Nociones locales y globales de justicia comercial: Los estudios de caso de UCIRI y el Movimiento por un Comercio con Justicia

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“Hasta que todos tengan lo suficiente,
actualmente, no podemos demandar
más de lo necesario”^[1]. UCIRI.

El contexto del café en México.

Por muchos años, los precios del café fueron controlados por la Organización Internacional del Café (OIC)^[2], quien reguló precios a un nivel relativamente estable por arriba del que habría existido en un mercado no-regulado. Un aumento desmesurado en las reservas de café generó una grave crisis, mientras el consenso económico de la OIC fue echado abajo, y las instituciones reguladoras fueron desmanteladas. Los precios se desplomaron en 1989-1993, y después de una breve estabilización, la crisis se repitió en 1998 (Bartra, Cobo, Meza y Paz, 2002:1).

Históricamente, los altibajos en los precios del café fueron producto de las fluctuaciones de la oferta debido a factores climáticos, pero desde 1988, se han asociado también a la especulación de la bolsa y al control sobre los mercados ejercido por un puñado de torrefactores transnacionales, así como a la acción de las organizaciones internacionales que financiaron la producción de café de rápida maduración, alta ganancia y baja calidad. El pronóstico no es favorable debido en buena medida a la continuación de una relación desordenada entre los países productores y al hecho de que el clima tiene menor efecto entre los grandes cultivadores (Bartra, Cobo, Meza y Paz, 2002: 1).

México es el quinto productor más grande del café del mundo. El café se produce en más de 690 mil hectáreas en 12 estados, 400 municipios y más de 3,500 comunidades, además del cultivo de maíz, haba y sorgo. En buenos años las ganancias en moneda extranjera generada por las exportaciones del café llegaron a cerca de 800 millones de dólares, seguido sólo por las exportaciones de petróleo. El café es también una cultivo generado por pequeños propietarios; existen alrededor de 280 mil productores, de los cuales el 92% trabajan menos de 5 has y casi 200 mil usan 2 has o menos; 65% de estos pequeños productores de café son miembros de un grupo étnico (Bartra, Cobo, Meza y Paz, 2002: 2).

En 1973, durante la administración del presidente Echeverría, fueron introducidas algunas políticas hacia la producción cafetalera con el fin de dinamizar la producción agrícola, en términos de la organización de ejidos colectivos, el aumento de los precios de garantía, y la creación y apoyo a instituciones para controlar intermediarismo (tales como Tabamex, Inmecafé y Proquivemex) (Flores, Paré y Sarmiento, 1988: 42). Inmecafé fue establecido en 1958 para proteger y mejorar el cultivo, el proceso, la industrialización y la comercialización del café mexicano, y fue un elemento clave del plan de Echeverría para “modernizar la producción de café a pequeña escala y aumentar la presencia de México en el mercado extranjero”. Entre otros, su papel era organizar el financiamiento de la producción de café, garantizar su compra y su exportación, y dirigir el crédito y la asistencia técnica hacia los productores pequeños.

La reputación de Inmecafé se vio seriamente cuestionada poco antes de 1982; era considerada una paraestatal altamente burocrática e ineficaz en la provisión de ayuda para la cual fue creado. No pareció haber serio desacuerdo entre las organizaciones autónomas de productores cuando en 1989, durante el gobierno de Salinas, el papel de Inmecafé se redujo a “…dar asistencia a productores marginados, y poner las compañías paraestatales de tostadores de café a la venta” (Hernández y Celis, 1994: 219-220). Esta medida era parte de la política neo-liberal de desmantelar las instituciones estatales de corte social y de eliminar subsidios, dejando “a merced del mercado” a los productores de café que habían puesto su confianza en el gobierno como comprador (Mace, 1998: 18). La CNC continuó sirviendo como instrumento del Estado, aprovechándose de las necesidades de asistencia de los campesinos y obteniendo apoyo del PRI. Al mismo tiempo, algunas de las funciones llevadas a cabo por Inmecafé fueron asumidas por otros programas gubernamentales tales como Pronasol, que continuó su práctica clientelista de otorgar ayuda y créditos con propósitos electorales. Los productores se movilizaron contra Inmecafé en la primera mitad de la década de los 80s, exigiendo un mayor pago por su café.

Los productores de café forman una parte significativa de los movimientos campesinos en México. Su lucha alrededor de las condiciones de la producción se ejemplifica por la de los asalariados indígenas que trabajan en la producción de café en tierras privadas en Chiapas. Sus demandas son similares a las de las principales organizaciones campesinas independientes: la tenencia de la tierra, los derechos garantizados por la Ley Federal del Trabajo, libertad de organización sindical, y la protección de sus recursos naturales. Estos comenzaron una lucha por el reconocimiento oficial de su sindicato “Miguel de la Cruz” en 1980, la cual tuvo sus logros mas importantes hasta 1983 (Mejía y Sarmiento, 1987: 215-220).

También se han llevado a cabo huelgas en las que se ha logrado un consenso y apoyo de una amplia gama de organizaciones, incluyendo organizaciones cafetaleras de segundo nivel (por ejemplo el Comité Coordinador Nacional de Organizaciones Cafetaleras, ó CNOC), de organizaciones independientes más amplias (como la CIOAC), e incluso de instituciones corporativas como la CNC. Estas se unieron desplegando una serie de huelgas de febrero a agosto de 1992 para demandar que el gobierno introdujera cambios para el apoyo al café, por ejemplo: un regreso al sistema de cuotas en el mercado internacional; la implementación de un plan para apoyar la producción de café; la renegociación de cartera vencida; la creación de una institución para dirigir la producción nacional con la participación de todos los involucrados en la cadena de producción, y la creación de un programa para promover el café mexicano. Ocho meses después de que la lucha comenzó, la mayoría de las demandas principales habían sido resueltas, incluso el apoyo al sistema de cuotas, que fue considerado previamente por el estado como incompatible con sus políticas de libre mercado (Hernández y Celis, 1994: 228-229).

Un año antes, en 1991, la Unión de Productores de Café de la Frontera Sur (UNCAFESUR) se formó a nivel regional, como una alianza con afiliados locales del movimiento independiente y corporativo como la CIOAC, la CNC, y el Movimiento de Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA). De acuerdo a Harvey, esta convergencia entre organizaciones independientes y oficiales alrededor de preocupaciones económicas “…representó el nuevo tipo de movimiento campesino promovido por los reformadores al interior del Estado y la UNORCA” (1998:194).

El estado sureño de Oaxaca está habitado por una de las poblaciones indígenas de mayor diversidad en el país, con 16 grupos étnicos distintos que representan el 44 % del total (Blauert y Guidi, 1992: 190). Oaxaca ha sido escenario de importantes y dinámicos movimientos indígenas. Una gama de organizaciones tales como el ya mencionado COCEI, el Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Norte del Istmo (UCIZONI) dirigen sus esfuerzos para reafirmar la identidad étnica como un medio de alcanzar sus demandas (Norget, 1997: 14).

 

[1] Van der Hoff y Galván (1998:133).

[2] CIO por sus siglas en inglés