Documentos en la categoría "Abriendo veredas, de Rafael Reygadas"

3.1. Antecedentes: la Miscelánea Fiscal de 1989

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

La gran mayoría de las organizaciones civiles de promoción del desarrollo optaron desde sus orígenes, en los años sesenta, por asumir la figura jurídica de "asociación civil" conforme al Código Civil, puesto que les permitía ejercer la libertad de asociación y desarrollar sus actividades en conformidad con sus fines y objeto social:

La figura de Asociación Civil deriva del derecho de asociación, que tiene su fundamento legal en el artículo 9o constitucional. El derecho de asociación es natural al hombre [...] de ahí que nuestra Constitución reconozca expresamente ese derecho [...] Al garantizar la Constitución el derecho de asociarse para perseguir cualquier objeto lícito es obvio que la gama de tales objetivos lícitos es innumerable y por tanto jurídicamente inobjetable que sólo se reglamente por el Código Civil, con un criterio de flexibilidad, dentro de la materia de contratos y no tiene por que existir una ley especial de Asociaciones Civiles ni algo parecido. De esta manera, en forma totalmente libre, los interesados se dan a sí mismos los estatutos que los rigen. La Asociación Civil es un contrato de organización que se encuentra previsto y regulado por los Códigos Civiles"?. [1]

3.2. El Seminario de Tepozotlán

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

Organizaciones de la sociedad civil El 20 de junio de 1990 se realizó en Tepozotlán, Estado de México, en la "Fundación Universo XXI", el Primer Seminario "Sobre la Situación y Perspectivas de las Instituciones Privadas de Asistencia, Promoción y Desarrollo Social en México"?, [1] con el lema "Por una Sociedad Civil Más Comprometida" se reunieron en Tepozotlán, Estado de México: grupos filantrópicos y de asistencia ligados a la iglesia católica, la Fundación Ford, grupos empresariales, la Sra. Negroponte, esposa del embajador de Estados Unidos en México, la Señora Piña Olaya, esposa del gobernador de Puebla; Alejandra Moreno Toscano, directora de Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal, Manuel Arango del Grupo Cifra, Rolando Vega, director del Consejo Coordinador Empresarial; la Fundación Miguel Alemán, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Fundación de Apoyo a la Comunidad; Carmelina Ortiz Monasterio; en fin, 250 personas, 90 instituciones filantrópicas y 10 asociaciones de promoción del desarrollo.

3.3. La Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

Parte de las organizaciones civiles de promoción del desarrollo se articularon en este periodo en torno a dos redes nacionales de trabajo amplio y en varias redes regionales y temáticas. Las redes temáticas de acción fueron uno de los instrumentos nuevos para desplegar alternativas de política social, de defensa de los derechos humanos y de contribución a la democracia.

La gran mayoría de las ocpd’s de promoción del desarrollo no fueron invitadas al Seminario de Tepozotlán, lo que sin duda despertó muchas preocupaciones y fantasías entre ellas, particularmente por la combinación de presencias y ausencias. Por un lado, las presencias: la embajada de los Estados Unidos, la esposa de un gobernador represivo, funcionarios de Pronasol, la Regencia del Distrito Federal, fundaciones norteamericanas, organizaciones filantrópicas, la Junta de Asistencia Privada, la Iglesia Católica de la Ciudad de México. Por el otro, las ausencias, intencionadas o no, pero al fin elocuentes: la mayoría de las ocpd’s del país.

3.4. El Foro de Apoyo Mutuo

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

La Fundación para el Apoyo de la Comunidad, A.C. (FAC), fue una organización formada por la Arquidiócesis de México para responder a miles de capitalinos que habían perdido su vivienda por los terremotos de 1985. Desde sus orígenes, la FAC fue colocada por el cardenal Ernesto Corripio como intermediaria para recibir y administrar recursos nacionales e internacionales para la emergencia y la reconstrucción. Estos últimos provenían de la cooperación al desarrollo, sobre todo de organizaciones católicas. El sacerdote jesuita Enrique González Torres fue el primer director de la FAC. Un miembro de la Fundación sintetiza así su momento fundacional: "Crear un organismo que tuviera bajo su encargo diseñar, estructurar y operar de manera más organizada, el cúmulo de acciones que se anticipaba necesario realizar durante la etapa de reconstrucción de los daños humanos y materiales provocados por los sismos [...] Con esto en mente se creó con el finales de 1985 la Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC)"?. [1]

3.5. Nuevas leyes fiscales, nueva convocatoria civil

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

En el ámbito de la búsqueda de respuestas a los problemas ocasionados por la crisis, la sociedad civil mexicana, con nuevos ímpetus, había inventado actividades e iniciativas de nuevo tipo, descentralizadas, plurales, creativas y multifacéticas, que lo mismo comprendían la vigilancia y el establecimiento de contrapesos al gobierno y la búsqueda de la equidad electoral, que la modificación de las condiciones del pago de deuda a los bancos, la lucha por un comercio justo y el respeto a todos los derechos humanos.

La política económica de ajuste estructural ampliaba la exclusión y la polarización social, pues las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ya de por sí excluyentes y multiplicadoras de la pobreza y de los pobres, se sumaron al conjunto de dispositivos de acumulación y apropiación monopólica de los excedentes económicos que beneficiaban a muy pocos mexicanos y, en contrapartida, perjudicaban a por lo menos 55 millones que sobrevivían en medio de grave pobreza. [1]

3.6. La modernización de la asistencia privada

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

El proyecto de modernización salinista de la sociedad tenía asignado un importante rol a la asistencia privada: sustituir un gran número de funciones y actividades que hasta entonces estaban encargadas al gobierno mexicano. El adelgazamiento del Estado, impuesto por las negociaciones de la deuda externa a partir de 1982, había reducido el número de las empresas estatales de más de 1155 en 1982 a 402 en 1989; [1] el número de desempleados por los recortes laborales aumentaba y la reducción del salario real conllevaba una disminución en la cotización global de los asalariados para los sistemas públicos de seguridad social y, por lo mismo, implicaba un creciente deterioro de la calidad de la cobertura. Por otro lado, gracias al TLC, el monopolio hospitalario financiero de los Estados Unidos empezaba a presionar fuertemente para que los trabajadores mejor pagados contrataran sistemas privados de seguros médicos y dejaran de cotizar a los sistemas públicos de seguridad social. [2]

3.7. Identidad de las OCPD’s y gobernabilidad

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

Las redes de ocpd’s empezaban a ser un elemento impredecible, móvil, un poco molesto para el gobierno. Con el finales de 1993, en Ginebra, Suiza, sesionó el Consejo o Comité de las Naciones Unidas de Derechos Sociales, Económicos, Políticos y Culturales (ECOSOC). En esa sesión le correspondió a México presentar el informe nacional sobre la situación que guardaban tales derechos. Por la parte oficial se presentó la Agregada Cultural de la Embajada de México en Suiza, así como también tres redes temáticas de ocpd’s: el Frente por el Derecho a la Alimentación, la Coalición Hábitat México y el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, con sus respectivos informes. La Agregada Cultural de la Embajada de México pretendió descalificar los "contrainformes" sobre la base de cuestionar los indicadores y datos estadísticos de las redes. Se le respondió que eran datos oficiales del INEGI. El resultado de esa presencia civil en esta sesión fue la incorporación de las observaciones y propuestas de las redes dado su carácter serio y profesional.

3.8 La Ley Quesillo[1] o el Decreto 312

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

En realidad los nuevos acontecimientos llevaron a una apreciación diferente de los intereses y el peso que la Junta de Asistencia Privada tenía, pues aunque algunos sectores participantes en la Junta, como la Unión de Instituciones de Asistencia Privada que agrupaba cerca de 300 instituciones apoyaba la Ley de Fomento, el núcleo de dirección de la Junta había estado ausente del proceso, básicamente porque se consideraba una ley de promoción y fomento del bienestar y desarrollo social y no una ley de asistencia social. Una vez tomando conciencia de esta ausencia, se empezaron a buscar diálogos con la Junta, particularmente con Víctor García, a fin de diferenciar roles, responsabilidades y campos de competencia.

Este proceso permitió que las organizaciones civiles empezaran a darse cuenta de que la Junta era un grupo que había regulado y controlado la asistencia, de manera casi corporativa, durante muchos años, y que buscaba la expansión del modelo implantado en el Distrito Federal al resto de los estados del país, así como también reebasar los límites de la asistencia, pretendiendo regular la promoción del desarrollo y el trabajo en el campo de los derechos humanos; para ello contaba con una propuesta básica de ley reguladora de la asistencia, pero también de la promoción humana y del desarrollo social.

3.9 De nuevo la Ley Federal

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

El debate de la "Propuesta de Ley de Fomento de las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social" y la protesta generalizada frente a la vertiente autoritaria gubernamental de una ley de asistencia y promoción expresada claramente en el Decreto 213 de Oaxaca, aportaron nuevos elementos para enriquecer los conceptos básicos de que las actividades de las ocpds y otras ongs, se encuentran en la lógica del servicio al interés público y al bienestar social general y no en la lógica de la generación de renta o de actividades preponderantemente económicas centradas en el lucro.

Una mayor profundización acerca de cómo se entiende en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de "interés público" era necesaria para alimentar el debate que sobre la Ley de Fomento pudiera darse con la Secretaría de Gobernación y con la misma Cámara de Diputados. Para ello se invitó al experto constitucionalista Alberto Saldaña Harlow [1], para que realizara un estudio sobre esta temática. El trabajo analiza el concepto de interés público en la Constitución, recorriendo los artículos que se refieren a él. Destacan dos aspectos centrales:

3.10 Las tensiones entre la sociedad civil y el gobierno

Fecha Publicado el 16 de Marzo 2006 |

En un escenario de crisis económica que presenta ya los efectos acumulados de 15 años de deterioro: hambre y desempleo crecientes; profundas repercusiones en los procesos de conformación y destrucción de identidades sociales [1]; pérdida de credibilidad y legitimidad de los gobiernos; efectos sensibles en las formas de representación partidaria y social; descomposición política de un partido con 68 años en el poder; han venido surgiendo movimientos sociales por fuera de los marcos institucionales, como única vía de posibilidad, casi como ley intrínseca a los procesos de rigidización y descomposición institucional, que, no sin duras batallas y contradicciones, buscan a través de caminos inéditos, una nueva estructuración de la sociedad civil y de las relaciones de ésta con el gobierno y con el modelo de desarrollo.

Ver más documentos en esta categoría:
1 2 3 4 5 6

Recomendamos:

Otras categorías:

Creative Commons License Todos los contenidos de Vinculando.org pueden ser accesados aceptando una licencia de Creative Commons.