Impacto del narcotráfico en la población juvenil: Comuna 4, Medellín, Colombia, 1980 – 2020

Resumen:

El presente artículo académico tiene como propósito analizar el impacto del narcotráfico en la población juvenil, estudiando el caso de la comuna 4 de la ciudad de Medellín entre 1980 y 2020. El método es hermenéutico basado en normas nacionales, revisión de literatura secundaria y sistematización de experiencia docente. Resultados. La investigación mostró que el fenómeno del narcotráfico afectó notablemente a la población joven. Metodológicamente se aborda el caso de la comuna 4 de Medellín. Conclusiones. Los jóvenes en el escenario del narcotráfico terminaron siendo uno de los sectores más afectados para la década de 1980 al 2020. El reclutamiento y asesinato de un alto porcentaje de jóvenes terminó por desestabilizar, corromper a la familia, a la comunidad, a la ciudad de Medellín y al Estado colombiano.

Palabras clave: población juvenil, drogas ilícitas, comuna 4, Medellín-Colombia.

Abstract:

The purpose of this academic article is to analyze the impact of drug trafficking on the youth population, studying the case of commune 4 of the city of Medellin between 1980 and 2020. The method is hermeneutical based on national standards, review of secondary literature and systematization of teaching experience. Results. The investigation showed that the phenomenon of drug trafficking notably affected the young population. Methodologically, the case of the commune 4 of Medellín is addressed. Conclusions. Young people in the drug trafficking scene ended up being one of the most affected sectors for the decade from 1980 to 2020. The recruitment and murder of a high percentage of young people ended up destabilizing, corrupting the family, the community, the city of Medellín and the Colombian State.

Keywords: youth population, illicit drugs, Medellín-Colombia.

Introducción

Este artículo académico de la Maestría en Estudios Político de la Universidad Pontificia Bolivariana, pretende dar cuenta de la forma en que la violencia del narcotráfico de los años 1980 al 2020 afectó a las familias y los jóvenes de la comuna 4 de la ciudad de Medellín.

La población juvenil fue uno de los grupos sociales más vulnerables frente al narcotráfico; un alto porcentaje de sus miembros han sido utilizados para el mercado de las drogas, marcando una historia de pobreza, homicidio, tortura y desaparición forzada de algunos de sus integrantes y la consecuente desestabilización social.

Los jóvenes han sido los más afectados por el problema del narcotráfico que los ha utilizado en su proceso de producción, comercialización y consumo; puntualizando que para el presente trabajo ha de entenderse el concepto de narcotráfico, como el tráfico de sustancias ilegales transportadas clandestinamente sin importar las fronteras; ello desde lo meramente operativo, pero el concepto se complejiza, al constituirse en una estructura de poder ilícita que desestabilizan las instituciones del Estado. (Medina, 2012).

El fenómeno de las drogas ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad; en la década de 1890, los médicos empezaron a advertir sobre la dependencia causada por los narcóticos. En 1909 se reunió una conferencia en Shanghái en la que se recomendó que el opio, la morfina y la heroína, fueran regulados y utilizados únicamente con fines científicos y médicos.

En Colombia se tiene registro de supuesto contrabando de narcóticos provenientes de China con destino a Estados Unidos utilizando la ruta Barranquilla las Antillas desde 1931; aunque la reconstrucción de la historia del narcotráfico en Colombia es compleja por la falta de archivos; se registran cultivos de marihuana y coca desde tiempos precolombinos (Sáenz, 1996).

Los carteles del narcotráfico en el país empezaron a configurarse en los años 70, conformando posteriormente grandes estructuras en las ciudades más grandes de Colombia, entre las que se destacan, Bogotá, Medellín y Cali; los dos principales carteles que se movilizaron fueron el de Medellín y Cali, dando origen a grandes carteles que ahora operan como invisibles, cediendo a los carteles mexicanos la distribución de los grandes mercados, es así como México tiene al menos 20 grandes carteles familiares de narcotráfico y por fuera, otras 20 estructuras criminales vinculadas a delitos transnacionales; en los barrios operan como plazas u ollas de vicio, comercializando las drogas, creando caos y gran descomposición social, la realidad de marginalidad y drogas se asimilan en los contextos mexicanos y Colombianos; el clan del Golfo y otros carteles operan y conectan a ambos países, que son el puente para ingresar las drogas a Europa y Estados Unidos.

Este tráfico de drogas ha creado una cultura con problemáticas tales como el consumo de sustancias psicoactivas, las violencias basadas en género, la violencia doméstica, las fronteras invisibles, la presencia de grupos armados, combos, paramilitarismo y su consecuente violencia, afectando la vida de las familias y de los barrios de Medellín que se han tenido que adaptar a este modo de vida para sobrevivir; este fenómeno trae asociados el reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, amenazas, sicarito, extorciones, secuestro, frente a un poder estatal debilitado.

El período neurálgico del narcotráfico en Medellín se ubica en los 80S, marcando la época del terror en Medellín; presentándose la guerra de carteles, masacres sistemáticas en toda la ciudad, especialmente en la comuna nororiental, donde se acusaba y estigmatizaba a los jóvenes de servirle al cartel de drogas de Pablo Escobar, su territorio era disputado por grupos armados oficiales e ilegales; persistiendo aun los combos en el sector.

La investigación se desarrolló mediante la revisión de fuentes normativas, y revisión de bibliografía secundaria, tales como textos, revistas indexadas, producción bibliográfica y audiovisual de las diferentes universidades de la ciudad, complementadas con producciones nacionales e internacionales, correspondiente a una documentación actualizada, recopilada durante los años 1980 al 2020 en la ciudad de Medellín, fundamentado en un método hermenéutico.

Como estrategia metodológica de investigación científica, es elegido el estudio de caso, se selecciona el análisis de información cualitativa producto de una sistematización de experiencia en la escuela.

El propósito de este enfoque metodológico es descriptivo, lo que no quiere decir que no sea riguroso, pues responde a un problema de investigación. Los estudios de caso permiten que los resultados de un estudio puedan compararse con otros casos y así llegar a generalizaciones.

En el estudio se seleccionó a la comuna 4, Aranjuez, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, atendiendo al alto impacto del narcotráfico en este territorio para la temporalidad del estudio 1980 al 2020, recopilando la experiencia docente que posibilitara abordar el contexto territorial desde la escuela, obteniendo información de estudiantes del grado 7° y 8°, abordando autobiografías y el diario observador del estudiante y trabajos de aula de las instituciones educativas Francisco Luis Hernández Betancur, Ciro Mendía de Santa Cruz y La Javiera Londoño Sevilla; con estas dos metodologías, es decir, contrastando la revisión de fuentes normativas, y revisión bibliográfica secundaría, análisis de medios audiovisuales, películas representativas de esa violencia del narcotráfico, con la sistematización de experiencia docente durante los años 1980 al 2020, se buscó evaluar el impacto del narcotráfico en la población juvenil y su proyecto de vida.

Cómo pregunta de investigación se planteó determinar en qué forma el narcotráfico afectó la población juvenil de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín en el período comprendido entre 1980 – 2020.

Este artículo académico se desarrolla en tres secciones, la primera sección aborda un marco teórico y el estado del arte de las investigaciones y estudios sobre los jóvenes y el narcotráfico desde diversas disciplinas como la psicología, la sociología y la ciencia política. Se destacan allí las obras de Davis (1970), Beck (1998), Mesa (2018), Castells (2009), Strange (2001), Rocha (2011), Méndez (2009), Velásquez (2010), Estrada y Moscoso (2016), Berdaly Serrano (2005), Thoumi, (1999, 2005).

La segunda sección se ocupa de los hallazgos de investigación sobre la política pública y la legislación en materia de drogas ilícitas desde un enfoque de salud pública, pasando de la prevención hasta la penalización.

El trabajo finaliza con una tercera sección, donde se aborda el caso de la comuna 4-Aranjuez, como epicentro del mercado de las drogas, tráfico, comercialización y consumo en la ciudad de Medellín, Colombia.

Los hallazgos evidenciaron la afectación de población juvenil, sus familias, y la institucionalidad con heridas y secuelas que aún continúan latentes; lo que justifica nuevas investigaciones y políticas públicas en esta materia, conducentes a reconocer la vulnerabilidad de la población juvenil y sus familias frente al narcotráfico, lo que se refleja en problemas de drogadicción, inseguridad en los barrios, familias monoparentales, donde la madre es cabeza de hogar, algunas menores de edad, violencia intrafamiliar; los niños y adolescente crecen en hogares y comunidades barriales de consumo de alucinógenos propensos al maltrato físico y psicológico, discriminados, estigmatizados, reclutados por grupos armados, especialmente si son varones; los videojuegos, programas televisivos, dirigidos especialmente para adultos, manejan altas dosis de violencia (Contreras, 2020).

Otras problemáticas asociadas la constituyen la usencia de liderazgo comunitario, pobreza, desesperanza, desconfianza frente al Estado y la institucionalidad, abandono estatal, una soberanía estatal en disputa con la criminalidad, perpetuando la realidad de dos ciudades, una con la oficialidad, que lo tiene todo garantizado, y la otra, la de la marginalidad, que sobrevive de la informalidad.

Impacto del narcotráfico en la ciudad de Medellín, Colombia (1980-2000)

En esta sección se rinde un informe de la literatura en materia de narcotráfico en la ciudad de Medellín enfocado desde una perspectiva internacional, nacional y local.

La violencia generada por el narcotráfico ha llevado a un alto porcentaje de jóvenes a la delincuencia juvenil, crece su participación en el crimen organizado, bien por reclutamiento, por situaciones económicas o por reconocimiento, cubriendo con su liderazgo de poder barrial, el vacío de gobernanza; la represión estatal los hace más violentos, es indiscutible su accionar ilegal en la vida de los barrios de la ciudad y en Latinoamérica, especialmente en los lugares marginales donde el estado ha perdido liderazgo (CERAC, 2014).

Esta problemática juvenil no sólo debe mirarse desde un contexto local sino desde lo macro como lo puntualiza Beck (1998), el narcotráfico se ha globalizado, los Estados nación no se encuentran en condiciones de afrontarlo. La globalización ha modificado la estrategia institucional del crimen organizado y de las actividades ilícitas. La interconexión global entre las organizaciones, y su alta flexibilidad y movilidad les ha permitido sobrevivir y prosperar en el ámbito internacional, eludiendo las regulaciones nacionales y actuando allí donde las condiciones resultan más favorables (Castells, 2009).

Las mafias han creado una especie de anarquía del crimen organizado internacional, cuya base económica local y regional se internacionaliza (Strange 2001), es así como en América Latina el aumento del narcotráfico en los años setenta transformó la economía y la política (Berdal y Serrano, 2005).

La historia del narcotráfico es compleja, permite observar que cada país presenta un marco relacionado con una geografía social y política también distinta, en tanto, que los carteles de la droga trabajan de forma coordinada y uniforme, con un manejo claro de la geografía, la sociopolítica y las debilidades estatales; los Estados débiles les ofrecen permisividad y bajos controles, opciones como la coerción condicionada que representa notables ventajas para el soborno, la extorción y la amenaza, desafíos estos, que la policía y los gobiernos locales no están en condiciones de asumir (Estrada y Moscoso, 2016), resulta preocupante que el narcotráfico mueva hasta US $15.000 millones, equivalente a 5% del PIB colombiano y se califique a Colombia como un narcoestado (Velasco, 2019).

A nivel nacional se puede observar la importancia que ha cobrado el tema del narcotráfico para la institucionalidad, Velásquez (2010) explica los alcances e impacto del narcotráfico en la democracia, institucionalidad y gobernabilidad como consecuencia de la corrupción y la vinculación con los grupos armados ilegales, en tal sentido González (2014) destaca como los carteles de la droga irrumpen en la vida del país, creando nexos con la guerrilla y el paramilitarismo, los primeros, ofreciendo protección al cultivo de coca, y los segundos involucrándose en el tráfico de drogas, constituyéndose en actores de violencia; en esta guerra del narcotráfico cita a Pablo Escobar y los atentados con bomba que desestabilizaron la vida del país, especialmente de la ciudad de Medellín, agudizándose con la guerra de carteles. Esta misma situación de inestabilidad política y violencia es referida por Palacio (2018), considerando que las clases populares perdieron su confianza por el Estado, al no garantizarles lo mínimo para el ejercicio de su ciudadanía social, en tanto que las elites tradicionales se sostenían por su adaptabilidad y el pragmatismo que siempre les ha caracterizado.

Para los años noventa se extendió el conflicto armado; las guerrillas y los paramilitares se expandieron por nuevas regiones. También “cercaron” ciudades como Medellín. La transición del siglo XX al XXI fue el momento de mayor intensidad del conflicto.

La historia del narcotráfico en Colombia presenta tres etapas, la primera se encuentra enmarcada con la elección de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín como representante suplente a la Cámara de Representantes, la segunda, se enmarca en el denominado “proceso 8000” que develaba la financiación de campañas con dineros del narcotráfico y el tercer momento conocido como “parapolítica” (Méndez, 2009).

Del panorama antes descrito, se plantean interrogantes, ¿cómo gestionar las violencias y construir la paz? El Institut Catalá Internacional per la Pau ha elaborado abundantes y relevantes investigaciones en los años anteriores sobre la evolución de la seguridad, la inseguridad regional, la delincuencia transnacional organizada, narcotráfico y la capacidad para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia (Grasa, 2020). Las políticas de seguridad se enfrentan a una problemática que hunde sus raíces en la historia de larga duración del país. Atehortúa y Rojas (2008) señalan:

“El tráfico ilícito de drogas no es un asunto reciente en la historia de Colombia y los países andinos. Se sabe, como verdad de apuño, que el cultivo de la coca registra su existencia desde la cultura indígena en tiempos precolombinos” (pág.1).

En este mismo sentido, Medina (2012) desarrolla un análisis predominantemente histórico titulado “Mafia y narcotráfico en Colombia, Elementos para un estudio comparado” el cuál fue publicado por CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

El narcotráfico trasciende la externalidad, según Thoumi (2005) al prohibirse las drogas a nivel mundial, encontraron terrenos propicios en pises como Colombia y Afganistán por la falta de controles sociales y legales, abundante mano de obra a causa de la pobreza y el desempleo, terreno y clima favorable, donde su cultivo no exigía mayores inversiones, aunado a ello, los grandes capitales manejados por los narcotraficantes para invertirlo en el mercadeo de drogas.

Las drogas en países como Colombia, Perú y Bolivia prosperaron por la cadena de producción y mercadeo, personas excluidas de la sociedad, víctimas de la violencia, siendo reclutadas por las grandes redes del narcotráfico; esta modalidad delincuencial han reemplazo el Estado.

Estos grupos que se han dedicado al mercado de las drogas han guardado resentimientos con las elites, con su mercado ilegal compiten con éstas, utilizando desplazados, inmigrantes, demostrando poca lealtad con el poder central que históricamente los ha marginado.

Colombia y Afganistán grandes consumidores de drogas, guardan una historia común que ha favorecido la producción y comercialización de drogas, caracterizándose por el abandono del agro, ambos países geopolíticamente presentan rutas para el contrabando, los cambios de gobierno y la no imposición de políticas antidrogas, situación que ha llevado a Colombia a ocupar el tercer puesto a nivel mundial en la exportación de coca. Ha sido durante los años 90 que Colombia llega a ser el primer productor mundial de coca.

El desplazamiento forzado es caldo de cultivo para las drogas. La internalización del conflicto colombiano ha debilitado la institucionalidad y legalidad en su proceso de comercialización.
Antes de 1961 Afganistán y Colombia no fueron exportadores de drogas, lo fueron en la primera década del 2000.

Otro factor favorable a la proliferación de drogas en Colombia ha estado marcado por la violencia heredada desde el siglo XIX, trayendo consigo un individualismo que poco parece importarle lo que ocurra con los demás con sus acciones; la transición de lo rural a lo urbano de forma no planificada, el papel laboral de la mujer contribuyó a disgregar las familias; las regiones se desarrollaron de forma aislada por el relieve y un comercio internacional débil, el recaudo de impuestos, los latifundios, la falta de coherencia y permanencia de políticas públicas sobre manejo poblacional y social de sus pobladores, el abastecimiento de las regiones, la falta de vías de comunicación, el problema de las carreteras por deslizamientos, las emigraciones, desplazamientos a lugares marginales, todo ello ha generado que el Estado no controle el territorio.

El asentamiento urbano y rural, la diversidad étnica han dificultado crear una identidad nacional, quizás el narcotráfico homogeneizó la cultura; la deuda externa afectó el siglo XIX y XX, Colombia venia de restricciones impuestas desde la colonia, traía aparejado problemas de reforma agraria, de desarrollo del agro; cuando terminó la bonanza cafetera, llegando la peste de la broca y la roya, este monocultivo fue reemplazado por la coca, el gamonalismo del líder regional a nivel político ha desestabilizado el poder central, las guerras bipartidistas y multiclasistas, las reformas sociales fueron tardías, esperaron el clamor de la constitución de 1991, la izquierda no llegaba al poder y las elites controlaban la economía y política del país; con el narcotráfico las clases bajas se expresaron y tomaron el valor de la ilegalidad, porque cuando intentaron hacerlo en la legalidad no se les permitió, teniendo que acudir a la violencia; Colombia desde tiempos precolombinos no formó imperios fuertes y grandes para homogeneizar la cultura, para crear comunidad, una mestización le hizo perder su identidad cultural, ello es el origen del campesinado.

Los conquistadores españoles traían la herencia del feudalismo y la guerra contra el poder central, no traían las nociones de Estado Nación y centralidad, este legado se insertó en la cultura latinoamericana; en el contexto Colombiano, el aislamiento cultural, social, geográfico ha marginalizado su modernización, la estratificación social ha contribuido a la marginalización y a perpetuar un modelo de desigualdad socioeconómico, los grupos armados ilegales han ocupado los vacíos de poder y desamparo estatal, el crecimiento demográfico contribuyeron al abandonó del campo y a la formación de cinturones de miseria en las ciudades, repercutiendo en la pérdida de identidad y generación de resentimiento social, los militares han tenido poco control del territorio, la negociación de la paz ha sido fallida.

Thoumi va concluyendo en su texto “La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia” que las leyes antidrogas y decisiones del país deben contar con las creencias, valores, actitudes de la población, una política antidrogas exitosa debe acercarse a la gobernabilidad, al poder central y a sus instituciones, formando ciudadanos con obediencia hacia el Estado con sentido de pertenencia.

Colombia les ha quitado el monopolio de las drogas a países como Estados Unidos por la violencia; a mediados de la década de los 90 el desplazamiento por la violencia fue caldo para las drogas.

La colonización de terrenos aislados y baldíos se ha constituido en conflicto agrario, y en uno de los principales detonantes de los cultivos ilícitos. Las zonas alejadas son poco controladas, susceptibles de soborno; la estructura de partido político regional y clientelismo han facilitado las redes del narcotráfico, al igual que la estratificación y la falta de movilidad social, (Thoumi, 2005).

Thoumi (1999) considera que el narcotráfico y la corrupción son los síntomas, causa y efecto de la deslegitimación del Estado, sus instituciones y del deterioro de la institucionalidad y de la desconfianza social, síntomas de problemas sociales y morales más profundos. La corrupción está vinculada con la ética; al considerar al campesino andino empobrecido en medio de grupos armados y obligado por las circunstancias a la producción de coca, ello conduce a un debate moral, el cual dificulta su análisis.

En Colombia a causa del individualismo y la fragmentación social, lo que es corrupción para un grupo, puede no serlo para otro; en una sociedad inequitativa, lo que puede ser corrupción para algunos, significa supervivencia para otros. Cuando se justifica el incumplimiento de una ley, su transgresión es más factible, la corrupción está vinculada con los valores y la política con un contenido ético moral.

La desigualdad en los ingresos de los colombianos es otro factor que favorece el terreno del narcotráfico; la descentralización en Colombia contribuyó a enriquecer a grupos locales, la ética de la desigualdad heredada desde la colonia, ha sido terreno abonado para el narcoestado corrupto, la corrupción, el clientelismo contribuyen a ello.

En las democracias occidentales modernas, en el caso colombiano heredado de la colonia, ha impidiendo al ciudadano exigirle a sus gobernantes; el camino a las drogas prometía el anhelado estatus social, igualmente era una expresión de resentimiento social; con el crecimiento de las droga se legitimó el ingresos ilegal, las primeras exportaciones de contrabando fue de esmeraldas, café, ganado, perfeccionando el lavado de activos, la corrupción empieza cuando se empieza desde la política a esconder los fondos ilícitos, institucionalizando la corrupción; lo más grave es institucionalizar la corrupción; las organizaciones criminales se adaptaron a otras formas de producción ilegal mediante el soborno y violencia (Thoumi, 1999).

En el contexto regional, los estudios locales sobre Medellín, plantean el desarrollo de la economía criminal generada por el narcotráfico y la respuesta estatal mediante políticas de seguridad (Dávila, 2016; Vargas y García, 2008).

Desde este mismo enfoque, ha sido importante lo que la academia tiene para decir en cuanto a recomendaciones de política pública para proveer al Estado de seguridad ante el conflicto armado, el narcotráfico y otras violencias (Abello, 2015).

En un primer momento la violencia en Medellín se analizó desde un marco interpretativo sociológico, luego se señalaron las condiciones socioeconómicas como principales factores causales de la violencia, y posteriormente, se ha enfocado la comprensión de este objeto de estudio para las ciencias sociales y humanas en las estructuras político, militares y criminales.

Por su parte, la ciudad ha vivido un proceso de aprendizaje social y político que se expresa en un cambio esencial en las políticas públicas municipales de seguridad y convivencia (Giraldo, 2012; Dávila, 2016; Arcila y Gil, 2010).

Abello (2016) ofrece una visión panorámica de los ciclos de violencia armada que ha experimentado la ciudad desde finales de los años ochenta y también de otras formas de inseguridad y violencia que, aunque tienen un gran impacto en la vida de los ciudadanos, sobre todo en las áreas más vulnerables, se han mantenido al margen de la agenda política.

Aristizábal (2018) invita a reflexionar sobre una ciudad de Medellín que vive a oscuras por una cuestión ética relacionada con el narcotráfico. En esta misma perspectiva Riaño (2006) señala la importancia antropológica del narcotráfico, y percibe a los jóvenes como actores históricos en la memoria del conflicto y las violencias en los barrios de Medellín.

La marginalidad de los jóvenes en la sociedad ha sido una causa reconocida de la violencia en Medellín y otras ciudades como Bogotá entre la década de los años 80 y 90. Reconocer las identidades juveniles a partir de análisis de sus narrativas y estéticas sobre marginalidad y violencia en Colombia resulta de vital importancia (Rodríguez, 2019).

La violencia homicida en Medellín ha sido inspirada en palabras poéticas como “el amor por la ciudad” y han impulsado el proceso denominado como “limpieza social” generado prácticas paramilitares en distintas comunas de la urbe.

Díez (2016) señala que la violencia urbana de Medellín, el narcotráfico y el sicariato se presentaron en un contexto latinoamericano donde los conflictos urbanos se incrementaron significativamente en los años 80 del siglo XX. En Medellín, este ámbito de violencia generó conflictos de orden político, económico y social que las autoridades intentaron enfrentar con diversas acciones e intervenciones sociales, al mismo tiempo, surgieron grupos de exterminio que acudían a acciones ilegales que planteaban la eliminación de habitantes señalados como sicarios.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017):

“Una combinación de atrocidades convirtieron a Medellín en un símbolo nacional e internacional de la violencia: bombas, sicarios, milicias, narcos, guerrillas, paramilitares y bandas… la convirtieron en la ciudad del mal. Era necesario preguntarse por la trama y el sentido de las violencias cruzadas, de las imágenes fragmentadas, y de la posibilidad de conformar un relato que le diera inteligibilidad a ese mosaico de órdenes criminales, comprometidos a menudo con los de la legalidad, en forma encubierta y en ocasiones ostensible y arrogante” (pág. 17).

López (2017) problematiza el narcotráfico con la identificación de las operaciones terroristas de los años ochenta que él adjetiva como “la década del terror” época del Estado fallido.
​López (2017) señala:

“Es importante diferenciar el quiebre que se presentó en los ochenta, pues el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y global, mientras que el narcoterrorismo, si bien derivado e hijo siniestro del anterior, es un fenómeno político y nacional que, como tal, le correspondió sufrirlo al país con saldo de innumerables víctimas, entre las que se cuentan ministros, procuradores, magistrados, jueces, soldados, policías, oficiales, abogados, periodistas, políticos y muchos ciudadanos. Queda la funesta herencia de las bandas de sicarios, brazo armado del narcotráfico y su rastro de muerte” (pág. 104).

El narcotráfico requiere análisis de aspectos socioculturales para reconocer las condiciones estructurales que son a la vez, causa y elemento constitutivo del mismo, así se puede comprender el proceso de institucionalización de la narco-cultura en Medellín (Bovino, 2016).

En este análisis es importante comprender la familia como institución de la sociedad y al ser humano como un animal político por naturaleza (Aristóteles, Política, Libro I, 2, 1253, p. 2-3).

A partir de los años setenta, los comerciantes de la droga se comienzan a destacar por la manera cómo van penetrando las distintas instituciones.

El flujo de millonarias sumas de “narco dineros” a través del agro y la industria, enriquece a unos pocos, desborda abruptamente el sentido de las proporciones y cambia cualquier principio normativo, ético o moral.

Las familias y los jóvenes son de múltiples maneras afectados por estos hechos; llega por distintas vías el “narco dinero”, generando actitudes y comportamientos inesperados, trastocando la escala de valores tradicionales que caracterizó la familia paisa, altamente trabajadora y emprendedora; desde esta perspectiva, la familia y la juventud juegan un papel importante como interlocutores del Estado y la sociedad, garantizando oportunidades para el desarrollo de competencias en la garantía y goce de los derechos humanos y para la solución democrática de los conflictos.

La familia satisface las necesidades primarias en la niñez; es importante considerar allí el ejercicio de la autoridad; en la sociedad por razones culturales, el padre es típicamente el que principalmente ejerce la autoridad en la familia. La autoridad de los padres que el niño asimila en el seno de su hogar, luego se convierte en la autoridad del Estado (Davis, 1970).

El narcotráfico estremeció todas las instituciones del Estado colombiano, pero especialmente a la familia, tanto en las zonas rurales como urbanas, generando múltiples violencias, desdibujando las figuras paterna y materna, los hijos e hijas crecieron con profundos vacíos afectivos, al lado de padres no pocas veces extraños.

Otra es la situación de las madres solas que por abandono o viudez, se vieron obligadas a trabajar, generalmente sobreexplotadas y en oficios inestables para obtener el sustento mínimo para sus hijos, los cuales se vieron en la necesidad de cumplir papeles de adultos, cuidando a los hermanos más pequeños.

Marco normativo en materia de familia y drogas ilícitas

El marco jurídico antidroga es extenso, en la presente investigación es necesario abordarlo porque ilustra la acción del Estado frente al problema, brinda una historización y evolución de la problemática y su efectividad; se asume el estudio de un marco legislativo desde un enfoque de salud pública, porque el Estado busca de esta manera proteger su población; se aborda este marco legal desde la legislación internacional, pasando por las normatividades más importantes a nivel regional.

Se encuentra que la legislación internacional frente a las drogas ha permitido establecer que los opioides son los que acarrean las peores condiciones sanitarias, por lo cual se les debe priorizar en materia de prevención, intensificar los tratamientos de salud de los consumidores, enfatizar en el tratamiento de la hepatitis C, enfermedad que afecta a los consumidores de drogas, frenar el virus VIH en los consumidores de drogas por inyección, atender los drogodependientes y la tuberculosis generada por el consumo; encarcelamiento para los traficantes de drogas para prevenir enfermedades infecciosas y garantizar el respeto por los derechos humanos; enfoque científico para el uso del cannabis medicinal e industrial, cooperación internacional en la lucha contra las drogas, seguimiento forense para el control de las drogas sintéticas, programas de desarrollo sostenible para evitar la deforestación por cultivos ilícitos, incrementar la investigación internacional sobre farmacología y toxicología, vigilar las zonas vulnerables frente al consumo de drogas, sus rutas, tanto de oferta y demanda, las zonas de cultivo, los sectores marginales donde están las ollas de vicio, actuar de forma interdisciplinaria para dar una atención integral al problema, evitando que emigre a otros lugares como ha venido ocurriendo, transformaciones tecnológicas para rastrear el mercado ilícito que circula en la red, monitorear el dinero del tráfico de drogas, como una de las formas más eficaces para combatirlo; el papel de alianzas con las ONGs, como la ONU para investigar el soborno, y la corrupción, resulta trascendental para enfrentarlo, educar, aumentar el conocimiento, análisis e información sobre las drogas y sus vínculos con otras problemáticas a nivel regional e internacional, todo ello representa un reto y compromiso para combatir y enfrentar el problema del narcotráfico (ENODC 2017).

En el campo de la legislación internacional antidrogas se destaca lo siguiente:

La Convención Internacional del Opio en la que se firmó el primer tratado internacional sobre el control de drogas, el 23 de enero de 1912 por los Estados Unidos, Holanda, China, Honduras, y Noruega, allí acordaron limitar el uso de los narcóticos a fines exclusivamente médicos y restringir la manufactura y el comercio de drogas.

La Liga de Naciones en 1925 firmó el Acuerdo sobre la Manufactura, Comercio Interno y Uso del Opio, creándose un sistema de control para regular el comercio internacional lícito de narcóticos. En julio de 1931, también en Ginebra, se firmó la Convención para limitar la manufactura y regular la distribución de drogas narcóticas, consagrando un sistema de reporte obligatorio, mediante el cual los países productores debían informar la extensión de las áreas cultivadas con coca y amapola, buscando con ello, limitar la producción de opiáceos y cocaína a las necesidades médicas y de investigación científica, creándose además, un organismo supervisor de drogas que tenía por objeto el seguimiento del sistema implementado.

Dos años más tarde, en 1948, se firmó un protocolo en París por el cual se incluyó dentro de la Convención de 1931 un conjunto de drogas sintéticas que hasta ese momento estaban excluidas.

La Convención Única fue creada a fines de los 50, cuando el consumo recreativo de opiáceos, cocaína y drogas sintéticas no era un asunto de política importante en los países ni en sus relaciones internacionales.

En junio de 1953 se firmó otro documento, esta vez en Nueva York, denominado Protocolo para limitar y regular el cultivo de la adormidera, y la producción, comercio internacional y al mayoreo, y el uso del opio.

En 1961 la Convención Única sobre Estupefacientes consolidó la normatividad internacional y derogó la gran mayoría de las convenciones y acuerdos mencionados anteriormente.

En 1969 se realizó en Ginebra el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas; lo cual señala que el problema trasciende las normas, que no se trata de expedir o derogar normas sino de intervenir la realidad social; en tanto este contexto no sea atendido, el sistema jurídico se quedará corto para abordar la compleja problemática.

La Convención Única sobre Psicotrópicos de 1971, consagra la legislación y reglamentación sobre disposiciones especiales relativas a la fiscalización de los preparados con sustancia sicotrópicas.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, modificando la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, regula los estupefacientes que serán confiscados y los órganos internacionales que realizarán la confiscación.

En 1988, se firmó la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Psicotrópicas. Fue una reacción a la expansión del tráfico internacional y el fortalecimiento de las organizaciones de los narcos.

En 1990, a solicitud de un grupo importante de países liderado por México, se convocó una Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre el abuso de drogas (Ungass) en la que se debatieron las políticas contra las drogas y se emitió una Declaración Política que fijó como meta disminuir los cultivos ilícitos.

En la Asamblea General de Naciones Unidas de 1998 se reafirmó el prohibicionismo mundial de las drogas ilícitas. En el 2012 la resolución 67/193, de 20 de diciembre de 2012, fue titulada “Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, en el año 2013 y 2014 se emitieron dos resoluciones 68/197 prohibiendo las drogas.

En el 2016 se convocó un período de reuniones extraordinarias para su fiscalización. En esta reunión fue importante la reflexión sobre las drogas y su impacto en jóvenes, mujeres, niños y comunidades. Se solicitó a los Estados que revisaran las causas y consecuencias de las drogas a la luz de los derechos humanos, permitiendo leer el problema como un asunto multidimensional y desde una perspectiva de enfoque que entiende la vulnerabilidad como uno de los elementos principales para el diseño de políticas públicas de Estado y gobierno. (Thoumi, 2009).

En cuanto a la normatividad nacional antidrogas se encuentra que, durante el siglo XX, las políticas en materia de droga en Colombia estuvieron marcadas por la normativa internacional impulsada por Estados Unidos; en especial a partir de las últimas décadas del siglo XX.

A continuación, en la tabla 1 se puede observar los avances en Colombia en materia de legislación nacional de salud pública y estupefacientes.

TABLA 1. SALUD PÚBLICA Y ESTUPEFACIENTES

Fuente: Creación propia basada en la legislación del Congreso y la Presidencia de la República de Colombia.

En un ambiente altamente represivo hacia las drogas, en 1994, la Corte Constitucional se pronunció a favor de la despenalización de la dosis personal en Colombia. En estas dos décadas se han producido importantes intentos para echar atrás esta medida. Aunque dichos intentos no han tenido éxito, subsisten sin embargo, obstáculos prácticos que impiden la materialización efectiva de la despenalización de la dosis personal.

La Ley 599/2000 mantiene la tipificación de las conductas sancionadas en la Ley 30 (1986) respecto del consumo de drogas.

La Ley 845/2003 se refiere a la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte como un tema de protección a la salud pública y de ética deportiva.

La Ley 1098 /2006 hace referencia a la protección de los menores frente al consumo de droga y la prevención e información sobre sus efectos, como una obligación de la familia y las instituciones educativas; sin embargo, no hay una reflexión normativa sobre el consumidor desde sus derechos, aun cuando se trata de sujetos de especial protección.

La Ley 1153/2007 se refiere al tratamiento de pequeñas causas, desde lo punitivo, haciendo alusión al consumo de drogas en presencia de menores de edad o en establecimientos comerciales o educativos. La norma fue declarada inconstitucional, pero tampoco se ocupaba de dar al consumidor un tratamiento diferente al referido en normas anteriores (Palacios, Torres, et al., 2019).

En 2009 se produjo una reforma constitucional que prohibió el consumo de drogas, pero sin la posibilidad de imponer sanciones o medidas terapéuticas obligatorias a los consumidores. Algunas definiciones en la legislación de drogas son las siguientes:

• Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con fines no médicos.
  Dependencia sicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no obstante, sus consecuencias.
• Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas físicos cuando se suprime la droga.
• Dosis terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente.

En el país se han producido algunos avances concretos en materia legislativa, y a pesar de la oposición de sectores conservadores, la tendencia a favor de una mayor protección a los sectores débiles de la cadena de las drogas, cultivadores y raspachines en el ámbito de la producción, y los usuarios en el ámbito del consumo, ha ido en aumento. Las autoridades se han mostrado proclives a tener en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión Asesora para la Política de Drogas, creada en 2013.

En 2011 se promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana que reforma el Código Penal y elimina la excepción de no castigar el delito de porte de estupefacientes en cantidades de dosis personal.

El Decreto del 12 de noviembre de 2015 del Ministerio de Salud para regular la producción y el consumo de marihuana con fines terapéuticos y medicinales. En un fallo de marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia afirmó que el porte de sustancias ligeramente mayores a la dosis mínima no es un delito si es para consumo o si se trata de la cantidad que un consumidor enfermo necesita (Benavides, 2016).

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 49 señala que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. No obstante, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad.

A la luz de la Ley 13- 61/2009, la familia es considerada como agente corresponsable en la garantía de los derechos de sus integrantes individualmente considerados y como sujeto colectivo de los derechos colectivos. La Ley 1361 de 2009 es la norma que propende por el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, allanando el camino para políticas públicas que amparen y protejan la familia y a los jóvenes.

A continuación, la tabla 2 presenta los avances en materia de legislación sobre protección integral a la familia y los jóvenes, lo que resulta importante en contextos del narcotráfico.

TABLA 2. LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

Fuente: Creación propia basada en la legislación del Congreso de la República de Colombia.

Contrastando estas normatividades con el contexto psico-socio-familiar y jurídico, se puede evidenciar que el sistema legal para prevenir y penalizar el narcotráfico ha fallado frente al crimen internacional que genera terror en el territorio; son frecuentes los casos de corrupción en el manejo de los dineros públicos, soborno y amenazas provenientes de los grupos armados ilegales por la escasez de recursos del Estado Colombiano, destinándose los pocos ingresos obtenidos en infraestructura, planes y programas de desarrollo, políticas públicas, educación, pago de la deuda externa, situaciones estas que dificultan enfrentar a grupos armados poderosos con una dotación de armas, tecnología, logística y control territorial que internacionaliza las fronteras y corrompe a los funcionarios públicos.

Los sectores populares y marginales son los más azotados por la violencia del narcotráfico, este es el caso de la comuna 4 de Medellín desde los años ochenta hasta el día de hoy.

La gran cantidad de normas emanadas en estas últimas décadas en sus contenidos dan cuenta de la violencia sociofamiliar y desestabilización estatal que el aparato jurisdiccional y ejecutivo ha emanado en sus múltiples intentos por recuperar las riendas del país.

El examen jurídico a la normatividad nacional e internacional conduce a las siguientes conclusiones:
Desde que se multiplicó el consumo de drogas en el lejano oriente, China y Japón con la ruta del opio, se inició una intensa legislación que no ha podido hacerle frente al problema de las drogas, contrariamente, en tiempos de crisis económica social, ellas proliferan y sus centros de producción y distribución se multiplican, porque encuentran consumidor, lo que indica que la intervención debe realizarse a la inversa, atacando el problema de raíz, es decir, interviniendo por parte del Estado y los países demandantes de drogas, a los consumidores como enfermos, brindándoles asistencia social y atendiendo a los grupos marginales que terminarán en la cadena de producción y /o consumo.

La fundamentación jurídica en materia de narcotráfico en el presente trabajo, resulta precisamente, de la necesidad de incorporar la presencia del Estado en la comuna 4 desde el marco legal, vinculando igualmente, la vigilancia policial a través de la policía del cuadrante, tratando con ello, de recuperar el control barrial y del mercado de drogas ilícitas, situación que ha sido fallida; más de 100 años de prohibición a nivel global y más de medio silgo declarando la guerra contra las drogas en el contexto nacional, latinoamericano e internacional, demuestra que la situación económica es el eje que mueve la oferta y demanda del mercado de las drogas a nivel nacional e internacional; en este orden de ideas, se requiere un compromiso bilateral, el Estado haciendo presencia y acompañamiento eficiente en la vida de los barrios y una sociedad que rechace este mercado ilegal; no se trata de penalizar, se trata de realizar un trajo preventivo, médico y educativo, incrementando la inversión social para atacar los altos niveles de pobreza e inequidad; quedando con ello demostrado que el problema de las drogas no se soluciona con represión estatal sino con inversión social e incremento del presupuesto participativo en planes y programas de desarrollo social, constituyéndose éste en el problema de fondo que perpetua la problemática.

En conclusión, se requiere un trabajo en equipo a nivel nacional e internacional para regular el problema de las drogas que socava las estructuras de los Estados Nación y que requiere de equidad social para intervenir la pobreza y abandono estatal, nicho que alimenta el mercado de las drogas; el castigo y la penalización, crean otros atajos en el mercado de las drogas; el glifosato desertiza el suelo, ocasionando daños a las personas, a su salud y al ecosistema; estas medidas punitivas promueven otras modalidades delincuenciales para evadir la represión; se trata de cambiar la estrategia de intervención jurídicolegal para enfrentar las drogas a nivel local e internacional, dado que la actual y pasada legislación antidrogas, no han arrojado resultados positivos, contrariamente, han incentivado el problema, su evasión y transgresión legal.

Tercera sección: el caso de la comuna 4 de Medellín

La Comuna 4 está ubicada en la Zona Nororiental de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia que pertenece a la República de Colombia.

Es uno de los sectores con mayor densidad de población del valle de Aburra, sus pobladores en alto porcentaje se desplazaron de zonas del oriente antioqueño, allí en torno al tradicional barrio Aranjuez se formaron los demás barrios periféricos, barrios que por su situación de pobreza fueron utilizados por el narcotráfico de los años 80, lo cual generó que en la guerra contra el narcotráfico; un alto porcentaje de sus jóvenes que se encontraban desempleados sin ninguna posibilidad para desarrollar su proyecto de vida, terminaran incorporados al tráfico de drogas y a los grupos armados.

Los estudiantes de las instituciones donde se realizó la investigación, Ciro Mendía de Santa Cruz, La Javiera Lodoño de Sevilla y La Francisco Luis Hernández Betancur, pertenecen a estos barrios populares de la comuna nororiental, comparten esa historia común de violencia y aún sobreviven en la pobreza y sin una política pública que les ampare y les ofrezca un futuro laboral definido, el consumo de drogas se ha incrementado, agravando su situación social.

Mapa 1. Comuna 4, Aranjuez

Fuente: Imagen extraída del Catálogo de Mapas del sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin

La comunidad identifica dos sectores según el grado de consolidación urbanística y caracterización socioeconómica, de un lado están los barrios de configuración más temprana como Manrique, Campo Valdés, Las Esmeraldas, Miranda, Aranjuez, Berlín, La Piñuela, San Pedro y Sevilla; convirtiéndose en uno de los sectores más vitales y populares de la capital antioqueña, en donde se evidenció el mayor crecimiento en la primera mitad del siglo XX.

Por otro lado, están los barrios de urbanización tardía, ubicados de manera paralela al eje estructurante del río Medellín y la vía Regional, tales como Moravia, el Oasis, Los Álamos, Palermo y San Isidro. La construcción de los barrios respondió a la necesidad de vivienda de la emergente clase obrera que demandaba la naciente empresa fabril en el proceso industrialización de los años 60.

El barrio Campo Valdés hace parte de la zona 1, nororiental, donde un alto porcentaje de la población se ubica en el estrato 1; su suelo ha sido utilizado mayoritariamente como espacio residencial, las tiendas de barrio abastecen las necesidades básicas de sus pobladores (Griesbeck y Arboleda, 1997).

Durante los años 80 al 2000, la comuna 4 se vio diezmada por el narcotráfico, en este período se registraron en la ciudad un total de 84.863 homicidios relacionados con la violencia del narcotráfico.

En su distribución anual, el pico más alto se registró en 1991, con 6.810 homicidios y un promedio diario de 18.7, y el más bajo en 2005, con 846 homicidios; se observa un ascenso en la mortalidad durante la década del 80, alcanzando sus niveles más altos al empezar los 90, para luego descender de manera sostenida hacia finales del siglo pasado, presentando un período ondulante en la segunda década del 2000. La pirámide que registra el DANE (2007) permite realizar un mapa comparativo del mismo.

Gráfico 1. Tasa de homicidios

Fuente: DANE- Departamento Nacional de Estadísticas. (2007).

Para el año 2000, el Instituto Nacional de Medicina Legal tuvo conocimiento de 25.681 homicidios. Esta cifra refleja un aumento significativo de 11% (2.472) con respecto a los ocurridos en el año anterior (De la hoz Bohórquez, 2015).

La cultura del narcotráfico, el consumo de sustancia psicoactivas, la violencia en los barrios, las fronteras invisibles, la presencia de grupos armado, combos, paramilitarismo y sus consecuentes violencias, han afectado la vida de las familias, los jóvenes y sus comunidades, quienes se han tenido que adaptar a este modo de vida para sobrevivir, esto se puede evidenciar, cuando en las instituciones educativas se ha buscado que la población estudiantil esté residenciada cerca de su colegio para evitar el cruce de fronteras invisibles, los pobladores han pagado las vacunas que cobran los combos por vigilar el barrio, en algunas instituciones educativas, los combos han intervenido en eventos disciplinarios.

Durante los años 80 y 90 operaba la ley del silencio, en las calles se plasmaban escritos con frases tales como “sapo=muerte”, los tenderos han vendido lo que el combo ordena, ante robos, con frecuencia el combo interviene, su presencia continua acompañando la vida del barrio.

Araujo (2017) plantea en sus investigaciones del narcotráfico, que la ideología trasciende los sistemas simbólicos y representaciones, remite a las prácticas y usos cotidianos, adoptando hábitos y sistemas de vida en el proceso de interacción social, de tal manera, que los sujetos sociales acepten un sistema de representaciones, incorporándolos a sus modelos de vida en sus Estados Nación (Araujo, 2017).

El cine y los documentales fueron una de las fuentes de consulta para abordar la problemática del narcotráfico y su impacto en las familias y los jóvenes de Medellín, porque no sólo han usado como personajes aquellos que presenciaron la época del terror del narcotráfico, como el caso de “La vendedora de Rosas”, sino que lograron fielmente retratar su cruda realidad, invisibilizada por el Estado, ello sin importar el impacto que trajera el develar una realidad silenciada, y por lo mismo, cómplice en la generación de violencia, que históricamente ha marcado este contexto sociocultural, rescatando la voz de los que no tuvieron voz, los cuales fueron frágiles al narcotráfico por su marginalidad, pudiéndose evidenciar en audiovisuales como “El pelaito que no duro nada”, convirtiéndose en pistolero a temprana edad, como ocurrió con un alto porcentaje de niños sin futuro que fueron reclutados para el sicariato sin poder asegurarse un futuro para retornarle a sus familias los esfuerzos en su proceso de crianza, en el que apenas se sobrevivía en medio del maltrato y abuso, en un contexto marcado por la violencia intrafamiliar, haciéndose cómplice el Estado, por no disponer para dicha fecha, de unos estatus y organismos de prevención y protección para el menor, que apenas si aparecen en 1989 y de prevención de la violencia intrafamiliar a partir del 2012, con la ley 1542.

Rosario Tijeras es el personaje que se repite en el drama de muchas niñas abusadas sexualmente dentro del núcleo familiar, algunas lanzadas del mismo por el madresolterismo que imperó en el sector por esta cronología, donde el sicario dejaba antes de morir su descendencia en jovencitas que no superaban la mayoría de edad, denominándolas “La Polla” de esa manera dejaba su huella, “su pinta”, antes de la inminente muerte; algunas de sus compañeras terminaron en prisión por guardarles las armas o el producto de sus hurtos (delito de receptación).

El combo determinaba cuales serían sus parejas y las reclutaban a la fuerza o bajo la promesa de prodígales aquello que la pobreza nunca les brindaría, como lo ilustra perfectamente “Las muñecas de la mafia”, la moda que se impuso con el narcotráfico y que aún persiste, donde la mujer utiliza su cuerpo para exhibir su sexualidad, su voluptuosidad, no sólo lo ilustra “Las muñecas de la mafia”; el cine y las notarías recogen los nombres en inglés de una contracultura marcada por el imperio norteamericano, destino final de las drogas, como lo devela la vida del zarco y el audiovisual “Viaje por el mundo de los sicarios de Medellín”, entre otras producciones del séptimo arte a nivel local, donde sin ser cine o teatro, se velaban los niños y jóvenes muertos en los mismos colegios o tugurios, después de un día de recolección de dinero en el barrio para la compra del féretro y los actos de inhumación.

El siguiente cuadro resume los aspectos generales más importantes de esta producción cinematográfica que contribuyó a relatar y construir la historia de estas violentas páginas del narcotráfico en la ciudad de Medellín.

El narcotráfico, la familia y la juventud en el cine colombiano

Fuente: creación propia.

La anterior lista de medios audiovisuales escogidos del cine en Colombia, permiten ilustrar la forma en que el narcotráfico impactó la institucionalidad del país, especialmente a la familia y los jóvenes entre los años 80 al 2000, obedece a que fueron los medios de comunicación los que mejor captaron lo que estaba sucediendo en estas décadas para llevarlas a las pantallas, congelando la realidad que desangró a Medellín en la guerra de carteles, donde se cruzaban las balas provenientes de los carteles de Cali y Medellín, la delincuencia organizada, la delincuencia común y la violencia estatal, incapaz de dar una solución pacífica a un conflicto que se internacionalizaba y se le salía de las manos; entre estos directores cinematográficos podemos destacar a Víctor Gaviria, con “La vendedora de rosas” y Fernando Vallejo con “La virgen de los sicarios”; aunque se pueden citar igualmente, cinco libros de obligatoria lectura, que ilustran las vivencias del narcotráfico, pudiéndolo apreciar en “Noticia de un secuestro” (1996) del nobel Gabriel García Márquez, “Amando a Pablo, odiando a Escobar” de Virginia Vallejo, presentadora de televisión, amante de Pablo Escobar, “La parábola de Pablo” (2001) del exalcalde y periodista de Medellín Alonso Salazar, “Pablo Escobar, mi padre” (2014) de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo, “Matar a Pablo Escobar” (2001) del periodista y escritor estadounidense Mark Bowden.

Conclusión familia colegio. Hallazgos:

La metodología que se siguió en la recolección de la información y análisis fue de carácter cualitativo, atendiendo el modelo descriptivo. Se estableció un paralelo que permitió la caracterización e identificación del perfil de cada una de estas generaciones, de la comuna 4 de la ciudad de Medellín.

Para ello se incorporaron una serie de categorías tales como: la noción de autoridad, reconocimiento de la norma, legitimidad del Estado, los valores de la generación, las emociones, los sueños, los conflictos, los discursos sobre la droga y la pobreza, por ser categorías claves para entender el problema del narcotráfico, y la forma en que afectó a las familias y a sus hijos.

Sistematizando la experiencia como docente, se realizó un ejercicio de interpretación de algunas fuentes primarias tales como el diario observador del estudiante, acompañados del mosaico de registro fotográfico de algunos de estos trabajos representativos desarrollados por los estudiantes, actividades del aula de aproximadamente 200 estudiantes de las generaciones de los años 80, 90 y 2000 de la básica secundaria de las Instituciones Educativas Francisco Luis Hernández Betancur, la Javiera Londoño Sevilla y Ciro Mendía de Santa Cruz; se pudo realizar la lectura del contexto territorial de la comuna 4-Aranjuez, Medellín y llegar al siguiente análisis:

Imagen 1. Autobiografías.

Fuente: Creación propia con información tomada de los grados 6° a 11°, autobiografías de estudiantes de las Instituciones Educativas Ciro Mendía, Javiera Londoño Sevilla y Francisco Luis Hernández Betancur, años (1980, 1990, 2000).

Las autobiografías de los estudiantes de la comuna 4, Aranjuez, permiten observar que la pobreza en los barrios del nororiente de Medellín los ha acompañado siempre, la ilegalidad en su construcción, por su calidad de desplazados de la violencia de oriente, por la estigmatización y exclusión que ha hecho la ciudad de ellos, continúan siendo habitantes marginales o de borde.

El conflicto urbano en la comuna 4 de Medellín comienza cuando ante la ausencia estatal, Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín mandaba a construir espacios de recreación y viviendas para los jóvenes de los barrios humildes de la ciudad, como las canchas deportivas.

Los jóvenes no ven oportunidades de empleo en la ciudad, así que ingresan a un grupo armado para ser reconocidos, ésta terminaba siendo su única opción; para algunos fue concebido como su familia protectora frente a la pobreza y orfandad.

Durante los años 80, la droga era asumida por el consumidor como la salvación, su consumo enajenaba su vida frente al dolor, su comercialización representaba sustento y supervivencia; la fuente de empleo que sustituía una industria y manufactura colapsadas; a Pablo Escobar se le llamó el “Patrón” porque movía jugosas sumas de dinero en medio de la crisis económica industrial, especialmente textil, de los 70 y 80; un alto porcentaje de la población se constituyó en consumidores o traficantes; la escasa vigilancia estatal y programas escolares antidrogas eran caldo de cultivo para su proliferación.

Los barrios se encontraban armados durante la década de los años 80, defendidos por grupos de jóvenes que hacían parte de los numerosos combos que se disputaban el territorio en la ciudad, creando las fronteras invisibles; la muerte de extraños que transgredían la frontera era inminente; la esquina era su hogar, allí estaban los “muchachos” del barrio armados.

Durante los años 80 fueron asesinados un alto porcentaje de niños, jóvenes, adultos y mujeres por el cruce de balas entre los diferentes grupos armados. Los CAI- Centro de Atención Inmediata de la policía, fueron destruidos; por cada policía caído, sobrevenía una masacre en un barrio popular.

Para Cardona (2005):

“En Medellín, entre los años 1990 y 1999 se presentaron 45.434 homicidios y 9.931 de 2000 a 2002, para un total de 55.365 en los 13 años. El menor número de homicidios se presentó en 1998 con 2.854 y el año con mayor número fue 1991 con 6.658” (Pág.843).

En la segunda década del 2000, el consumo de drogas estuvo restringido, pero luego con la reglamentación de la dosis personal, la falta de ofertas de empleo y educación para jóvenes, se elevó el consumo.

No obstante, proyectos como “La escuela busca el niño”, “Buen Comienzo”, la educación sin costos económicos, el deber de los padres de enviar a sus hijos a la escuela, evitando su explotación laboral, unido a la legislación de infancia y adolescencia y leyes complementarias, incrementaron la protección de la infancia y adolescencia, constituyendo una cortapisa frente a las drogas; para dicha fecha, un 99% de los estudiantes se pronuncia en contra de las drogas y adiciones, considerándolo una grave problemática que debía intervenirse en sus barrios por parte del Estado y la familia.

La juventud no está marcada por seguir a los grupos armados, la violencia, los dichos paisas que marcaron una contracultura; frases y jergas sacadas de las películas analizadas, como Rodrigo D, Las muñecas de la mafia y la Vendedora de rosas, y que se repetían en los jóvenes y la cultura de los años 80 y 90, lentamente van desapareciendo, veamos algunas de ellas:

“Sólo hay tres manera de solucionar las cosas, como usted cree, como ellos creen y como yo las digo”, “Todo lo peligroso se convierte en plata”, “Yo soy capaz de acabar hasta con el nido de la perra”, “Andar como bandidos, como Pedro por su casa sin que nadie pueda hacer nada contra ellos”, “Todo en esta vida tiene solución”, “Amar es más difícil que matar.”, “Si ojos tienen que no me vean; si manos tienen que no me agarren; no permitas que me sorprendan por la espalda; no permitas que mi muerte sea violenta; no permitas que mi sangre se derrame”; Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares, Amén.” , “Que coma mierda el culo”, “Pa’ qué zapatos si no hay casa”, “Abrite, maricona que todo bien, ya perdiste”, “Entiéndeme que el amor es como la mafia, una vez dentro ya no podes salir sin que te haga daño”, “Acá esta la monis hermano”, “Ese es un mágico”, “Ya perdiste el año”, “Es una valija”, “Colgó los guayos”, “Es muñeco”, “Comé callado”, “Pa qué dio papaya”, “Le lleva hambre”, “ No sea visajoso”, “La tiene encaletada”, “Que calentura de barrio”, “Vuélvase humo, avispa, pirobo”, “Viene la parca”, “ Monita, auxiliadora que esta bala rezada no falle”, “Es una gonorrea, torcido”, “Le dio chumbimba”, “Póngala como quiera sarnoso, aborto de rata”. “Le pegó una cascada”.

Imagen 2. Autobiografías de los estudiantes de los grados 7° y 8° de la Institución Educativa Javera Londoño Sevilla 1980- 1990.

Fuente: Creación propia con las autobiografías de los grados 7° y 8° estudiantes de la Institución Educativa Javera Londoño Sevilla 1980- 1990.

La Legitimidad del Estado fue cuestionada en los años ochenta. El Estado desdibujado, percibido como algo ausente, asumido como enemigo, responsable de su abandono. Sólo se acepta la autoridad del combo que es quien imparte autoridad y es temido por los castigos físicos. Para esta década hay ausencia de reconocimiento de la norma en el hogar, la escuela, la calle; los pares con un fuerte poder, la esquina representaba el sitio de encuentro, donde se compartían alucinógenos.

Los jóvenes fueron utilizados por la delincuencia común para hurtos, manejo de armas y como informantes de los operativos de los diferentes combos; la policía no hacia presencia en los barrios porque era emboscada, en los muros de los colegios reposaba la frase, “Mate un policía y reclame un yoyo”, los levantamientos de cadáveres tardaban por el temor del usual cadáver bomba; así se fue gestando la empresa del sicariato, conduciendo a los niños, adolescentes y jóvenes, sin importar la edad, a una muerte temprana; el panorama es muy similar en los años 90.

Durante esta década de los año 90, la noción de autoridad estaba desdibujada, padres ausentes, madres sin control de la autoridad en el hogar, escuelas sin poder para ejercer una autoridad que no fue asimilada en el hogar.

Los adolescentes se reunían para agredir en grupo, los pares eran su mayor fortaleza; la noción de autoridad continúa desdibujada, se presenta un alto porcentaje de hogares con padre ausente; toda la autoridad recae sobre la madre.

Este vacío de autoridad conduce a la juventud a rechazar la autoridad; no quieren ser subordinados, ni realizar trabajos difíciles; quien asuma la norma es un tirano. El Estado es percibido como enemigo.

A finales de los años 90, el Estado empieza a realizar presencia en el barrio con formas de organización y participación barrial como las JAL- Juntas Administradoras Locales. Para la segunda década del 2000, el Estado comparte el poder con la Bacrim- organizaciones integradas por criminales dedicados al negocio del narcotráfico. La policía es percibida como corrupta y que realiza pactos y alianzas con los combos.

En la segunda década de 2000, se empieza a instaurar la noción de autoridad en niños y adolescentes; el Estado hace presencia en los barrios con programas como “Buen Comienzo”, “La escuela busca el Niño”, las becas “Ser Pilo Paga”, ofrecen futuro, convenio con las Naciones Unidas, aparece la ordenanza 26 de 2015, Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes “PNVCC”, Ley 2025 de 2020 por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres.

Como consecuencia de esta legislación y programas de protección de esta década del 2000, se puede evidenciar la aceptación de la norma a nivel de hogar y colegio, se percibe la violencia vivida en los barrios como una página difícil que se debe dejar pasar para dar paso a los proyectos de vida y esperanza de futuro para los jóvenes. La juventud percibe el deporte como profesión, una oportunidad para ser grandes y reconocidos.

El lenguaje peyorativo y violento de barriada, antes citado, comienza a desaparecer, la escuela y el barrio en alto porcentaje, son asumidos por el control estatal.

La siguiente imagen diseñada por el estudiante Cristian Gómez del grado 7D de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur en el año 2019, muestra un árbol con dos ramas; es el árbol de la vida con dos ramales, el primero de color oscuro a la izquierda, con frutos muertos y un fondo oscuro, en la mitad hay unos frutos de color café en la tierra, frutos que trataron de madurar y no lo lograron, encontraron terreno estéril y eventos adversos para lograrlo, situación diferente a los frutos correspondientes al ramal del mismo árbol ubicado a la derecha, que presenta flores y frutos jugosos, maduros, que han encontrado un terreno y condiciones óptimas para dar vida y reproducirse, el mismo ramal lleva el color rojo de la vida, en tanto que el ramal oscuro se asocia a la muerte; el estudiante atribuye el ramal negro a los frutos perdidos de la generación de los años 80, generación azotada por la muerte, la violencia y no futuro; de hecho, él perdió miembros de su familia en dicha época a causa de la violencia; en la mitad ubica los frutos cafés de los años 90, que aún continúan como generación, viviendo una situación de violencia y narcotráfico, pero atribuye al ramal rojo, cargado de vida y frutos sanos, a la generación de la segunda década del 2000 a la que pertenece, y en la cual se encuentra comprometido como líder del grupo, a ser un gran profesional para servirle a su familia y a la comunidad.

Esta gráfica es una imagen viva de lo que se ha venido planteando en el análisis de las generaciones de jóvenes de los años, 80, 90 y 2000 anteriormente expuesta.

Imagen 3. Representación de la transformación de las generaciones de jóvenes de la comuna 4

Fuente: Cristian Gómez (2019). Gráfica de la esperanza de las generaciones.

Examen del material audiovisual

En el examen del material audiovisual, encontramos que las películas que presentan narrativas del narcotráfico, permiten cuestionar el pasado y el presente, interrogar sus personajes y la forma en que han impactado la juventud, ¿Por qué usar la camiseta con el estampado de Pablo Escobar?, interrogarse ¿Cuántas “Rosarios Tijeras, Rodrigo D, Pelaitos que no han durado nada”, habitan el territorio?; de lo que sí podemos estar seguros, es que los jóvenes que presentan proyectos de vida estructurados, según lo arrojan las autobiografías, no quieren repetir este capítulo difícil de violencia y narcotráfico vivido en la ciudad durante los años 80, aunque algunos llevan el nombre del familiar asesinado.

Las películas han permitido historizar, secuenciar la vida de las familias de este trágico pasaje, dejando una memoria, memoria que igualmente se ha recuperado con las autobiografías, donde se plasman las emociones, sentimientos, que se aproximan a los actores y a nuestra juventud impactada por el narcotráfico de los años 80 al 2000.

En las películas analizadas, se puede constatar, como el narcotráfico se encuentra vinculado con formas de organización primarias, la familia, el barrio, la ciudad y sus peligros para habitarla, las calles en cuyo recorrido recogen la memoria de los jóvenes sacrificados en las masacres, la escuela donde se les buscaba para rendir cuentas, la escuela misma alejada de una realidad y victimizada por la violencia; en los medios audiovisuales se trata de entender lo real y ficticio de esas historias de violencia para superarlas y transformarlas (Acosta, 2017).

En las narrativas de los diarios de campo, historias de vida, talleres reflexivos de aula, se visualiza que los valores para los años 80 en los jóvenes, develan una valentía desbordada, en tanto, que las autobiografías de la segunda década de los años 80, dan cuenta de temores generados por su nivel de exigencia personal y apego por la vida.

La temporalidad y espacialidad juegan un papel importante, según las historias de vida, los jóvenes de los años 80, quienes vivían en el aquí y el ahora, poco o nada les interesaba el futuro, su espacialidad era Medellín, su “Medallo”, su “Metrallo”.

Observando las autobiografías, los jóvenes de la segunda década de los años 2000 quieren llegar a una edad avanzada, se cuidan para lograrlo, son optimistas, programan sus sueños y estrategias para lograrlo, situación que dista mucho de la juventud de los años 80 y 90, quienes estaban familiarizados con el dolor y la muerte, la violencia intrafamiliar, emanada en alto porcentaje de estudiantes, de hogares recompuestos, donde con dificultades se sobrevivía con la amenaza del maltrato físico o psicológico, hambre, abuso sexual, o las balas que cruzaban los cristales de sus ventanas. Padres y madres de familia que sobrevivieron a esta violencia, manifiestan los traumas no superados como secuela de esta violencia: apagar el foco a las 6 de la tarde, momento en que se iniciaban las balaceras entre combos, evitando con ello, que una persona pidiera auxilio por las balas cruzadas y al no abrirle la puerta, ésta muriera y la familia de la víctima tomara represalias por lo ocurrido, como era usual, evitar llegar de noche al hogar, pesadillas sintiéndose perseguida, amenazada y torturada. Algunos de ellos son depresivos, al igual que sus hijos, otros han tenido hijos con discapacidad auditiva, visual o cognitiva.

En sus autobiografías, los estudiantes dan cuenta de sus rituales con la tabla ouija, vestimentas negras, estampadas con calaveras, crearon la ética de la sobrevivencia y una concepción de la muerte, como algo natural que rondaba sus existencias por la cantidad de masacres, donde habían perdido familiares y amigos.

Asumir conductas éticas tradicionales y determinar las conductas correctas, fue difícil para la juventud de los años 80 y 90, dado que la misma iglesia, la familia y el Estado estuvieron vinculados con el narcotráfico; para los jóvenes de la segunda década del 2000, existe una claridad sobre los daños ocasionados con las drogas ilícitas y el daño infligido a los demás con su accionar; en sus autobiografías presentan proyectos alejados de las drogas y el dinero fácil que marcó la ideología juvenil de los años 80 y 90.

Imagen 4. Proyectos de vida.

 

Fuente: Creación propia a partir de los proyectos de vida de jóvenes de las Instituciones Educativas Ciro Mendía de Santa Cruz, Javiera Londoño Sevilla y Francisco Luis Hernández Betancur (1980-2000).

Según los proyectos de vida de los estudiantes de la media básica y la básica profesional, de las instituciones educativas Ciro Mendía de Santa Cruz, Javiera Londoño Sevilla y Francisco Luis Hernández Betancur, la esperanza de vida de los niños y adolescentes de los años 80’s era incierta; la escuela estaba desprotegida, utilizando los estudiantes los combos como “Carritos” (Informantes en el conflicto armado).

La esperanza de vida de los niños y adolescentes de los años 90’s continúa diezmada por la violencia y el reclutamiento armado; en esta segunda década del 2000 hace presencia en el barrio Estado, brinda seguridad a la comunidad, aunque sea compartida con el combo, ello incide en la esperanza de vida de los niños, jóvenes y adultos y el apego por la misma.

Imagen 5. Proyectos de vida

 

Fuente: Creación propia a partir de los proyectos de vida de jóvenes de las Instituciones Educativas Ciro Mendía de Santa Cruz, Javiera Londoño Sevilla y Francisco Luis Hernández Betancur (1980-2000).

Frente a los sueños de la juventud, los jóvenes de los ochenta, soñaban con el reconocimiento social, pertenecer al combo, conseguir dinero fácil. Las niñas, adolescentes y jóvenes deseaban casarse con el fuerte del barrio, recorrer la ciudad en moto, siendo reconocidas por todos, por ser la preferida del hombre más poderoso que todos temían; darle un hijo antes de ser asesinado sería su trofeo si desaparecía.

En los años 90, la juventud tiene un único sueño, sobrevivir. No hay un interés inmediato de superación personal y social. En la segunda década del 2000, los jóvenes quieren ser grandes, protagónicos, tener un hogar bien constituido con su futura pareja, hacen grandes esfuerzos y sacrificios, quieren viajar, progresar, superarse, ayudar a sus familias; igualmente, se han creado programas de becas, pasantías e intercambio cultural, Código de Infancia y adolescencia, Consejo de la Juventud, Policía de infancia y adolescencia que nutren estos sueños de trascender y transformar su contexto; con la Ley 599 de 2000, actual código penal, se regulan un serie de conductas delictivas que tratan de frenar la masacre y violencia generada por la guerra del narcotráfico de los año 80 y 90.

Conclusiones y recomendaciones

Uno de los mayores aportes del estudio de caso de la presente investigación, es que responde a la pregunta de investigación, comprender la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado; en este estudio se encontró que la marginalidad ha sido el terreno propicio para que el narcotráfico afecte las familias, los jóvenes y sus comunidades; de nada vale tener un sistema muy completo de normas y sanciones como las que ofrece el actual sistema jurídico nacional e internacional para perseguir y castigar la producción, comercialización y consumo de drogas, si el contexto sociocultural y económico se encuentra debilitado y los grandes empresarios de las drogas logran lucrativas ganancias eludiendo la justicia, en tanto, que en la cadena de las drogas, los que las cultivan y comercializan en las plazas de vicio sobreviven en la miseria y con el peligro inminente de la muerte y la prisión; esto nos invita a realizar un trabajo interdisciplinario que incorpore el aporte de los diferentes gobiernos, tanto de los países productores, como los consumidores para atacar un fenómeno social que se ha globalizado y que utiliza las más sofisticadas tecnologías; si el problema es global, la solución debe ser global.

Observando las cifras que mueven el narcotráfico, se entiende lo lucrativo del negocio; el narcomenudeo movió en Colombia en el 2015 a través del microtráfico 6 billones de pesos, correspondiente al 0,75 del PIB; de esta cifra $300.000 millones fueron las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones se le adjudicaba a la banda delincuencial que la distribuía y $3,2 billones a los expendedores de droga que en las calles la hacían llegar al consumidor. Colombia, ocupa el 4° puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana.

Según las investigaciones, producir 1 kilogramo de cocaína en Colombia cuesta aproximadamente 2,4 millones de pesos, al llevarlo al mercado, el precio de venta asciende a $4,9 millones, con una rentabilidad del 104% para las organizaciones del narcomenudeo y aún más costosa para el mercado internacional (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2016).

La familia, los jóvenes y la educación deben ser los pilares para el desarrollo en los diferentes planes y programas de gobierno, evitando que la pobreza, la violencia intrafamiliar, social y abandono estatal, los conduzca al mercado de las drogas, como ha ocurrido históricamente en Colombia y Latinoamérica. Si el narcotráfico y las armas son las empresas que mayores masas de dinero movilizan en la economía mundial, sin que aporten a sus mercados, y contrariamente, desestabilizan y socavan las democracias, economías, sociedades, sistemas de valores con la corrupción y la guerra, diezmando sus juventudes, familias y comunidades; se hace necesario la creación de entidades especializadas a nivel internacional para rastrear, monitorear y controlar su accionar con órganos veedores, pactos y convenios internacionales, como lo han hecho históricamente la ONU y la OEA para ejercer un control permanente de este accionar delincuencial que se ha filtrado en todos los modelos políticos, latitudes y gobiernos.

Los aportes de Davis, Beck, Mesa, Castells, Strange, Rocha, Méndez, Velásquez, Estrada y Moscoso, Thoumi y Serrano, resultaron trascendentales para evaluar el problema de las drogas y su impacto en la población juvenil y sus familias, que como lo indicara Beck, han sido la más afectadas por su vulnerabilidad, victimización, la instauración en la norma y la inserción social; por ello, resulta necesario fortalecer en la escuela de padres y orientación de clase con los estudiantes, el tema de las drogas, procurando prevenir el consumo a temprana edad y acompañar a través de proyectos antidroga y terapia individual y familiar a la población estudiantil afectada y a sus familias.

Según los aportes de Thoumi 1999, Se debe educar el pueblo, promover la movilidad social, solicitarle rendición de cuentas a los políticos, formar para la ciudadanía, lealtad al Estado, solidaridad y cohesión de las comunidades, inversión social para elevar la calidad de vida, promover programas anticorrupción desde la comunidad y la escuela, vigilar de cerca la labor legislativa del congreso, formar en la cultura de la legalidad, estudiar las comunidades y necesidades, formar para ser veedores de las maquinarias del Estado, formar para tomar conciencia de la corrupción, sus efectos, su tolerancia y el daño a largo, mediano y corto plazo, entender que corrupción y drogas guardan estrechos nexos y entenderlos, es empezar a enfrentar el problema, preparar al ciudadano para el lavado de activos y sus funestas consecuencias, camino expedito para el mercado de las drogas. Se debe formar en la recuperación de la institucionalidad y la construcción de país, en competencias ciudadanas, en la movilidad social, en el emprendimiento, en el esfuerzo, el trabajo honesto y la capacidad de logro, realizar trabajo terapéutico, rehabilitar y empoderar a los pobladores.

El Estado no puede continuar utilizando la fuerza para atacar las drogas como la fumigación y erradicación porque extiende la brecha entre éste y el campesinado; se trata de buscar las razones sociales de las drogas; es necesario cambiar la cultura de la ilegalidad a todo nivel, prostitución, hurto, secuestro, donde el narcotráfico, es sólo una expresión de esa ilegalidad al interior de la sociedad, sólo así se puede atacar de fondo el problema, lo cual implica tiempo y trabajo institucional; se requieren cambios sociales estructurales; para hacerle frente a las drogas se requiere de un buen soporte financiero que permita atender las necesidades sociales y salvar las comunidades del mercado de las drogas, donde las víctimas no resulten doblemente victimizadas, culpabilizadas y castigadas; en la medida que entienda la complejidad del problema, se podrá abordar de forma eficaz.

Una manera de controlar el narcotráfico y la corrupción, es disminuir la desigualdad en la distribución de los ingresos. Si hay mayor corrupción, será superior el coste para lograr la honestidad, y si se recortan las libertades ciudadanas, mayor auge tendrá la corrupción, la segmentación creará mayor corrupción, a eso se suma el autoritarismo; en Colombia hay una trampa para la deshonestidad, de la que es difícil salir.

La legalidad es la que determina la producción de drogas, bien por impunidad, por incapacidad del Estado, aunado al abandono estatal en ciertas regiones; otros factores vinculados son las sentencias cortas, tramitología que demora procesos, corrupción que se extiende al aparato judicial, un control social débil, legislaciones inspiradas en el partido de turno o ideas religiosas, una formación donde no importa el coste de su conducta sobre el resto, todo ello facilita el mercado ilegal de drogas. El tráfico de drogas se ubica donde el Estado y las personas sean más tolerantes a la ilegalidad.

Otro aspecto importante es comprender las narrativas de los jóvenes y niños, de sus familias, escuchar los ciudadanos, sus líderes cívicos, recuperar sus territorios, ética ciudadana y legalidad, resultan de vital importancia para elaborar procesos de duelo, tratando de entender que sucedió e indemnizar, a partir de políticas públicas que eleven la calidad de vida y desarrollo de sus comunidades, de sus barriadas, como garantía de no repetición. En tal sentido los medios audiovisuales, las historias de vida, los talleres realizados en clase, sirvieron de catarsis, develando una realidad violenta que debía conocerse públicamente, buscando reparar el daño infligido a este sector de la población.

Continuar con los programas de fortalecimiento de infancia y adolescencia, dado que los niños y adolescentes de la segunda década del año 2000, se caracterizan por su sociabilidad, salud, visión de futuro y liderazgo, a diferencia de las generaciones de los años 80 y 90, que fueron desatendidos por el Estado en medio de la crisis socioeconómica y política, siendo victimizados y eliminados por éste.

La familia y sus hijos deben ser salvaguardados de las redes del narcotráfico, esta debe ser la premisa y meta a la que deben apuntar todas las instituciones del Estado, teniendo como garante la democracia, la política, la economía, las cortes internacionales, y la comunidad internacional.

Brindar empleo, educación de calidad a la población y sus juventudes para satisfacer sus necesidades básicas y sacar adelante su proyecto de vida, resulta de vital importancia para enfrentar la demanda internacional de producción, mercadeo y comercialización de drogas, para ello habrá de destinarse las partidas presupuestales prioritarias; no podemos continuar describiendo el fenómeno y penalizándolo, hace falta un análisis de fondo sobre las problemáticas socioeconómicas y políticas que perpetúan el narcotráfico para combatirlo de forma eficaz y restablecer el tejido social, la familia y juventud que ha caído en sus redes.

Una vida digna para la juventud se constituye en un seguro antidroga en un país tropical como Colombia, donde las drogas se extienden sin ningún tratamiento de suelos y su consumo y mercadeo encuentra una red de expansión favorable por la desigualdad social, los altos niveles de pobreza y su posición geopolítica privilegiada que le abre las puertas a los mercados del mundo, como no ocurre en otras latitudes.

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