para uso propio (2).
Esta cláusula de los contratos de venta de la semilla va contra la misma ley de semillas que, como antes decíamos, permite el uso propio sin condicionamientos de ningún tipo. Ninguna voz se escuchó desde el gobierno argentino sobre la ilegalidad de este tipo de exigencias.
La ‘regalía extendida’ tiene como objetivo, según la empresa, ‘el recupero de la inversión realizada en investigación y desarrollo genético, con un menor valor y una base más amplia y justa de cobro, que se suma a la regalía pagada en la semilla certificada’. Pero Monsanto iba por más…
Acto tres: tiempo de cobrar
2004- Monsanto comienza el año con un despliegue espectacular e informa en febrero de 2004 que ‘nos salimos del mercado de soja en la Argentina porque para nosotros no es rentable’ y señala que la principal razón de la retirada es la alta difusión entre los agricultores de las semillas ‘ilegales’, conocidas como ‘bolsa blanca’ (3). En ese momento, promete dedicarse al negocio del maíz y el sorgo y niega rotundamente que se trate de ‘presiones al gobierno’.
Pocos días después, el Secretario de Agricultura de la Nación , Miguel Campos ‘casualmente’ da a conocer que el gobierno está estudiando la creación de una Ley de ‘regalías globales’ por el que se crearía un Fondo de Compensación Tecnológica.
Este fondo sería manejado por la misma Secretaría y consistiría en una alícuota que los agricultores pagarían con la venta (a acopiadores y exportadores) de soja (entre el 0,35 a 0,95 por ciento del precio de venta) que se destinaría a las empresas semilleras. (4).
De esta manera, se comienza a instrumentar el cobro de un impuesto desde el gobierno destinado a financiar a Monsanto. Casi como los ‘derechos de los agricultores’, pero aplicados a la inversa.
El Proyecto obtuvo un rechazo bastante masivo por parte de las organizaciones de agricultores y no avanzó durante los últimos meses en su tránsito por el Parlamento. De hecho, nunca fue ingresado formalmente al Congreso sino que fue apenas presentado por las autoridades a las Comisiones.
Esta situación es la que ha llevado al nuevo ‘acto’ de Monsanto durante la última semana cuando declara que para cobrar las regalías por el gen RR introducido en la soja (y para el cual no tiene patente en Argentina) procederá a cobrar las mismas en los puertos de destino de la soja argentina donde la patente está vigente (5).
La ofensiva incluyó una solicitada en los principales diarios el día 19 de agosto declarando ‘que sólo el 18 por ciento de los 14 millones de hectáreas que se cultivaron con soja en Argentina durante el ciclo 2003/04 fue sembrado con semillas certificadas y vendidas en el mercado legal’.
Esta vez el show incluyó fuertes declaraciones del Secretario de Agricultura diciendo que el mecanismo exigido por la firma para cobrar regalías por la soja transgénica es ‘extorsivo e inaceptable’ porque ‘en un país serio el pago de los derechos debe encauzarse por las vías institucionales’ (6).
El día 22 de agosto se realiza una reunión entre las autoridades, Monsanto y las organizaciones semilleras en las que se dejó de lado todo el histrionismo puesto en escena días atrás para llegar a un acuerdo: la creación de un ‘Fondo de Compensación Tecnológica’ en el curso de los próximos 45 días, el cual se estaría instrumentando antes de fin de año a través de una Ley o una resolución del Ministerio (7). Una vez más, Monsanto se sale con la suya.
Epílogo
Este, por supuesto, no es el final de la historia. Nuestra única certeza es que los pequeños agricultores están sufriendo -y continuarán sufriendo- si estos planes continúan desplegándose, y que las regalías de Monsanto serán extraídas de los bolsillos de la sociedad argentina.
También sabemos que el de Argentina no es un caso aislado.
El mismo patrón de diseminación descontrolada de soja RR fue puesto en marcha en los vecinos países de Brasil y Uruguay. Al principio, Monsan
to operó con los productore
s de soja ilegal para ejercer presión sobre el gobierno y lograr que éste liberara el cultivo. Una vez que el cultivo fue legalizado en Brasil, cambió de estrategia: terminó con el mercado negro.
En Brasil, en donde el gobierno ofreció una amnistía a aquellos agricultores que registraran sus cultivos como soja ‘GM’, Monsanto llevó a cabo un acuerdo con determinadas organizaciones de productores, procesadores de soja, cooperativas y exportadores con el objetivo de obligar a los agricultores a pagar regalías. Bajo este acuerdo, los agricultores pagan una tasa de US$ 3.45 a US$ 6.90 por tonelada al entregar sus cosechas a los cargadores.
Los cargadores son los responsables de recaudar los aranceles y, a cambio, se quedan con un porcentaje. Si los agricultores no declaran su soja como ‘GM’, sus cultivos serán sometidos a pruebas que, en el caso de resultar positivas, expondrán a estos productores a multas y sanciones de miles de dólares, incluso si plantaron la soja GM sin saber que era tal.
En la India , el algodón Bt está fuera de control. ¿Será allí en donde se eche el guante a la próxima regalía? ¿O en México, centro de origen del maíz que ha sido ya ampliamente contaminado? ¿Qué le espera a Africa Occidental? Allí, la introducción del algodón Bt parece inminente, lo cual pondrá a la región entera al borde de una acelerada contaminación.
En Sudáfrica, la agricultura transgénica se está expandiendo más y más. ¿Qué sucederá allí, en donde las fronteras con los países vecinos son aún mucho más dinámicas que las de América Latina? La situación es aún incierta, pero una cosa es segura: nadie debería esperar de la industria biotecnológica equidad, caridad o rendición de cuentas.
Referencias:
- Ley de Semillas 20247,
- Nidera,
- La Opinión de Rafaela,
- Bolsa de cereales,
- AGM News,
- INFOBAE,
- La Nación http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=638765
Datos para citar este artículo:
Organización Grain. (2004). Monsanto y las regalías semilleras en Argentina. Revista Vinculando, 2(2). https://vinculando.org/documentos/monsanto_argentina.html
Alejandro Espinosa dice
Monsanto condenada por publicidad mentirosa
La corporación transnacional Monsanto fue condenada el pasado 26 de enero por un tribunal francés de la ciudad de Lyon, a pagar varias multas después de declararla culpable del delito de “publicidad mentirosa”. En las etiquetas y piezas publicitarias de su producto Roundup Ready, Monsanto anunciaba que el herbicida “es totalmente biodegradable” y que su uso deja “el suelo limpio”.
La condena se produjo como corolario de una denuncia presentada en 2001 por la ONG francesa Eaux et Riviéres de Bretagne (ERB) ante el Ministerio del Medioambiente y el secretariado de Estado para los Consumidores. ERB acusó a Monsanto Agriculture France, y a Scotts France, distribuidora en Francia del Roundup, de mentir en su publicidad. Y aportó pruebas. Sobre las etiquetas de seis diferentes productos de Monsanto conteniendo Roundup, cuyo principio activo es el glifosato, se anunciaba que el herbicida tenía ventajas ambientales en relación con sus competidores. Esas ventajas, según Monsanto, eran que el Roundup es “100 por ciento biodegradable, limpio, respeta el medioambiente, eficacia y seguridad para el medioambiente, utilizado según las indicaciones del fabricante no presenta riesgos particulares para el ser humano o los animales domésticos”.
Monsanto ha hecho suya la máxima acuñada por Goebbels, el ministro de Instrucción Pública y Propaganda de Hitler. Ya en 1996 había sido condenada en un juicio similar en Nueva York, Estados Unidos, y fue obligada a dejar de engañar al público, pero en Europa continuó mintiendo hasta 2003, cuando resultó evidente que sus métodos de mercadeo estaban siendo investigados. Sin embargo, en ese período y gracias a onerosas campañas publicitarias en medios gráficos y audiovisuales que la llevaron a ser la principal anunciante del sector en Francia, el Roundup se transformó en el herbicida más aplicado en jardines y tierras galas.
La mentira es una regla para Monsanto(1), que ha promovido su “agricultura transgénica” con base en engaños, falsedades y promesas nunca cumplidas. No obstante, su soja RR (resistente al Roundup) es el grano más producido en el mundo. Ahora, con la reciente adquisición de Delta&Pine Land(2), una de las principales productoras de semillas del mundo, Monsanto es también propietaria de la llamada “tecnología Terminator” por la cual las plantas se autoesterilizan al madurar, impidiendo así que los cultivadores y campesinos extraigan semillas de sus plantas y deban comprarlas.
“Cuando en 2000 Monsanto realizó una enorme campaña publicitaria en televisión para el Roundup, nosotros acabábamos de obtener los resultados de estudios que mostraban la presencia masiva de glifosato, el principio activo del Roundup, en los ríos bretones”, recuerda Gilles Huet, delegado de la ERB. Y agrega que “Con estas mentiras Monsanto logró la expansión del uso de este producto”(3).
Según la asociación, y a pesar de que en 2001 la Comisión Europea clasificó al glifosato como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”, las dos principales moléculas del glifosato se encuentran presentes en el 55 y 35 por ciento de las aguas superficiales francesas(4).
En sus considerandos, el tribunal de Lyon entendió que el glifosato no es biodegradable ni siquiera según las especificaciones del producto incluidas por Monsanto en el embalaje, y por tanto tampoco deja el suelo limpio, más aún teniendo en cuenta que se recomienda su uso permanente. Y además señaló que Monsanto y Scotts France conocían las características ecotóxicas del producto, pero que a pesar de ello difundieron mensajes publicitarios engañosos “conteniendo argumentos ecológicos erróneos con el objetivo de hacer creer falsamente en la existencia de una inocuidad total e inmediata para el ambiente de sus productos”.
Después de haber suspendido la audiencia en dos oportunidades, finalmente el tribunal condenó a Monsanto Agriculture France a pagar una multa de 15 mil euros y a Scotts France con una multa similar por haber incurrido en el delito de “publicidad mentirosa”.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
1 de febrero de de 2007
SIREL # 1429
1 – Véase “The Monsanto Files”, en The Ecologist, Vol. 28, Nº 5, septiembre/octubre 1998. Existe versiones en español y en portugués, ésta coeditada por la Rel-UITA.
2 – Responsable por el caso de “Las semillas de la muerte. Basura tóxica en Paraguay”, ocurrido en diciembre de 1998 en la localidad de Rincon’í.
3 – Libération, 27/01/07 – Francia
4 – Informe del Instituto Francés del Medioambiente 2006.
Rel-UITA agradece la colaboración de los profesores Beethoven Herrera Valencia y Julie Massal, quienes desde Colombia aportaron la primera información sobre este hecho.