La década de los mitos. Las políticas salarial y del salario mínimo

Otro mito que resultó de la adopción de las políticas neoliberales en Brasil estuvo relacionado con evadir la responsabilidad por parte del Estado respecto a los salarios, especialmente de los trabajadores de salario de base. La doctrina neoliberal aseguraba que el alejamiento del Estado de la regulación de los rendimientos del trabajo redundaría tanto en el aumento del nivel de empleo como en la mejora de la calidad de los puestos existentes. Después de diez años del vacío del papel del Estado en el mercado del trabajo, se constata el empeoramiento en la calidad de los puestos de trabajo, así como el aumento del desempleo.

La política salarial, después de haber sido utilizada ampliamente durante tres décadas, desde su implantación en el inicio del régimen militar en 1964, dejó de existir con el Plan Real. Para un país con enormes desigualdades de rendimiento de trabajo y de gran concentración de ingresos y riqueza, el fin de la política salarial y especialmente de la indexación salarial trajo repercusiones no despreciables para el proceso de reparto funcional de la renta. En relación con la política del salario mínimo ha sido recurrente la baja de su poder adquisitivo, a través de la disminución de su valor real en general, de su fijación regional, de la separación entre el valor mínimo nacional y del piso de provisión social, de la diferencia del mínimo del sector privado y del sector público, entre otras.1

Autores que reconocen el papel del salario mínimo en función protectora del límite de pauperización de los trabajadores, marcan como necesaria la adopción de una política pública que sea capaz de alterar las tendencias inherentes al funcionamiento del mercado de trabajo que inestabilizan la vida de los empleados y los costos de las empresas.2 Al contrario de lo que se podría imaginar, el contorno de la reciente polémica del salario mínimo parece ocurrir sin muchas referencias y apoyado en estudios profundizados sobre la actualidad del salario mínimo, sus repercusiones y posibilidades de superación en el medio y largo plazos.

En virtud de eso, se optó por tratar la temática de las políticas salarial y del salario mínimo sobre la defensa neoliberal en cinco partes. En la primera se analiza la reciente experiencia de finalizar la política salarial en Brasil, especialmente en un país de bajos salarios y de grave concentración funcional de la renta nacional, en cuanto a la segunda parte, se recuperan, rápidamente, los trazos principales de la experiencia de sesenta años de la política del mínimo en el país. En la tercera parte, son presentados algunos elementos de comparación internacional del salario mínimo, mientras en la cuarta parte se intenta describir al brasileño de salario base. En la quinta y última parte, se relaciona la presencia de un nuevo modelo económico con la situación del salario mínimo en la última década del siglo XX.

 

Fin de la política salarial en una economía de bajos rendimientos

Al contrario de lo observado en otras economías que avanzaron en su proceso de industrialización, Brasil permaneció siendo un país de bajos salarios. Por un lado, se puede constatar que la implantación de una amplia política salarial por el régimen militar de 1964, y que duró treinta años, no fue suficiente para evitar la apertura del abanico salarial ni tampoco para aumentar la participación del rendimiento del trabajo en la renta nacional.

En la mayoría de las veces, la política salarial terminó valorando mucho más la contención del rendimiento de los trabajadores, como forma de combatir el aumento de los costos de las empresas. A pesar de eso, también debe reconocerse que la política salarial representaba una oportunidad poco utilizada, especialmente en una economía de bajos salarios, de gran desorganización del mercado de trabajo y ausencia de relaciones de trabajo confiables entre trabajadores y empleadores.

Más allá de eso, no se debe olvidar que a pesar de la permanencia de una enorme cantidad de trabajadores recibiendo tan reducidas remuneraciones, la renta por brasileño fue multiplicada casi cinco veces entre 1940 y 1999. Con la desaparición de la política salarial y de la indexación salarial a partir de 1994, el rendimiento del trabajo dependió cada vez más de la dinámica del mercado del trabajo, así como de la acción sindical.

La política del salario mínimo, que podría tener un papel destacado, sigue desde los años 60s teniendo cada vez menor participación relativa en la renta por habitante. En 1957, por ejemplo, el salario mínimo anual llegó a representar 2.7 veces la renta per capita de los brasileños, mientras en 1999 significó apenas 28%, uno de los menores porcentajes desde 1940.

El mismo procedimiento ocurrió en la comparación entre la evolución del salario medio en la industria de transformación y el salario mínimo. En los años 50s, el salario mínimo llegó a representar casi el 90% del salario medio industrial, pero a partir de la década de los 60s, en el periodo del llamado “milagro económico” (1969-1973), hubo una caída en la participación relativa estimada de 55.8%.

Es importante también resaltar el profundo cambio en el patrón de política del salario mínimo ocurrido a partir de la interrupción del estado de derecho, en 1964. La derrota impuesta a la política activa del salario mínimo como política de sustentación de renta de los trabajadores de salario de base siguió invariable desde entonces, aún con el retorno al régimen democrático desde 1985 y a pesar de la existencia de un amplio conjunto de reglas de establecimiento de correlación de los salarios en cada fecha para tasarlos.

En esos términos, el factor político gana mayor importancia en la discusión al respecto de las razones del estado de bajos salarios y de pésima distribución de la renta en el país. Eso tiende a quedar más claro aún cuando se relaciona, a lo largo del tiempo, la cantidad de trabajadores de baja renta con el valor del salario mínimo real.

En el caso de que el salario mínimo hubiera mantenido el poder adquisitivo establecido en 1940 hasta el año 1998, la cantidad absoluta de trabajadores de salario mínimo sería mayoritaria en el total de la población ocupada. En 1940, por ejemplo, eran 10.2 millones de trabajadores los que recibían un salario mínimo ( 68.7% de la población ocupada), pasando a 12.1 millones en 1960 ( 42.6% de los ocupados) y a 39.6 millones en 1998 (56.5% de la población ocupada).

Como el salario mínimo no mantuvo el poder adquisitivo establecido en 1940, presentando una trayectoria de caída sustancial desde la década de los 60s, se puede ver que los salarios en general terminaron siendo un performanse menos regresivo que el valor real del piso nacional. De esa manera desde los años 60s es posible, aunque de manera artificial, que haya una disminución en la cantidad de trabajadores con salario mínimo en Brasil. En 1980, por ejemplo, el número de brasileños con rendimiento hasta el valor nominal del salario mínimo (que era 38.2% inferior al de 1940) fue de 13.6 millones, mientras en 1988 fueron 14.9 millones de trabajadores con rendimiento hasta el valor nominal del piso nacional (que era 73.4% inferior al de 1940). Así, la reducción relativa de los trabajadores de salario mínimo de 29.9% en 1980 a 21.3% en 1998 terminó siendo ilusoria, pues en el mismo periodo el mínimo perdió 57% de su valor real.

Por ser una economía de bajos salarios, no causa sorpresa la permanencia de elevada desigualdad de renta y enorme apertura en el abanico de salarios. Al analizarse la evolución de la distribución funcional de la renta, esto es, la participación del rendimiento del trabajo en el total de la renta nacional, se puede percibir el movimiento de concentración en otras formas de renta que no de trabajo, sobre todo desde los años 80s.

Entre las décadas de 1940 y 1950,
cuando prevaleció la presencia de una política de manutención – no de elevación – del valor real del salario mínimo, la participación del rendimiento del trabajo en la renta nacional se mantuvo relativamente inalterada. En los años 60s y 70s ocurrió una leve caída de la participación relativa del rendimiento del trabajo de manera paralela a la disminución del poder adquisitivo del salario mínimo. Ver Gráfica 27 en anexo 7.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, cuando la renta per capita nacional permaneció estancada, la caída en la participación relativa del rendimiento del trabajo en la renta nacional fue brutal, así como la reducción en el poder adquisitivo del salario mínimo. En 1998, la participación del rendimiento del trabajo en la renta nacional fue de 35.2% inferior a la de 1949, mientras la caída acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo es 37.1% en el mismo periodo.

 

Sesenta años de política de salario mínimo en Brasil

La política del mínimo en Brasil está completando 60 años de existencia. De la introducción del primer valor de salario mínimo (1940) hasta los días de hoy, la política del mínimo pasó por profundas modificaciones, sea respecto a su objetivo, sea en lo que se refiere a su resultado. Se puede destacar, por lo menos, la existencia de tres fases distintas en la conducción de la política del salario mínimo en el país: 1940-1951, 1952-1964 y después de 1964.

 

La primera fase: 1940-1951 

La primera fase corresponde al momento de la implantación y consolidación del valor del mínimo por el gobierno de Getúlio Vargas (Estado Nuevo, de 1937 a 1945) así como a la reacción de esa medida de intervención en el mercado de trabajo por el gobierno liberal de Gaspar Dutrra (1945-1950). Transcurrido un largo tiempo de negociación política – iniciado en plena década de 1930 -, la fijación del primer salario mínimo el 10 de mayo de 1940, representó una victoria de las fuerzas comprometidas con el movimiento de industrialización nacional, sustentado en torno de la construcción del mercado interno de consumo.

La acción del poder público encaminada a la institución del valor del mínimo nacional, más allá de favorecer al movimiento de industrialización (estructuración de las remuneraciones), desempeñó un papel importante en la regulación del mercado del trabajo, como mecanismo de protección de los trabajadores de salario de base. Según la interpretación de Oliceira Vianna (1951), uno de los ideólogos de la legislación laboral de Vargas, la creación del salario mínimo tuvo por objetivo la corrección de las injusticias promovidas por el desarrollo industrial, incorporando al mercado de consumo a aquellos que se encontraban en el límite de la pauperización. Pero el salario mínimo era limitado para los empleados con cartera de trabajo en las ciudades y se diferenciaba regionalmente. En los centros industriales como Sao Paulo y Río de Janeiro, que albergaban cerca del 50% del total de los empleos urbanos registrados, el valor del primer salario mínimo quedó debajo de la media de los menores salarios, mientras en el resto de las ciudades, el mínimo legal fue superior a la media de las menores remuneraciones.

La fijación de un piso con valor elevado para el acceso al mercado de trabajo organizado, durante los primeros años de la década de 1940, atendía las necesidades esenciales del trabajador, sin embargo, se estima que para los gastos familiares representaba apenas el 40% del costo total. En la segunda mitad de los años 40s, el poder de compra del mínimo cayó rapidamente.3

Con el fin del autoritarismo representado por el Estado Nuevo, la victoria de la coalición conservadora en 1946 concedió mayor peso a las fuerzas de mercado para la determinación de los salarios. Para que eso fuera posible, el gobierno Dutra utilizó la intervención en los principales sindicatos, la persecución a líderes políticos y la fusión de partidos políticos (PCB). Aún cuando se retomó el régimen democrático y la definición constitucional (1946) del salario mínimo con dimensión familiar, en la práctica se percibió que su poder adquisitivo (1944-1951) correspondió solamente a dos tercios de las necesidades estimadas para un individuo y 24% para una familia. Durante esa fase había diecisiete niveles de salario mínimo en Brasil.

 

La segunda fase: 1952-1964 

Desde el inicio de la década de 1950 hasta la primera mitad de los años 60s, el poder adquisitivo del salario mínimo recuperó las pérdidas anteriores y pasó a incorporar parte de las ganancias de productividad nacional. La existencia de coaliciones políticas que incluían los intereses de las clases subalternas permitió que el salario mínimo llegara a representar, a la mitad del periodo 1952-1964, 2.4 veces la renta per capita, mientras en el periodo 1944-1951 representó, en promedio, 1.3 veces el PIB per capita.

La fuerte actuación sindical durante los años 50s, a pesar de su ausencia en las fábricas, permitió el desarrollo de campañas nacionales en defensa del aumento del salario mínimo, como forma de posibilitar el aumento del conjunto de los salarios urbanos. La presencia de intereses sociales organizados representados en la agenda del Estado fue resultado del desarrollo del llamado “sindicalismo populista”. Para los empleos urbanos con cartera asignada hubo la protección de los trabajadores de salario de base, mientras los ocupados en el medio rural permanecieron alejados de los efectos directos por el aumento del valor del mínimo. A pesar de eso, la segunda fase de la política de salario mínimo (1952-1964), estuvo de acuerdo con el patrón de desarrollo del sector de bienes de consumo no perdurables. A través de la decisión política de aumento del valor del salario mínimo urbano fue posible la generalización de una norma de consumo adecuada a la estructura productiva de bienes y salarios (Souza y Tavares, 1981).

El valor del mínimo registró tasas de crecimiento que permitieron atender las necesidades esenciales individuales de consumo, aunque durante el movimiento de fuerte industrialización y urbanización el costo de reproducción del trabajador adulto aumentó al incorporar nuevos gastos, hasta entonces distantes del asalariado urbano (transporte, renta, medicinas, etc). Comparando el periodo 1952-1964 con los años 1944-1951, se puede observar un encarecimiento, en promedio, de 12.2% en el costo de reproducción del trabajador asalariado, así como una evolución positiva del salario mínimo en los años 1952-1964. Durante ese periodo, el salario mínimo registró 29 niveles distintos en Brasil. Ver Gráfica 28 en anexo 7.

 

La tercera fase: después de 1964 

La tercera fase de conducción de la política de salario mínimo inició con la interrupción del régimen democrático, en 1964, cuando el valor del mínimo dejó de estar vinculado directamente al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Aunque permaneciera el mecanismo de intervención del poder público en el mercado de trabajo, la política del mínimo, en lo que se refiere a la protección de los trabajadores de salario de base, estuvo alejado de la atención de los objetivos establecidos por la legislación de 1940. En los años 1965-1974, por ejemplo, el valor del mínimo registró una caída en su poder adquisitivo de 33.5% atendiendo tanto al sustento de una base de apoyo político del régimen militar (pequeños negocios) como a la composición de las medidas ortodoxas del combate a la inflación.

En virtud de eso, la incorporación gradual de los empleados rurales y por cuenta propia en las legislaciones civil y laboral ocurrió de manera incompleta y precaria. Los trabajadores rurales tuvieron derecho a la remuneración mínima y, parcialmente, a los demás derechos laborales a partir de la década de 1960, mientras las empleadas doméstica
s solamente fueron incorporadas plenamente con la Constitución de 1988.

Los bajos valores para los salarios mínimos fueron acompañados de los beneficios provisorios. Frente a la política de constreñir el valor del mínimo y la flexibilización del régimen de contratación y despido de mano de obra (FGTS), las políticas de regulación del mercado del trabajo se deslindaron del compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Se observa así, el fortalecimiento de las fuerzas del mercado, especialmente en lo que se refiere al movimiento de generalización del mínimo para el campo y la unificación nacional de su valor.

La política del salario mínimo, a partir de la segunda mitad de los años 60s, fue pasiva frente al proceso de generalización de las legislaciones laboral y civil a los trabajadores rurales. En otras palabras, el salario hora-hombre del campo se aproximó al mínimo más por la caída del poder adquisitivo del salario mínimo que por la elevación acentuada de su remuneración. De esa manera, la mayor cantidad de empleados de salario mínimo y en el régimen formal de trabajo dejó de provocar modificaciones profundas en el nivel de remuneración de los nuevos segmentos incorporados al mercado de trabajo.

En el mismo sentido no se verificó el aumento del costo del trabajo propagado por los conservadores, a pesar de la formalización de las relaciones de trabajo que implican la introducción de adicionales sobre el salario base (contribuciones sociales y derechos laborales). En gran medida, porque el movimiento de unificación nacional del salario mínimo ocurrió paralelamente a la caída del poder adquisitivo de mayor valor que el mínimo, haciendo que permaneciera inalterada la situación de bajos salarios. Mientras en Sao Paulo el salario mínimo redujo en 48% su poder adquisitivo en los años 1960-1984, en Bahía, en el mismo periodo, hubo un aumento de 2.4%. En loa años 60s había diecisiete niveles distintos de salario mínimo, reduciéndose a 5 en los años 70s y a uno a partir de mayo de 1984.

Con esto, la unificación nacional del salario mínimo prácticamente no alteró el nivel de diferenciación geográfica de remuneración de los trabajadores de salario de base, ya que el mayor valor del salario mínimo se adecuó al menor poder adquisitivo del mínimo practicado en las regiones tradicionalmente de bajos salarios. Ese movimiento favorable a las regiones atrasadas y a las empresas de baja productividad permitió mantener intacta parte de la base de sustentación política del régimen militar (pequeños negocios y oligarquías regionales). Podemos concluir que el salario mínimo poco contribuyó para la reducción de la heterogeneidad del mercado del trabajo.

Aún en los años del “milagro económico” (1968-1973), cuando el país registró significativas tasas de crecimiento de empleo y del producto, el poder adquisitivo promedio del mínimo nacional siguió decayendo. Esto, de cierta manera, confirma la tesis de que, a partir de 1964, no fue por razón económica que el salario mínimo perdió poder adquisitivo. Aún hoy en día, los argumentos de naturaleza económica han sido utilizados por los conservadores para evitar cualquier aumento real del valor del mínimo.

Con relación al periodo 1975-1982, por ejemplo, el salario mínimo presentó, por primera vez, en términos de media anual desde 1940, valores anuales inferiores a la renta per capita. Desde 1975, el salario mínimo anual fue inferior a la renta nacional por habitante, mientras en los años anteriores el salario mínimo anual alcanzaba valores nominales superiores a la renta nacional dividida por el número de habitantes.

En el siguiente periodo (1982-1999), la tendencia a la caída del valor real del mínimo no fue alterada. Representando, tan sólo, en promedio, cerca del 25% de la renta per capita, 50% del costo de las necesidades mínimas del trabajador individual y 16% del costo familiar, el salario mínimo continuó alejándose de los objetivos para los cuales había sido creado en 1940. 

En los años 90s, el retiro adicional de la política de salario mínimo se dio aliada al fin de la política salarial y al mayor desregulamiento del mercado de trabajo, lo que proporcionó el establecimiento de menor poder adquisitivo del mínimo nacional en los últimos sesenta años. A pesar del no compromiso de la actual política de salario mínimo con la adecuada reproducción de la fuerza de trabajo, su valor aún continúa representando, en forma figurada, el centro de gravedad de las remuneraciones de los empleados de salario de base. Por ser la remuneración de ingreso en el mercado de trabajo organizado y la base de la jerarquía de remuneraciones de gran parte de empresas, el valor del mínimo continúa siendo un referente de salario de los empleados secundarios (no jefes de familia, mujeres y jóvenes), de los empleos algo calificados en el inicio de la carrera y, sobre todo, de trabajadores (jefes de familia) sin calificación.

 

Elementos de comparación internacional del salario mínimo

La experiencia internacional del salario mínimo revela la permanencia de su papel destacado en la regulación económica y social. Más allá de la garantía de un escalón mínimo para el establecimiento de la remuneración de los trabajadores de salario de base, comprende también el instrumento fundamental en la repartición de la renta, en la limitación de la desigualdad de rendimiento y en la protección de los trabajadores insuficientemente cubiertos por las negociaciones colectivas de trabajo.

Después del vendaval de las tesis neoliberales en las economías desarrolladas, resurgió con fuerza el reconocimiento de que la defensa del salario mínimo es fundamental como medida de lucha contra las desigualdades que aumentaban (OCDE, 1998). De esa manera, se vuelve al consenso construido en 1929 entre los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, así como a la promulgación de diversas convenciones sobre el salario mínimo.4

Aún prevaleciendo una diversidad relativamente grande de las prácticas institucionales en los países sobre el establecimiento del salario mínimo, se puede ver su evolución más reciente sobre su poder adquisitivo. En un conjunto de seis países, se ve que desde 1975, Brasil presentó una trayectoria muy diferente en el poder adquisitivo del salario mínimo.

Frente al escalón de renta per capita tan diferenciado, se puede constatar, por otro lado, que la participación del salario mínimo anual se encuentra sometida a la existencia de dos límites: el inferior y el superior. Entre los países desarrollados, los Estados Unidos representan el ejemplo de límite inferior de salario mínimo en relación con la renta per capita, estimado en 39% en 1999, y Dinamarca representa el ejemplo del límite superior, estimado en 66% en 1999.

Para Países no desarrollados, el límite superior del salario mínimo se encuentra en países como Egipto, con un salario mínimo en relación con la renta per capita estimado en 66%, mientras Brasil representa el ejemplo del límite inferior, estimado en 28%, de acuerdo a la información disponible en 1999 de un conjunto de países. A pesar de poseer una renta per capita mayor que países como Perú, Bolivia y Egipto, Brasil se destaca por tener una baja participación del salario mínimo anual en el PIB por habitante. No debe sorprendernos, por lo tanto, el hecho de que el país es conocido internacionalmente por las enormes diferencias en los ingresos de los trabajadores.

Comparando el valor del mínimo con la jerarquía salarial de los trabajadores ocupados en el sector industrial, se ve que las diferencias son desorbitantes en Brasil. La diferencia entre el salario promedio obrero y el salario promedio administrativo en la industria de transformación brasileña es de 9.4 veces, mientras en Alemania es de 1.6 veces, de
2.8 veces en Francia, de 2.1 veces en Holanda, de 1.8 veces en Dinamarca y de 1.7 veces en Italia (Santos y Pochmmann, 1996).

Tabla10.- Comparación del Producto Interno Bruto per capita y su relación con el salario mínimo en países seleccionados (1999)

Países

Renta per capita en dólares

SM/PIB per capita en %

Dinamarca

33,014

66.2

Estados Unidos

32,856

38.7

Suecia

26,220

39.7

Francia

24,619

49.6

Inglaterra

23,784

50.7

España

15,289

54.9

Argentina

7,921

42.9

Uruguay

6,032

47.5

México

4,365

41.4

Venezuela

4,173

51.3

Brasil

3,396

28.6

Perú

2,460

35.4

Egipto

1,180

63.1

Bolivia

985

54.8

Fuente: FMI; OCDE; FIBGE

Por otro lado, la capacidad sindical de establecer el piso salarial de la categoría profesional es fundamental en el dimensionamiento del intervalo entre el mayor y el menor salario pagado por el empleador. El salario mínimo, obviamente, contribuye con el sindicato en la lucha por el aumento del piso salarial, en la medida que establece el límite inferior de contratación del trabajador por parte del empleador.

Conforme a un estudio de Dieese, la capacidad sindical en la definición del piso salarial de las categorías no consigue ir mucho más allá del salario mínimo oficial. En 1996, por ejemplo, 59.2% de los pisos salariales de los sindicatos seleccionados tenían su valor por debajo de 2.5 salarios mínimos. Considerando el valor real del salario mínimo de 1940, que en 1996 equivalía en términos reales a 4.0 SM (salarios mínimos) nominales del mismo año, solamente 11% de los pisos salariales estarían por encima del valor del mínimo nacional.

 

El trabajador actual de salario mínimo en Brasil

El segmento de la Población Económicamente Activa que recibe el salario mínimo comprendió, en 1998, 14.9 millones de brasileños. Del conjunto de trabajadores con rendimientos (70 millones), 21.3% tenían remuneraciones mensuales equivalentes hasta el valor del salario mínimo.

La remuneración recibida equivalente al salario mínimo no sólo incluye al trabajador asalariado, sino hasta empleadores que reciben el valor del salario mínimo en Brasil. En el año de 1998, del total de 14.9 millones de brasileños con rendimientos equivalentes al salario mínimo, 7.8 millones eran hombres (52.3%) y 7.1 millones eran mujeres (47.7%). El sector urbano poseía 10.6 millones de brasileños con salario mínimo (71.1%), mientras el sector rural tenía 4.3 millones de personas con rendimiento equivalente al piso nacional (28.9%).

Con relación al universo de trabajadores con salario mínimo, se puede destacar la presencia de 2 millones de personas que pertenecían al sector industrial (13.4%); 1.6 millones al comercio (10.6%); 6.6 millones a los servicios privados (44.2%); 442 mil al servicio público (2.9%) y 4.3 millones al sector agrícola (28.9%).

La región Noreste concentra más de la mitad de los trabajadores de salario mínimo en Brasil. En 1998, la segunda gran región geográfica en cantidad de trabajadores con salario mínimo era la Sureste con casi 25% del total, seguida de la región Sur (11.3%).

Del conjunto de trabajadores con salario mínimo, apenas 2.6 millones contribuyen para la Provisión Social (17.4%), siendo 1.9 millones de asalariados con registro formal (12.7%) y 0.7 millones autónomos y empleadores (4.7%). De esa forma, 12.3 millones de brasileños con salario mínimo no contribuyen a la Provisión Social (82.3%) y 12.3 millones de brasileños se encuentran fuera del marco legal del mercado de trabajo (82.6%).

Para los trabajadores asalariados, se ve que el salario mínimo se encuentra más concentrado para las mujeres sin cartera asignada, sobre todo en el empleo doméstico que representa el 76% de los 5 millones de sus puestos de trabajo informales. En el empleo público, también es la mujer quien posee mayor participación relativa en los puestos de trabajo con salario mínimo.

De los 14.9 millones de brasileños con salario mínimo, 7 millones tenían hasta 3 años de escolaridad (47.0%), de ellos 3.6 millones con menos de 1 año de instrucción (24.1%), mientras 888 mil tenían más de 11 años de escolaridad (6.0%).

Además se observa la presencia de extensas jornadas de trabajo realizadas por los trabajadores con salario mínimo. La calidad de los puestos de trabajo y su inestabilidad, así como el bajo pago, convierten a la jornada de trabajo prolongada, en una forma de compensar la baja productividad por el lado patronal más allá de una vía de complementación de la reducida remuneración mensual por el lado laboral. En 1998, por ejemplo, entre los 14.9 millones de trabajadores de salario mínimo, había 5.5 millones que trabajaban más de 44 horas semanales (36.9%).

 

Nuevo modelo económico y salario mínimo

Entre 1940 y 1964, el valor del salario mínimo correspondió, en mayor o menor medida, al costo de vida de los trabajadores de salario de base, teniendo en las comisiones tripartitas de salario mínimo el instrumento de representación política de los intereses organizados de la sociedad. A partir del régimen militar, la política de salario mínimo fue profundamente alterada, vaciándola de su principal objetivo de guardar relación con la canasta básica de los trabajadores de menor ingreso.

La disminución del valor del mínimo nacional fue utilizada en los años 60s tanto para combatir la inflación como para favorecer el ajuste exportador en el inicio de la década de 1980, a través de la reducción de los costos de las empresas. Con la introducción del modelo económico en 1990, la disminución del valor del salario mínimo ha sido utilizada para auxiliar el ajuste fiscal. En forma recurrente ha formado parte de la retórica conservadora de las autoridades gubernamentales para impedir la ampliación de los gastos de Provisión Social.

Por eso, la evolución del salario mínimo real fue negativa, acumulando caída en su poder adquisitivo estimada en 36.2% en comparación entre los años 1989 y 1999.5 Esa pérdida ocasionada en el poder adquisitivo del salario mínimo anual terminó por reflejarse invariablemente, en mayor o menor grado, sobre otras variables socioeconómicas.

En relación, por ejemplo, al comportamiento de la pobreza y de la desigualdad de la renta fue posible identificar una asociación directamente inversa a la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo. Por otro lado, en cuanto al empleo, se percibe una relación directa y en el mismo sentido de la evolución del valor real del salario mínimo, conforme se puede observar enseguida.

En 1999, el salario mínimo equivalía a 28.6% de la renta per capita nacional, mientras en 1989 llegó a representar casi 44%. La disminución en la participación relativa del salario mínimo en la renta por habitante ocurrió porque hubo una caída estimada de 9.4% en el PIB per capita, entre 1990 y 1992, mientras el salario mínimo real cayó 36.2%. Ver Gráfica 29 en anexo 7.

En la fase de recuperación del PI
B per capita, estimada en 13.5% entre 1993 y 1997, el salario mínimo real acumuló una leve disminución de 3.0% en su poder de compra. En los años 1998 y 1999, frente a la nueva caída de la renta per capita de 2.1%, el salario mínimo registró un aumento de 2.6% en su poder adquisitivo.

La caída en el empleo formal fue menos acentuada que la disminución del salario mínimo real en los últimos diez años. Para una disminución de 18.1% en el empleo formal, el salario mínimo registró una reducción de 36.2%. Coincidencia o no, equivale el doble de la disminución del salario mínimo ocurrida entre 1989 y 1999.

Al mismo tiempo en que se registró la reducción del salario mínimo real, ocurrió la expansión de las ocupaciones consideradas informales (asalariados sin registro formal y trabajo autónomo). Así, los datos respecto de la evolución de la ocupación desprenden una situación inversa entre la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo y las ocupaciones informales y directas y en el mismo sentido entre el salario mínimo y el empleo formal.

También en relación al comportamiento del desempleo se puede observar la presencia de evolución inversa a la trayectoria del poder adquisitivo del salario mínimo. Entre 1989 y 1999, el índice de desempleo nacional fue multiplicado 3.5 veces, mientras el salario mínimo acumuló una pérdida real de 36.2 %.

En los años 90s, la evolución de la pobreza se comportó de manera circular, o sea, hubo aumento relativo de la cantidad de pobres entre 1990 y 1993 y entre 1996 y 1999, mientras en el periodo de 1994 a 1996 se registró una caída. En la fase en que ocurrió la disminución de la desigualdad de la renta, el poder adquisitivo del salario mínimo se mantuvo casi inalterado, mientras en la fase de aumento de la diferencia de los rendimientos, el poder adquisitivo del mínimo cayó acentuadamente.

En relación con la desigualdad, se observa que durante la recesión económica, ocurrida entre 1990 y 1992, tanto la desigualdad de renta como el valor real del salario mínimo disminuyeron. Entre 1994 y 1996, con la recuperación del nivel de actividad y la estabilidad monetaria, la desigualdad de renta volvió a decrecer, mientras el salario mínimo sufrió un leve aumento (0.5%). En los años 1998 y 1999, cuando la desaceleración económica se apoderó del país, la desigualdad volvió a crecer ligeramente, junto con la reducción de 2.1% en el poder adquisitivo del salario mínimo.

Es interesante notar que durante los años 90s, la recaudación líquida de la Provisión Social fue positiva, siendo, en 1999, 55% superior a la de 1989. En el mismo periodo, el valor real del salario mínimo fue reducido en 36.2%.

Durante la recesión económica del gobierno Collor, la recaudación líquida de la Provisión Social en Brasil fue decreciente durante la recesión, sin embargo con la recuperación económica post-1992 la recaudación creció significativamente en términos reales. Aunque el comportamiento del empleo formal no ha sido positivo, la provisión social aumentó sus servicios, operando desde 1994 con déficit.

Del conjunto de jubilados y pensionados de la Provisión Social, estimado en 18.8 millones de brasileños en 1999, se constata que 66.9% reciben hasta un salario mínimo. Se ve que frente a la disminución del salario mínimo practicado en la última década del siglo XX ni la reciente reforma providenciaria se muestra suficiente para resolver sus problemas estructurales. No sería, por tanto, la permanencia de la disminución del valor del salario mínimo lo que resolvería la crisis de Provisión Social en Brasil. Solamente retomando el crecimiento sustentable, con la incorporación de los trabajadores de fuera del sistema providenciario, que en 1988 significaban 51 millones de un total de 70 millones de ocupados, se podrán crear condiciones más satisfactorias para la estabilización de los gastos superiores a los servicios. Ver Gráfica 30 en anexo 7.

También en cuanto a la evolución de la carga tributaria bruta, con relación al comportamiento del Producto Interno Bruto brasileño, se observa un aumento significativo, estimado en 32.5% entre 1989 y 1999. Pero el aumento de los servicios del poder público no fue lamentablemente acompañado por la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo.

De los 5.1 millones de funcionarios públicos en 1997, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, sólo 378,700 (7.4%) recibían hasta un salario mínimo. En la Unión, el peso de los funcionarios hasta un salario mínimo era de 3.2%, mientras en el conjunto de los estados era de 3.5% y en la totalidad de los municipios de 13.5%. Es importante destacar que en la Unión trabajan 12.1% de los funcionarios públicos del país, y en los estados la cifra es de 47.2% mientras en los municipios es 40.7%.

 

Salario mínimo e implicaciones

De acuerdo con la Constitución Federal de 1988, el salario mínimo debe ser fijado por ley, nacionalmente unificado, capaz de atender las necesidades vitales básicas tanto del trabajador como de su familia, con vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y provisión social, con reajustes periódicos que preserven el poder adquisitivo, siendo prohibida su vinculación para cualquier fin. A pesar de estar previsto en el artículo 7º, inciso IV de la Constitución Federal, no hay dudas acerca de su incumplimiento dado poder adquisitivo del salario mínimo actual.

Para atender el consumo de 13 alimentos básicos para una sola persona, el salario mínimo es suficiente. Pero para una familia y la atención de los demás gastos definidos por la Constitución Federal, se ve su clara insuficiencia. En Sao Paulo, por ejemplo, el valor de una canasta básica compuesta de 13 tipos de alimentos equivalía, en 1999, a casi 86% del salario mínimo líquido.

Frente a esta triste realidad, la política de recuperación del salario mínimo es urgente y fundamental para un conjunto no despreciable de trabajadores. Son cerca de 28 millones de personas directamente relacionadas con el valor del salario mínimo en Brasil, siendo 12.6 millones de jubilados y pensionados, 14.9 millones de trabajadores activos y de ese total 1.9 millones de asalariados con cartera asignada.

Del conjunto de trabajadores activos que reciben el salario mínimo, la inmensa mayoría pertenece al sector privado (14.5 millones o 97.4%), pues menos de 380,000 (2.6%) se encuentran en el sector público. Se equivocan, por tanto, aquellos que creen que la resistencia al aumento del salario mínimo se encuentra en el sector público.

Se debe resaltar que el objetivo de la política de salario mínimo es procurar contrarrestar las tendencias del mercado de trabajo que llevan inexorablemente a la disminución de los salarios y a la mayor desigualdad de los ingresos. El centro de la política del salario mínimo debe ser, por lo tanto, el mercado de trabajo.

Conforme se presentó anteriormente, la disminución del valor del salario mínimo acompaña al aumento de la pobreza, de la desigualdad del ingreso, de la informalidad y del desempleo. Contrariamente a lo que muchas veces se difunde en el país, el aumento real del salario mínimo puede actuar contra el desempleo y favorecer la expansión del empleo formal, la disminución de la desigualdad de ingreso y la pobreza.

En Brasil se puede pagar un salario mínimo mayor. Recordemos que ya lo hizo en el pasado reciente, cuando la economía era menos eficiente y competitiva. Aunque posible, la lucha en torno del valor del salario mínimo no deja de revelar sólo parte de los intereses políticos que, desde la derrota de la conducción de la política del salario mínimo activa en 1964, continúan influenciando la decisión respecto al piso mínimo en la economía conformada encima de los bajos salarios.

Para el ámbito de las políticas sociales, en el caso específico de la provisión social, el valor del salario mínimo es decisi
vo. Así como para los trabajadores activos, el aumento del valor real del salario mínimo no representa sólo el costo (visión estática), sino sobretodo renta (visión dinámica) y, por lo tanto, consumo. Como el consumo agregado en el país formado de bajos salarios representa cerca de 82% del Producto Interno Bruto, el adicional en el valor del mínimo nacional impone no sólo el crecimiento económico como un cambio en el actual modelo económico, a través de la valoración de la producción y del empleo nacional, sino la reducción de la pobreza y de la absurda concentración de la renta.

1 La génesis de la manifestación contraria al salario mínimo en Brasil puede ser encontrada en Gudin, 1954; Kingston, 1960; Kafka, 1954.

2 Sobre la naturaleza de la visión progresista del salario mínimo en Brasil, ver Ianni, 1986; Rangel, 1963; Tavares, 1985.

3 Mayores detalles pueden obtenerse en Pochmann, 1994.

4 En 1928 fue establecida la convención número 26 sobre los métodos de fijación del salario mínimo, mientras en 1951 nació la convención 99 sobre el salario mínimo en la agricultura. Después, en 1962, vino la convención 117 sobre la política social y el salario mínimo y la convención 131, en 1970, sobre la generalización del salario mínimo.

5 Se utilizó como dato el Indice de Costo de Vida de Dieese.

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