2.1 Antecedentes de las empresas sociales en México

La existencia de empresas sociales atraviesa la historia del capitalismo, para encontrar sus raíces en las diversas formas de organización productiva y de carácter comunitario, propias de las sociedades tradicionales precapitalistas.

Sus orígenes han de encontrarse en los gremios, los talleres artesanales, las formas de propiedad comunal, y los sistemas indígenas de trabajo comunitario, entidades económicas que tienden a ser desplazadas por la empresa privada capitalista, con su lógica de acumulación, competencia y provecho individual. Frente a esta, la empresa social, en su vertiente moderna, aparece como una alternativa distinta, que pretende preservar las viejas solidaridades que el capital va descomponiendo y establecer nuevos vínculos de cooperación y de trabajo colectivo entre los ciudadanos.^[1]

Por su parte, Gonzalo Piñón Jiménez sostiene que el nacimiento y proliferación de las empresas sociales en varios países de América Latina se encuentra a principios de los años ochenta, cuando se tiene una fuerte asociación con un sector de la iglesia Católica identificado con la teología de la liberación que surgió del Concilio Vaticano II en 1962.

Aunque en nuestro país también se sintió la influencia de la iglesia, en lo referente a procesos organizativos populares uno de los antecedentes para la formación de movimientos organizados lo encontramos en la Confederación Nacional Campesina (CNC), que manejaba la representación campesina en los recuentos para obtener permisos de exportación y el acceso a las líneas de crédito.

Muchos de los integrantes de la CNC estaban constituidos en Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC)^[2], las que contaban con líneas crediticias, beneficios, y canales de comercialización, de manera que operaban como empresas campesinas. Llegaron a constituirse ARIC regionales logrando elevar el nivel de organización y participación de algunos sectores de campesinos, lo cual dio pié a la etapa de formación de organizaciones autónomas.

Junto a las anteriores, este proceso organizativo encuentra otro antecedente en algunas políticas gubernamentales de los años setenta, cuando el movimiento campesino se dinamizó al influjo de las medidas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por los precios pagados en el campo a los productores agrícolas. Proliferaron entonces las organizaciones locales y regionales independientes iniciando una nueva etapa de expansión del movimiento campesino, de tal manera que a principios de los años ochenta se pudieron establecer conexiones entre las asociaciones campesinas a lo largo del país.

Surgieron así formas más elevadas de organización que coordinaron esas relaciones y lograron en ocasiones acciones conjuntas, también avanzaron en la identificación de los principales objetivos comunes en el ámbito nacional, logrando con ello ejercer mayor presión sobre las instancias gubernamentales para que las medidas de política agraria mitigaran la situación del campesinado ante la agudización de la crisis. Se formaron entonces la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA – 1979), después la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA – 1985) y la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP – 1986).

Sin embargo, algunas organizaciones de este tipo tuvieron una vida efímera ligada a la coyuntura particular en la cual surgieron. Las organizaciones que logran persistir durante todo este periodo de movilizaciones son las que han podido presentar alternativas de lucha para cada etapa distinta. Sin embargo, prácticamente en todos los casos la disminución en la demanda por la tierra ha significado la disolución de las formas orgánicas del movimiento.^[3] En otras palabras, estas organizaciones fueron creadas con un fin específico, que una vez cumplido perdieron su razón de existir.

Si bien este fenómeno supone la obtención de los objetivos inicialmente planteados por los integrantes de estas organizaciones, también deja ver que el carácter circunstancial de algunas de ellas no permite aprovechar completamente la asociación entre individuos, ya que la aparición y desaparición de organizaciones supone un proceso costoso que al mismo tiempo une sólo a personas con una necesidad específica. Si pudiera ser transformada la concepción de la organización de sólo un medio para alcanzar un fin, a una forma de vida, seguramente podrían beneficiarse mucho más sus integrantes, pensando que se logren zanjar las diferencias que en ella surgieran con el tiempo, como se verá más adelante.

Odile Hoffmann afirma que algunas ARIC que lograron mantenerse por más tiempo tenían un funcionamiento exclusivamente cupular, por lo que los pequeños productores participaban sólo en la medida en que confiaban a ellas su producción. La mayoría de los socios daba este único paso elemental sin otro compromiso o implicación personal o colectiva. Incluso algunas ARIC como la de Misantla, Plan de Arroyo y Tlapacoyan no respondieron a los criterios de verdaderas organizaciones de productores, no dejan de ser portavoces de los procesos de transformación en el campo.

Así, más que una alternativa de organización para el campesino, estas ARIC fueron otro punto de acopio, a la vez que interlocutores que en un primer momento llegaron a ser capaces de traducir y transmitir algunas de las aspiraciones y preocupaciones del campesinado hacia las esferas superiores de decisión.

En los años ochenta, la crisis que sufría el país obligó, entre otras medidas, a estabilizar la economía mediante el saneamiento de las finanzas estatales, con la consecuente reducción de recursos públicos para desarrollo rural. En estas circunstancias, fue imperativo crear estrategias alternativas para recuperar el crecimiento del sector agropecuario, por lo que las asociaciones productivas en el campo fueron adquiriendo mayor relevancia en la definición de la política de modernización rural. La idea de promover proyectos productivos en el campo, derivados de la asociación entre productores del sector social y empresarios privados, fue justificada por el gobierno por la necesidad de apoyar a los productores del sector social para que desplieguen y aprovechen libremente todo su potencial productivo.^[4]

Aurora Martínez Morales sostiene que durante el periodo del presidente Salinas de Gortari ya se planteaba a través del Programa Nacional de Modernización del Campo que uno de los ejes del proyecto sería la transformación de la participación estatal y el nuevo papel de los organismos públicos en la sociedad rural, con la finalidad de que los productores fuesen el factor determinante sobre las condiciones de producción y vida en el campo. Para llevar adelante su política de modernización, el gobierno Salinista impulsó las formas de asociación entre el campesinado y el capital privado mediante diversas reglamentaciones y modificaciones al artículo 27 Constitucional, donde tienen una gran importancia los cambios en la tenencia de las tierras ejidales.

Las justificaciones económicas para dichos cambios fueron la reorientación de la política económica hacia el mercado, la apertura comercial y liberalización paulatina con Norteamérica, aunados a la reducción de apoyos del Estado y la fuerza competitiva de los productores agropecuarios de otros países, lo que entre otras cosas implicaba la necesidad de una mayor integración horizontal y vertical en la producción nacional. Así, se busca reducir los costos de los recursos y aprovecharlos con la máxima eficiencia posible. También se intenta reducir al mínimo el riesgo inherente de los negocios, que en los sectores agropecuario y agroindustrial está sujeto a grandes variaciones de precios y demanda, pero ahora articulándose a rendimientos, productividad y precios estables en los mercados y ya no a los apoyos y protección del Estado.^[5]

En lo que respecta al sector cafetalero en particular, encontramos sus antecedentes organizativos en los años treinta, cuando en México ya existían asociaciones regionales de cafeticultores que ante el deterioro de los precios internacionales registrados antes de la segunda Guerra Mundial, resintieron aún más las imposiciones fiscales. Por esta causa, en 1937 se constituyeron en la Comisión Permanente de Cafeticultores de la República Mexicana, que agrupó principalmente a las asociaciones de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El objetivo era presionar al gobierno federal para obtener medidas fiscales más leves y negociaciones más activas dentro de los foros internacionales que perseguían el ordenamiento del movimiento internacional del grano.^[6] En este punto sólo cabe añadir que ésta y otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Exportadores de Café y la Confederación Mexicana de Productores de Café, fueron formadas por industriales importantes del sector, donde estaban excluidos los pequeños cafeticultores.

En lo que respecta a los minifundistas, fue sólo hasta 1973 cuando el gobierno empezó a organizarlos en UEPC’s y a apoyarlos con créditos, asistencia técnica y con la comercialización del grano a través del Inmecafé. Además de estos beneficios, las UEPC no desarrollaron prácticamente ninguna otra acción en común, por lo que su aporte real en materia de organización fue limitado. No se promovieron, de parte del Instituto, esquemas de coordinación regional ni mucho menos de participación autogestiva para que estos grupos se integrasen al beneficiado y comercialización del grano, creándose una alta dependencia de éstos hacia el Instituto. Con el retiro del mismo en lo referente al financiamiento, acopio, beneficiado y comercialización del café, a partir de 1990, las UEPC ya no tenían razón de ser. Así, el mismo Inmecafé desarrolló un amplio programa para transformarlas en sujetos de crédito, quedando la mayoría como Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Sociedades de Producción Rural (SPR), o como sectores de producción.^[7]

Es interesante observar con Odile Hoffmann que en el sector cafetalero las ARIC también tuvieron cierta importancia al haber sido creadas, en la mayoría de los casos, por iniciativa de grandes cafeticultores que buscaban apoyarse en una base económica formada con la aportación de numerosos productores, para obtener un mayor acopio de café, negociar frente al Inmecafé y exportar directamente, aprovechando así las instalaciones que ya tenían. También políticamente constituyeron una base de clientes potenciales que podían incidir en las orientaciones decididas en el marco del PRI o de la CNC, en los ámbitos municipal, estatal e incluso nacional (Federación y Unión Nacional de Productores de Café).

Con la crisis de 1989 se abrieron nuevas oportunidades para cambiar la relación tradicional entre los pequeños productores y las instituciones públicas. Las respuestas de los cafeticultores a esta situación han variado de alternativas organizativas y estrategias para el desarrollo de las actividades cafetaleras. Algunas de las antiguas UEPC’s se reestructuraron y transformaron en organizaciones locales independientes. Otras cambiaron su estado legal pero aun están afiliadas a la CNC; y otras organizaciones (independientes o no) surgieron de productores no organizados. Así, en el censo de junio de 1994, se indica la presencia de doce organizaciones de cafeticultores de carácter nacional que hoy inciden en el medio cafetalero, principalmente la CNC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) – Unión Regional del Sureste de Chiapas (UNCAFAECSA). Así, los espacios de representación y gestión antes ocupados sólo por la CNC, fueron paulatinamente abiertos a otras organizaciones.

[1] Ibídem; pág. 7

[2] Este tipo de organizaciones fueron apoyadas durante la presidencia de José López Portillo; se les considera asociaciones de “segundo grado”, es decir, una instancia que coordinaba a diversas organizaciones locales, constituidas por grupos de productores, ejidatarios o no (Sociedad de Producción Rural, Ejidos, Sociedad de Solidaridad Social). Su objetivo fue estructurar la producción y la comercialización sobre la base regional, rebasando
la ruptura tradicional entre los sectores social y privado; en Odile Hoffmann; op. cit.; pág. 528

[3] Gustavo Gordillo de Anda, “Reflexiones sobre la cuestión económica de la autogestión en el movimiento campesino”, en Bernardino Mata et al., La cuestión económica en las organizaciones autogestivas; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1990; Pág. 72

[4] Manuel Lapiedra Barrón, “Las formas de asociación entre el sector social y el privado en proyectos productivos”, en Félix Cadena et al.; op. cit.; pág. 239

[5] Ibídem; pág. 241

[6] Aurora Cristina Martínez Morales; op. cit.; pág. 99

[7] Tomado de Vinicio H. Santoyo Cortes et al.; op. cit.; págs. 107-108