I. Las Empresas Sociales como alternativa para el pequeño cafeticultor

Las constantes crisis de la cafeticultura nacional y mundial, han vuelto prácticamente incosteable esta actividad para el sector de campesinos minifundistas, que por operar con una lógica de subsistencia, aun mantienen sus unidades productivas, pero ante el nuevo marco jurídico que ofrecen las reformas al artículo 27 constitucional es posible que en el mediano plazo, muchos de los pequeños productores vendan o renten su parcela al empresario o al dueño del capital usurario.

En esta perspectiva se pueden plantear dos ideas a manera de hipótesis: la primera consiste en que, de agudizarse la crisis, la economía campesina va a tender a desaparecer gradualmente (migración hacia centros urbanos); la segunda es su reorganización bajo forma de asociación entre campesinos (empresas sociales*) o entre empresarios y campesinos (agroasociaciones), donde las condiciones ecológicas, técnicas y socioeconómicas garanticen su viabilidad[1]. En el presente apartado analizaremos únicamente esta segunda opción.

Uno de los caminos que pueden seguir los campesinos en general, y los cafeticultores en particular para mejorar gradualmente sus niveles de vida, es la conformación de empresas u organizaciones sociales, mismas que pueden ser autogestionarias* o creadas por grupos de diversa naturaleza, como partidos políticos, organizaciones no gubernamentales e incluso agencias internacionales.

A pesar de su heterogeneidad, muchas de estas empresas tienen en común que sus socios las inician con entusiasmo y visión de poder mejorar sus condiciones de vida a partir de su propio esfuerzo. Los campesinos se organizan en empresas para poder cubrir necesidades económicas que no pueden satisfacer totalmente en forma individual. Se agrupan para obtener facilidades, servicios y bienes que no se encuentran disponibles, o si lo están, resultan demasiado caros para cada socio como individuo [2].

Trabajar en colectivo significa construir un sujeto social que organice el trabajo y tome decisiones sobre cómo, cuánto y cuándo producir, así como distribuir los ingresos. Significa reconocer intereses grupales y objetivos comunes que pueden alcanzarse mediante la acción conjunta; y pasar de un nivel individual de decisiones a un ámbito colectivo que limita la libertad individual en aras de un bien común[3].

Junto a lo anterior, la empresa social, por su carácter, no puede plantearse sólo en términos de rentabilidad y competitividad, como cualquier otra empresa, sino que desde un principio asume objetivos, mas o menos extensos, mas o menos ambiciosos, de bienestar colectivo, de ayuda mutua, de cooperación y servicio social[4].

De esta manera, podemos ver que las empresas sociales se organizan generalmente en torno a un objetivo de corto o mediano plazo, vinculado con el bienestar de sus agremiados y que responde a una problemática determinada. Entre otras, resolver necesidades de crédito, servicios o de otro tipo (como la luz, agua potable, alimentos básicos) de los que se carece o que se consiguen muy caros, producir colectivamente algo para tener mayor producción de la que se obtendría si se trabajara individualmente; obtener más fácilmente los insumos que el proceso productivo requiere; conseguir mejores precios para sus productos, etcétera.

Los impulsores del desarrollo de las organizaciones sociales asumen que las personas, sin importar qué tan precarias sean sus condiciones materiales, poseen recursos substanciales: inteligencia, imaginación, la habilidad de sus manos, conocimiento y entendimiento de su contexto local, el deseo y persistencia para mejorar su situación y la capacidad para organizar y llevar a cabo acciones colectivas[5].

Como podemos ver, este tipo de organizaciones abarca un gran número de grupos sociales y actividades, por lo que en este apartado daremos una reseña general sobre estos actores sociales, misma que luego se centrará en el sector de pequeños cafeticultores organizados.

Antecedentes

La existencia de empresas sociales atraviesa la historia del capitalismo, para encontrar sus raíces en las diversas formas de organización productiva y de carácter comunitario, propias de las sociedades tradicionales precapitalistas. Sus orígenes han de encontrarse en los gremios, los talleres artesanales, las formas de propiedad comunal, y los sistemas indígenas de trabajo comunitario, entidades económicas que tienden a ser desplazadas por la empresa privada capitalista, con su lógica de acumulación, competencia y provecho individual. Frente a esta, la empresa social, en su vertiente moderna, aparece como una alternativa distinta, que pretende preservar las viejas solidaridades que el capital va descomponiendo y establecer nuevos vínculos de cooperación y de trabajo colectivo entre los ciudadanos[6].

El nacimiento y proliferación de las organizaciones sociales en Latinoamérica se localiza a principios de los años 80, y son fuertemente asociadas con la transformación en el rol de la Iglesia Católica en numerosas naciones del Continente: la división entre los sectores ortodoxo y el identificado con la Teología de la Liberación surgido del Concilio Vaticano II en 1962[7].

Aunque en nuestro país también se sintió la influencia de la Iglesia, teniendo ejemplos claros en los estados de Oaxaca y Chiapas, en lo referente a procesos organizativos populares una de los antecedentes para la formación de auténticos movimientos autogestivos lo encontramos en la CNC, que manejaba la representación campesina en los recuentos para obtener permisos de exportación y el acceso a las líneas de crédito.

Muchos de los integrantes de la CNC estaban constituidos en Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC[8]), las que contaban con líneas crediticias, beneficios, y canales de comercialización, de manera que operaban como empresas campesinas. Llegaron a constituirse ARIC regionales logrando elevar el nivel de organización y participación de algunos sectores de campesinos, lo cual dio pié a la etapa de formación de organizaciones autónomas.

Junto a las anteriores, este proceso organizativo encuentra otro antecedente en algunas políticas gubernamentales de los años setenta, cuando el movimiento campesino se dinamizó al influjo de las medidas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por los precios pagados en el campo a los productores agrícolas.

Proliferaron entonces las organizaciones locales y regionales independientes iniciando una nueva etapa de expansión del movimiento campesino, de tal manera que a principios de los años ochenta se pudieron establecer conexiones entre las asociaciones campesinas a lo largo del país. Surgieron así formas más elevadas de organización, que coordinaron esas relaciones y lograron en ocasiones acciones conjuntas, también avanzaron en la identificación de los principales objetivos comunes en el ámbito nacional. Lograron con ello ejercer mayor presión sobre las instancias gubernamentales para que las medidas de política agraria mitigaran la situación desesperada del campesinado ante la agudización de la crisis.

Se formaron entonces la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), después la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP).

Sin embargo, algunas organizaciones de este tipo tuvieron una vida efímera ligada a la coyuntura particular que las hace surgir. Las o
rganizaciones que logran per
sistir durante todo este periodo de movilizaciones son las que han podido presentar alternativas de lucha para cada etapa distinta. Sin embargo, prácticamente en todos los casos la disminución en la presión por la tierra ha significado la disolución de las formas orgánicas del movimiento[9].

Aunado a lo anterior, algunas ARIC que lograron mantenerse por más tiempo tenían un funcionamiento exclusivamente cupular, por lo que los pequeños productores participaban sólo en la medida en que "confiaban" su producción a dichas ARIC. La mayoría daba este único paso elemental sin otro compromiso o implicación personal o colectiva. Aunque las ARIC oficialistas (Misantla, Plan de Arroyo y Tlapacoyan por ejemplo) no responden a los criterios de verdaderas organizaciones de productores, no dejan de ser sus portavoces, protagonistas esenciales (¡en tanto únicos!) de los procesos de transformación en el campo. Así, más que una alternativa de organización para el campesino, estas ARIC fueron otro punto de acopio, a la vez que interlocutores que, en un primer momento, llegaron a ser capaces de traducir y transmitir algunas de las aspiraciones y preocupaciones del campesinado hacia las esferas superiores de decisión[10].

En los años ochenta, la crisis que sufría el país obligó, entre otras medidas, a estabilizar la economía mediante el saneamiento de las finanzas estatales, con la consecuente reducción de recursos públicos para desarrollo rural. En estas circunstancias, fue imperativo crear estrategias alternativas para recuperar el crecimiento del sector agropecuario, por lo que las asociaciones productivas en el campo fueron adquiriendo mayor relevancia en la definición de la política de modernización rural.

Durante el periodo del presidente Salinas de Gortari ya se planteaba a través del Programa Nacional de Modernización del Campo que una de las columnas vertebrales del proyecto de modernización del campo sería la profunda transformación de la partición estatal y el nuevo papel de los organismos públicos en la sociedad rural. La finalidad era que los productores fuesen el factor determinante sobre las condiciones de producción y vida en el campo.

Para llevar adelante su política de modernización, el gobierno salinista impulsó las formas de asociación entre el campesinado y el capital privado mediante diversas reglamentaciones y modificaciones al artículo 27 Constitucional, donde tienen una gran importancia los cambios en la tenencia de las tierras ejidales.

La idea de promover proyectos productivos en el campo, derivados de la asociación entre productores del sector social y empresarios privados, fue justificada por el gobierno por la necesidad de apoyar a los productores del sector social para que desplieguen y aprovechen libremente todo su potencial productivo. Lo anterior constituye una parte fundamental de las reformas al ejido, que pretenden recuperar la rentabilidad de la agricultura del sector social[11].

Junto a lo anterior, las justificaciones económicas para dichos cambios fueron la reorientación de la política económica hacia el mercado, la apertura comercial y liberalización paulatina con Norteamérica, aunados a la reducción de apoyos del Estado y la fuerza competitiva de los productores agropecuarios de otros países, lo que entre otras cosas implica la necesidad de una mayor integración horizontal y vertical en la producción nacional. Así, se busca reducir los costos de los recursos y aprovecharlos con la máxima eficiencia posible. También se intenta reducir al mínimo el riesgo inherente de los negocios, que en los sectores agropecuario y agroindustrial esta sujeto a grandes variaciones de precios y demanda, pero ahora articulándose a rendimientos, productividad y precios estables en los mercados y ya no a los apoyos y protección del Estado[12].

En lo que respecta al sector cafetalero en particular, encontramos sus antecedentes organizativos en los años treinta, cuando en México ya existían asociaciones regionales de cafeticultores que ante el deterioro de los precios internacionales registrados antes de la segunda Guerra Mundial, resintieron aún más las imposiciones fiscales. Por esta causa, en 1937 se constituyeron en la Comisión Permanente de Cafeticultores de la República Mexicana, que agrupó principalmente a las asociaciones de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El objetivo era presionar al gobierno federal para obtener medidas fiscales más leves y negociaciones más activas dentro de los foros internacionales que perseguían en ordenamiento del movimiento internacional del grano[13]. En este punto sólo cabe añadir que esta y otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Exportadores de Café y la Confederación Mexicana de Productores de Café, fueron formadas por industriales importantes del sector, donde estaban excluidos los pequeños cafeticultores.

En lo que respecta a los minifundistas, fue sólo hasta 1973 cuando el gobierno empezó a organizarlos (en UEPC’s) y apoyarlos con créditos, asistencia técnica y con la comercialización del grano a través del Inmecafé. Además de estos beneficios, las UEPC no desarrollaron prácticamente ninguna otra acción en común, por lo que su aporte real en materia de organización fue limitado. No se promovieron, de parte del Instituto, esquemas de coordinación regional ni mucho menos de participación autogestiva para que estos grupos se integrasen al beneficiado y comercialización del grano, creándose una alta dependencia de éstos hacia el Instituto. Con el retiro de éste del financiamiento, acopio, beneficiado y comercialización del café, a partir de 1990, las UEPC ya no tenían razón de ser. Así, el mismo Inmecafé desarrolló un amplio programa para transformarlas en sujetos de crédito, quedando la mayoría como Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Sociedades de Producción Rural (SPR), sectores de producción, etc.[14].

Aunque los cambios en la política cafetalera del gobierno dejaron a los pequeños cafetaleros nuevamente sin apoyo público, las nuevas condiciones sociales creadas con la desaparición del Instituto permitieron el surgimiento de diversas organizaciones cafetaleras, yendo de las organizaciones oficialistas a las independientes[15].

En el sector cafetalero las ARIC también tuvieron cierta importancia al haber sido creadas, en la mayoría de los casos, por iniciativa de grandes cafeticultores que buscaban construirse una doble base: económica, al contar con la aportación de numerosos productores para asegurar un acopio suficiente de café, negociar frente al Inmecafé y exportar directamente, rentabilizando así las instalaciones de beneficios húmedos que ya tenían; política, al constituirse una base de clientes potenciales que podían incidir en las orientaciones -electorales entre otras- decididas en el marco del PRI o de la CNC, tanto en el ámbito local (municipios) como del estatal y aun nacional (Federación y Unión Nacional de Productores de Café).

De esta forma, la crisis de 1989 abrió nuevas oportunidades para cambiar la relación tradicional entre los pequeños productores y las instituciones públicas. Las respuestas de los cafeticultores a esta situación han variado de alternativas organizativas y estrategias para el desarrollo de las actividades cafetaleras. Algunas de las antiguas UEPC’s se reestructuraron y transformaron en organizaciones locales independientes. Otras cambiaron su estado legal pero aun están afiliadas a la CNC; y otras organizaciones (independientes o no) surgieron de productores no organizados. Así, en el censo de junio de 1994, se indica la presencia de 12 organizaciones de cafeticu
ltores de carácter nacional que hoy inciden en el medio cafetalero, principalmente la CNC, CNOC y CIOAC-UNCAFAECSA. Así, los espacios de representación y gestión antes ocupados sólo por la CNC, son paulatinamente abiertos a otras organizaciones.

Sin embargo, en el caso particular de la formación y evolución de las organizaciones UE L. Cárdenas, UE Huixtla, UE J. Sabines, SC Sierra Soc., UE P Acacoyahua y SSS ISMAM (Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla), la participación del Estado fue determinante, pues desde su inicio se afiliaron a la Unión Estatal de Productores de Café-CNC. En esta relación, se entremezclaron los intereses de los productores con los fines políticos del Estado. Para los primeros, la creación de instancias organizativas con estatuto legal, representó la posibilidad de acceder a los servicios y apoyos gubernamentales para participar directamente en algunas etapas claves del complejo económico del café. Para el segundo, las organizaciones significaron instancias formales que, al ser apoyadas directa e indirectamente constituyeron un espacio de consenso y legitimación para el Estado, incluyendo las campañas electorales del partido oficial[16].

* Dieter Paas "La empresa social, ¿un modelo de organización viable?", en Félix Cadena et. al.; La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992, p. 78; sostiene que la empresa social se distingue por lo que se llama el "criterio de identidad". Una empresa cumple con este criterio cuando: 1) los propietarios o trabajadores o 2) sus dueños y usuarios, son idénticos. Los ejemplos clásicos para el primer tipo son las cooperativas de producción y empresas autogestionarias de los cuales los socios son al mismo tiempo los dueños y los trabajadores de la empresa. En la medida en que una cooperativa de producción emplea asalariados que no son socios, va perdiendo su carácter de empresa social y se va asemejando a una empresa privada (no familiar) cuyo rasgo esencial es la separación entre el papel del propietario (pueden ser varios) y el rol del trabajador.

 

Fuentes.

[1] Villafuerte Solís, Daniel y Meza Díaz Salvador, op. cit. Pág. 118

* Siguiendo a Bernardino Mata García, "La modernización en el campo y las empresas sociales", Paas, Dieter et al (Comps.); La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992; p. 62-63, entendemos por participación campesina el proceso mediante el cual los campesinos reconocen, analizan y discuten sus problemas, así como la generación de propuestas de solución a esos problemas por los propios campesinos, y por autogestión campesina la actividad que les permite a los campesinos tomar en sus manos, sin intermediarios de ninguna especie, todos los problemas que se presentan en las comunidades rurales y gestar por parte de las comunidades las tareas que les corresponda desarrollar para beneficio de la comunidad (énfasis añadido).

[2] Tomado de Juan Buchenau, "Motivación y control en empresas sociales", en Paas, Dieter et al (Comps.); La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992; Pág. 106

[3] Margarita Rosales González, "Lo colectivo y lo individual en dos empresas sociales", en Paas, Dieter et al (Comps.); La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992; Pág. 178

[4] Diego Prieto Hernández, "Empresas sociales, retos y perspectivas", en Félix Cadena et al (Comps.); La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992, Pág. 10

[5] Piñón Jiménez, Gonzalo, op. cit. Págs. 17-19

[6] Prieto Hernández Diego, op. cit. Pág. 7

[7] Piñón Jiménez, Gonzalo, op. cit. Pág. 16

[8] Este tipo de organizaciones fueron apoyadas durante la presidencia de José López Portillo; se les considera asociaciones de "segundo grado ", es decir, una instancia que coordinaba a diversas organizaciones locales, constituidas por grupos de productores, ejidatarios o no (Sociedad de Producción Rural, Ejidos, Sociedad de Solidaridad Social). Su objetivo es estructurar la producción y la comercialización sobre la base regional, rebasando la ruptura tradicional entre los sectores social y privado (Odile Hoffman, op. cit. Pág. 528).

[9] Gustavo Gordillo de Anda, "Reflexiones sobre la cuestión económica de la autogestión en el movimiento campesino", en Bernardino Mata et al (editores), La cuestión económica en las organizaciones autogestivas; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1990; Pág. 72

[10] Tomado de Odile Hoffmann, Págs. 537-538

[11] Lapiedra Barrón Manuel, "Las formas de asociación entre el sector social y el privado en proyectos productivos", en Félix Cadena et al (Comps.); La empresa social y sus problemas de organización; México; Fundación Friedrich Naumann/PRAXIS, 1992; Pág. 239

[12] Ibídem, Pág. 241

[13] Aurora Cristina Martínez Morales, op. cit. Pág. 99

[14] Tomado de Vinicio H. Santoyo Cortes et al, op. cit. Págs. 107-108

[15] Tomado de Gonzalo Piñón Jiménez, op. cit. Pág. 78

[16] Tomado de Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit. Págs. 132-133