El marginado Tercer Poder

El poder público es único, emana del pueblo y debe ir necesariamente en beneficio de éste. El poder público, ha pasado por dos etapas históricas visibles, primero su consolidación como absoluto, representado por una autoridad omnipotente, que fue aceptado inicialmente pero que trajo como consecuencias necesarias injusticia, opresión y un inexistente estado de reconocimiento de derechos y, en un segundo momento -después de las ideas europeas de revolución y de división de poderes – uno limitado, que traía en su núcleo ideológico los lineamientos de un estado de derecho, donde el poder era uno y trino, al existir la separación de funciones de legislar, ejecutar la leyes y administrar justicia, encargada a entes públicos distintos.

Esta clásica idea de división de poderes se erige como un mecanismo de control, a través de un sistema de pesos y contrapesos, que busca equilibrar el poder, evitar el absolutismo y por ende la arbitrariedad estatal en perjuicio de los derechos fundamentales de la persona humana. Esto se puede lograr con el respeto reciproco entre los entes encargados de cada función, con plenitud de independencia y coadyuvando al cumplimiento del fin común, que es el bienestar general de la nación.

Esta idea de división de poderes o mejor referido de funciones, se ve afectada gravemente en el trágico mes de noviembre, en el cual el parlamento en un evidente ejercicio de superioridad, tiene que, debatir y aprobar el Presupuesto General de la Republica, con la calida influencia del Ejecutivo -que ya tiene su porción- y con el penoso desfile de los demás entes que forman el estado -v.gr. Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, etc.- para “pedir” la aprobación de su presupuesto institucional, soñando con un incremento y pugnando por que no se les disminuya.

Es claro y para todos entendible que con una sujeción económica, como la que tiene el tercer poder del Estado, no es del todo cierta la idea de independencia, lamentablemente cuando este concepto es fundamental para el funcionamiento de instituciones como el Poder Judicial.

Al respecto, se pueden identificar dos tipos de independencia judicial, primero la “independencia externa”, que exige que el juez no dependa de ninguno de los otros poderes del Estado y en segundo lugar, lo que se ha llamado “independencia interna”, es decir, la independencia respecto de todo organismo superior dentro del propio Poder Judicial. Debiéndose advertir que la independencia no debe ser entendida como un privilegio del juez sino como una garantía para el ciudadano.

Con ello, no quiero decir, que desde Palacio o desde el Parlamento se digite a los jueces de cualquiera de las instancias, debe ser un NO tajante, por cuanto, claras son las muestras de independencia que la institución a dado a la nación, como son el caso de la Juez Antonia Saquicuray o la reciente sentencia de la sala penal especial presidida por el juez Supremo Cesar San Martín, que condeno al ex- Presidente Alberto Fujimori. Sino mas bien que no resulta saludable para un país con intenciones de desarrollo, el debilitamiento de su Poder Judicial por carencia o deficiencia en políticas económicas.

No se hace justo que la administración de justicia se vea paralizada por la desidia de los gobiernos de mantener sumiso al Poder Judicial, el cual alberga a trabajadores mal remunerados, tildados a diario de corruptos, estresados al máximo por la incesante carga procesal, laborando en ambientes inadecuados, con recursos insuficientes y con uno que otro problema más, lo cual hace evidente la desigualdad entre los trabajadores públicos, ya que un trabajador de dicho sector del mismo nivel que uno del PJ, gana dos, tres o cuatro veces más.

Sin embargo, el gobierno se jacta de decir que el Perú es un país en desarrollo, con una economía estable y que es ejemplo para otras naciones, incluso ha propuesto el incremento del salario mínimo, alegando que es una medida para incrementar el poder adquisitivo de los que menos tienen. Ante esto, se muestra la paradoja de la vida de un trabajador del Estado quien atiende con tristeza que sus derechos laborales son menos que un trabajador del sector publico a quien el Estado si garantiza como si se tratara de mundos distintos. La protección de derechos laborales por parte del estado debe empezar desde casa, dejando de comentar por ahora el “CAS”.

Contrario a ello, es fácil para todo el mundo cuestionar al PJ, por la lentitud en la que se resuelven los procesos, por la crisis de moral y valores en los trabajadores que se ven avasallados por la corrupción institucional, por la desvinculación que existe entre el Poder Judicial y el Pueblo, pero nadie se detiene a pensar -o tal vez si lo hacen pero no les importa- que siendo el trabajador judicial, en mayor medida, quien mueve este ente estatal, tiene mil carencias, sumándose a estas la insuficiente remuneración que perciben, que perturba la labor diaria pensando en llegar a fin de mes con un sol en el bolsillo.

El autor es trabajador judicial – Corte Superior de Justicia de Piura – Perú.