Artículos sobre desarrollo sustentable en México y América Latina: medio ambiente, salud, ecología y más.
3.8 La Ley Quesillo[1] o el Decreto 312 (comentarios)
En realidad los nuevos acontecimientos llevaron a una apreciación diferente de los intereses y el peso que la Junta de Asistencia Privada tenía, pues aunque algunos sectores participantes en la Junta, como la Unión de Instituciones de Asistencia Privada que agrupaba cerca de 300 instituciones apoyaba la Ley de Fomento, el núcleo de dirección de la Junta había estado ausente del proceso, básicamente porque se consideraba una ley de promoción y fomento del bienestar y desarrollo social y no una ley de asistencia social. Una vez tomando conciencia de esta ausencia, se empezaron a buscar diálogos con la Junta, particularmente con Víctor García, a fin de diferenciar roles, responsabilidades y campos de competencia.
Este proceso permitió que las organizaciones civiles empezaran a darse cuenta de que la Junta era un grupo que había regulado y controlado la asistencia, de manera casi corporativa, durante muchos años, y que buscaba la expansión del modelo implantado en el Distrito Federal al resto de los estados del país, así como también reebasar los límites de la asistencia, pretendiendo regular la promoción del desarrollo y el trabajo en el campo de los derechos humanos; para ello contaba con una propuesta básica de ley reguladora de la asistencia, pero también de la promoción humana y del desarrollo social.
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