El proyecto de modernización salinista de la sociedad tenía asignado un importante rol a la asistencia privada: sustituir un gran número de funciones y actividades que hasta entonces estaban encargadas al gobierno mexicano. El adelgazamiento del Estado, impuesto por las negociaciones de la deuda externa a partir de 1982, había reducido el número de las empresas estatales de más de 1155 en 1982 a 402 en 1989; [1] el número de desempleados por los recortes laborales aumentaba y la reducción del salario real conllevaba una disminución en la cotización global de los asalariados para los sistemas públicos de seguridad social y, por lo mismo, implicaba un creciente deterioro de la calidad de la cobertura. Por otro lado, gracias al TLC, el monopolio hospitalario financiero de los Estados Unidos empezaba a presionar fuertemente para que los trabajadores mejor pagados contrataran sistemas privados de seguros médicos y dejaran de cotizar a los sistemas públicos de seguridad social. [2]
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