Brasil está comandado por un gobierno aliado al gran capital. Su papel ha sido manejar con habilidad las políticas de Estado en defensa de los intereses de las grandes corporaciones, sobretodo del capital bancario y financiero, manteniendo la retórica populista e invirtiendo una parte del presupuesto público en programas sociales de naturaleza asistencial. El esfuerzo del Presidente Lula ha sido de dar la impresión de que gobierna "para todos"?, y que su gobierno responde a los más diversos intereses: supuestamente, ya no hay lucha de clases en Brasil. Esta postura ideológica es extremadamente favorable al gran capital, que mantiene su hegemonía en lo económico y lo político, sin el peso de ser responsable por la administración del Estado. Igualmente, esta postura es extremadamente desfavorable a los movimientos sociales, puesto que los fragmenta y debilita, cooptando liderazgos e iludiendo los más pobres con limosnas en vez de cambios socioeconómicos efectivos.
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