Perú: Desarrollo Rural y Política de Estado

El concepto de desarrollo rural predominante en el Perú ha variado en el tiempo y según el uso de diferentes paradigmas dominantes, generalmente importados.

Es así que en la década de los cincuentas el modelo de desarrollo agrario estuvo fuertemente influenciado por el boom mundial de la revolución verde. Instituciones adscritas al mismo MINAG[1] cumplieron un rol importante en el desarrollo tecnológico del agro nacional, con fuerte participación estatal y algunos gremios agrarios privados también contribuyendo "en alguna medida- al desarrollo de tecnologías para el agro nacional. Durante los sesentas cobró mayor importancia el paradigma de la economía dual y la modernización agrícola, con una aproximación "productivista" del desarrollo rural y en el marco de una política dominante de sustitución de importaciones. Se abogó con fuerza por soluciones tecnológicas y eficientistas a los problemas de los agricultores. La clave era aumentar la producción, productividad e ingresos y, con ello, generar "bienestar" para toda la población.

Durante los setenta, con dos gobiernos militares en el poder y la animación de políticas populistas, el desarrollo rural estuvo "marcado" por el proceso de reforma agraria, en un marco dominado por un modelo de desarrollo integral con fuerte participación estatal. Hubo énfasis en la distribución de la tierra, y una fallida incorporación de los pobladores del campo a la naciente sociedad de consumo que auspiciaban los intereses de centros urbanos de poder de aquel entonces. Fueron tiempos de confrontación ideológica interna donde el gobierno requería estabilidad política y promovía la incorporación de la población rural a una modalidad particular de desarrollo capitalista en marcha. Hacía finales de los años 70 los resultados de la reforma agraria evidenciaban una grave crisis en el sector. Los gobiernos militares también fortalecieron los procesos de sustitución de importaciones, mediante políticas de protección industrial, urbanización y alguna ayuda, especialmente a los sectores comerciales agrícolas, que debían suplir las demandas de alimentos a las ciudades.

El desarrollo de corto plazo y las concepciones desarrollistas fueron características imperantes en los ochentas, lo que aunado a la poca claridad en la definición de políticas, moldeó una historia signada por el proteccionismo, asistencialismo y la transferencia vertical de servicios. Esto hizo del sector agrario uno de los más débiles de toda la economía, y de los agricultores agentes cada vez más dependientes y vulnerables para participar y competir en un mundo que se movía a gran velocidad. El otro gran componente del desarrollo agrario de la década de los ochentas, fue la construcción de infraestructura (destacando los grandes proyectos de irrigación de la costa).

El ajuste estructural y la retracción del Estado fueron las características macro de los noventas. Con este contexto, la reducción de la participación estatal en los programas de desarrollo rural, frente a la primacía otorgada al mercado y al sector privado, especialmente en la promoción de políticas productivistas agrícolas destinadas a incrementar y diversificar la oferta agrícola exportable, fueron las características más importantes en el campo. Curiosamente este proceso liberal fue mediatizado con un discurso teórico de desarrollo rural orientado por los "actores principales", con un enfoque de "abajo hacía arriba" y con un llamado a una fuerte participación de la población rural.

Como se constata a través de la historia, lo central en los modelos teóricos de desarrollo rural del país no han sido las personas, sino los productos del agro, la tecnología, la distribución de la tierra y la infraestructura de riego. Según estos modelos, los agricultores y las familias rurales se beneficiarían como resultado de las acciones y políticas propias de tales modelos. En tiempos recientes predomina un modelo de desarrollo rural teóricamente completo y complejo, que presta importancia a aspectos institucionales, territoriales y de una "nueva ruralidad", que aunque a la fecha no se ha traducido en políticas claras y acciones coherentes, podría servir, con voluntad y compromiso político, de plataforma futura para el desarrollo rural en el país. Sin embargo, en este documento se plantea que la existencia de un modelo teórico completo, que teóricamente toma en cuenta la organización social y el factor cultural del desarrollo, es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del agro peruano. Es imprescindible contar con requisitos que deben cumplirse para que tal modelo teórico integral "calce" con las necesidades y posibilidades de desarrollo del sector (a manera de condición suficiente).

1. Evolución del concepto de Desarrollo

A nivel internacional, con liderazgo y auspicio de las entidades de cooperación externa, el desarrollo ha sido entendido "básicamente- como crecimiento económico global. Sin embargo, la dramática realidad vivida en los países menos desarrollados, ha mostrado que el crecimiento económico es condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente para explicarlo, y menos para lograrlo. El crecimiento mide cantidad mientras desarrollo implica, además de ello, una clara expresión de calidad y distribución de la riqueza.

En búsqueda de otra dimensión del desarrollo, los nuevos enfoques han transitado por dos rutas casi paralelas, con intentos posteriores de integración. Por un lado el informe Brundtland se refiere al desarrollo sostenible como "aquellos procesos que permiten satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras" (W.C.E.D., 1987). A pesar del énfasis ambiental en el concepto, la definición involucra (y ha venido evolucionando en un sentido más amplio) no sólo a la dimensión ambiental, sino también a otros aspectos tales como la adecuación tecnológica, la viabilidad económica, y la aceptabilidad social. En el mismo sentido, la UICN, PNUMA y WWF (1992) definen la sostenibilidad como la mejora de "la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan"; planteando que la sociedad debe vivir en conformidad con principios que destacan la calidad de vida humana.

Asimismo, el concepto de sostenibilidad planteado en la Declaración de Río, de 1992, incluye explícitamente tres dimensiones: (a) Ecológica, es decir la no degradación del ecosistema, sino la manutención de sus características principales, las cuales son esenciales para su supervivencia a largo plazo; (b) Económica, que implica promover el crecimiento económico, que debe proporcionar los ingresos suficientes para garantizar la continuidad del manejo sostenible de los recursos; y (c) Social, mediante la cual los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los distintos grupos sociales. La sostenibilidad es entendida entonces como un concepto dinámico que depende, por una parte, de los recursos y del medio ambiente, y por otra de la capacidad humana, tanto para mejorar sus condiciones sociales y económicas, como para desarrollar nuevas tecnologías y usarlas de forma apropiada en la utilización y conservación de esos recursos y su entorno ambiental.

Por otro lado, en un contexto de exclusión social de la mayoría de población, la búsqueda de nuevos conceptos de desarrollo derivó en posiciones que han puesto el énfasis fundamental en la satisfacción de necesidades básicas (como salud, educación, cultura, empleo, etc.). El desarrollo viene a ser el cambio hacia una sociedad creativa, libre y diversificada en cuanto a capacidades y oportunidades (Sen, 2000). Se trata primero de establecer un punto de vista ético a partir del cual se evalúa el progreso humano. El desarrollo se concibe como apertura de oportunidades para todos; de inclusión social, a partir del cual las personas alcanzan estados "valiosos" de bienestar. El bienestar es el fin primordial del desarrollo, y la libertad el principal medio para alcanzarlo. La libertad significa, específicamente, un contexto en el que es posible desarrollar "al máximo- las capacidades humanas, logrando participación política, evitando privaciones de alimentación, y mejorando la salud y educación, entre otros. El desarrollo se centra en la expansión de las libertades y su evaluación debe ser consistente con la capacidad humana para alcanzar estados y actividades considerados valiosos por la persona.

Para el PNUD el desarrollo humano implica esencialmente la formación de las capacidades de las personas[2]. Es justamente esta capacidad la que permite a las personas asumir su responsabilidad para mejorar su bienestar individual y colectivo, y aprovechar las oportunidades que se presentan o que ellas mismas puedan crear con libertad. En tal sentido, el desarrollo implica colocar al ser humano y su entorno como eje central (no la tecnología ó productos); ello significa que la equidad y la inclusión deben ser indicadores principales de la calidad del desarrollo[3]. El desarrollo y bienestar de la población rural, y con ello la incorporación de estos importantes contingentes a la construcción nacional, debería ser uno de los fines de los esfuerzos del Estado.

En años recientes, sobre la base de las evoluciones antes descritas, la búsqueda de paradigmas de desarrollo alternativos al enfoque economicista, ha llevado a varios autores a coincidir en el planteamiento de propuestas integrales del desarrollo, que incluyen al menos cinco dimensiones básicas de la sostenibilidad:

• Económica, referida a la eficiencia económica, necesaria en todo proceso de desarrollo.
• Ecológica, relacionada con la prudencia ambiental y la conservación sostenida y equilibrada de los recursos naturales.
• Social, vista como la equidad de las soluciones de desarrollo propuestas.
• Cultural, es decir que las soluciones propuestas deben ser aceptables por la población local, con salvaguarda de sus costumbres ancestrales.
• Espacial, mediante la cual se deben buscar nuevos equilibrios espaciales considerando la planificación socio-económica y el uso conjunto de los recursos.

2. Desarrollo Rural "Renovado"

Desde el punto de vista teórico, la discusión y el interés de estudiosos e investigadores rurales también han evolucionado desde conceptos meramente economicistas[4] a la incorporación de aspectos relacionados con el manejo eficiente de los recursos naturales y el medio ambiente, hasta el énfasis en la dimensión social y humana (Trivelli, 2005; De Gregori y Ludwing, 2006). En la presente década ha cobrado fuerza el interés por el concepto de desarrollo rural con un enfoque territorial ó sencillamente Desarrollo Territorial Rural (DTR, IICA, 2003).

A diferencia de los enfoques de desarrollo basados en los modelos tradicionales de economía dual- modernización, los de la revolución verde, del desarrollo integral y de los modelos participativos, que fueron fuertemente influenciados por investigadores norteamericanos, el enfoque de DTR nace motivado principalmente por procesos aplicados en Europa, con algún grado de influencia canadiense y norteamericana. Indudablemente que el DTR cobra identidad propia en la región, en la medida que es "moldeada" a la realidad latinoamericana con vinculación teórica de la cooperación internacional[5].

Shejtman y Berdegué (2002) definen el desarrollo territorial rural (DTR) como "un proceso de transformación, productiva e institucional, en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural". El territorio rural no se concibe como simple espacio físico, que lo es, sino básicamente como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples actores públicos y privados. Los territorios rurales son entonces espacios eco-políticos, dinámicos, expresión de relaciones de interdependencia y complementariedad que hacen viable la generación de desarrollo y bienestar (Arias, 2005).

Esta nueva visión de lo rural como territorios multi-funcionales y multi-dimensionales, donde se interrelacionan diversas actividades económicas, sociales, culturales y ambientales, abren un conjunto de posibilidades para la población rural basadas en: (a) la actividad agraria vista, en términos amplios, como un conjunto de cadenas de valor agro-comercial, con acceso a recursos, al mercado financiero rural, a la innovación tecnológica, a la organización para la producción y el acceso a los mercados, (b) un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, para prestación de servicios ambientales, que incluye, entre otros, manejo de cuencas para la conservación de agua y suelo, preservación de la biodiversidad y ecoturismo, (c) opciones no agrarias, pero relacionadas, que incluyen la actividad de microempresas rurales, mano de obra asalariada, artesanía, comercio, turismo y otros servicios locales, (d) la organización social para la participación ciudadana y para la producción, y (e) las relaciones urbano-rurales, que son fuente de retroalimentación y desarrollo armónico para esta -artificialmente separada- gran unidad. En otras palabras, la visión territorial permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano capaz de potenciar formas de desarrollo armónicas, complementarias y efectivas.

Bajo esta nueva concepción del desarrollo rural sostenible con perspectiva territorial, se propone cambiar el sentido de relación de las comunidades con el Estado y con las políticas sectoriales. Se trata de definir competencias en el territorio, en la cual, y sin perjuicio de las necesarias relaciones entre estamentos regionales y nacionales, se responsabiliza al gobierno y organizaciones locales, de las decisiones y gestión del desarrollo integral local. Esta consideración conduce a la necesidad de encontrar mecanismos de alianza y focalización de política en los entes territoriales, en sus estrategias de desarrollo como conjunto, de forma que la política sectorial transite hacia una verdadera descentralización de la gestión del desarrollo.

El reconocimiento de la importancia de las realidades locales y de su influencia en los procesos de desarrollo, han motivado a diferentes instituciones a generar metodologías, diseñar políticas y emprender acciones tendientes a darle una mayor importancia a los procesos de desarrollo local y territorial. Se trata de lograr una mayor participación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y productivas, de estimular procesos de concertación y de consensos entre los distintos actores de desarrollo rural, así como la construcción de proyectos participativos para canalizar recursos que permitan satisfacer demandas de inversión, según las exigencias de los pobladores de un determinado territorio.

3. Desarrollo Rural y Política de Estado en el Perú

En el Perú el concepto de desarrollo rural siempre -o casi siempre- estuvo signado por un divorcio entre enfoques teóricos con objetivos centrales lejanos del desarrollo de la persona como fin último y, por otro lado, prácticas promovidas por programas y proyectos desarticulados entre sí y orientados "en buena medida- a acciones paternalistas y asistencialistas dirigidas a satisfacer agendas de corto plazo. Ante una clara ausencia de estrategias coherentes e integradoras, que sustenten políticas de desarrollo rural en favor de la mayoría de la población rural, ese divorcio entre teoría y práctica ha tenido su mayor expresión en el escaso impacto de los esfuerzos por revertir la situación de pobreza y exclusión social en el campo.

Por varias décadas la pobreza en el campo se ha mantenido en más del 60%; alcanzando, más específicamente, el 69.3% en el 2006 (la urbana fue 31.2%). Ello, conjuntamente con la exclusión y la desigualdad social, en buena medida explican la serie de demandas y objetivos complejos tales como mayor equidad, sustentabilidad, competitividad, participación y ciudadanía, entre otros, que se plantean en un contexto de movilizaciones y conflictos sociales, que hacen de la reforma institucional y de la descentralización, dos de las principales tareas de la agenda actual.

Frente al creciente papel que se espera cumplan los gobiernos locales en cuanto a las tareas de desarrollo, se advierte una clara insatisfacción con los programas y proyectos tradicionales de desarrollo rural, así como la creciente búsqueda de nuevos caminos alternativos. En estas circunstancias, parece existir consenso que si el desarrollo rural implica el mejoramiento de las capacidades y oportunidades de la población, cualquier estrategia para impulsarlo, pasa por darle prioridad al diseño y ejecución de una Política de Estado.

Como en toda la región, en búsqueda de nuevas respuestas, en el país también ha cobrado fuerza el debate sobre el denominado "enfoque territorial del desarrollo rural". En este contexto la transformación productiva tiene el propósito de articular, en forma competitiva y sostenible, la economía de un territorio específico a mercados dinámicos. El reto del nuevo enfoque es la expresión de una intervención de política que comprenda un conjunto de orientaciones o directrices sobre la actuación del país en su conjunto, es decir con intervención de los sectores público y privado, en un asunto o campo determinado. En términos de política, se busca lograr una visión compartida concertada entre los diversos actores del agro peruano, actualmente inmersos en el proceso de descentralización del país. No pudiéndose hablar de Políticas de Estado si en estas no existe la opinión y el consenso de una población comprendida en el espacio regional y local, y si éstas no van más allá de los períodos quinquenales de gobierno.

El enfoque territorial de desarrollo rural se sustenta en dos pilares fundamentales: por un lado (1) una visión sistémica[6] que incorpora tres categorías interactuantes: territorios rurales, cadenas productivas o de valor agro-comercial y el entorno nacional e internacional, y por otro lado (2) una visión de desarrollo sostenible, que involucra las dimensiones productiva-comercial, ecológica-ambiental, socio-cultural y político-institucional. La interacción entre ambas dimensiones y sus componentes resulta en una denominada AGROMATRIZ que contiene un total de 12 interacciones en celdas diferentes, que a la vez se constituyen en el espacio conceptual-operativo para la gestión y evaluación de políticas de estado (ver gráfico 1)[7].

Gráfico 1. Modelo de Desarrollo Territorial Rural en el Perú
Visión sistémica

Es importante destacar que este nuevo enfoque se caracteriza por ser:

Multi-temporal e inter-generacional, que implica la ejecución de políticas que "sobrepasen" gobiernos. Es decir una política de Estado que tenga objetivos y métodos de largo alcance, poniendo especial énfasis en el buen uso de los recursos naturales y medio ambiente.

Multi-dimensional, en el cual se recogen todas las dimensiones posibles que es necesario considerar y "superar" para efectos de lograr el desarrollo: económico, social, cultural y ambiental.

Multi-etapas de la cadena de valor; o sea la posibilidad del desarrollo de una agricultura de contrato que sea el eje dinamizador de la participación consensuada de todos "o la mayoría- de agentes claves de los procesos productivo, comercial y de gestión de los agronegocios. El concepto multi-etapas favorece también una visión integradora de la economía de los territorios rurales, reconociendo la importancia de la economía rural no agraria, sus vínculos con la economía agraria, y las dinámicas de los conglomerados agroalimentarios.

Multi-objetivo, es decir objetivos estratégicos relacionados con la competitividad, la sostenibilidad ecológico-ambiental, la equidad socio-cultural (incluyendo el aspecto del desarrollo humano) y el objetivo de gobernabilidad. Es en función a cada uno de estos objetivos múltiples que es posible diseñar lineamientos y actividades de política específica para el medio rural.

Si bien en el Perú históricamente ha hecho falta un enfoque teórico centrado en el ser humano, no parece ser éste el único aspecto (ó el más importante) que explique el fracaso de los modelos tradicionales y la persistencia de la pobreza rural e inseguridad alimentaria en el país. La existencia de un marco teórico integral como es el del paradigma del desarrollo rural basado en el territorio (DTR), es condición necesaria pero no suficiente para la superación de los problemas del agro. Para el país, la propuesta, influencia y existencia del DTR desnuda el hecho que no es suficiente contar con un enfoque teóricamente elegante y comprehensivo, integral, sino que es también necesario cumplir con un conjunto de requisitos desencadenantes de su total operatividad, mediante una estrategia que permita acortar la brecha entre teoría y práctica. Tales requisitos están en buena medida asociados a problemas del país en su conjunto (el territorio y sector rural no pueden ser "islas") y se refieren a: (1) la fortaleza institucional, (2) la gobernabilidad descentralizada y (3) la necesidad de un rol protagónico de la agricultura en el desarrollo nacional[8]. En otras palabras, sin avances importantes en tales requisitos, va a ser sumamente complicado el éxito de éste y cualquier otro esfuerzo de desarrollo, por más integral, teóricamente elegante y completo que sea.

Aunque para la experiencia latinoamericana algunos autores manifiestan que no existe un criterio determinante para desencadenar un proceso de DTR en un determinado territorio (Shejtman y Ramírez, 2004, pp. 2); en el Perú, sin embargo, el fortalecimiento de la institucionalidad[9] juega un rol preponderante para el logro del DTR, pues éste, para ser operativo y exitoso requiere de sólidas instituciones que permitan la acción sincronizada y complementaria de múltiples sectores y entidades, públicas y privadas, que permita poner en marcha una estrategia multi-sectorial y multi-dimensional, que incluye "además- un sector público modernizado actuando en favor del desarrollo. La institucionalidad se alimentará y complementará con un esfuerzo nacional, serio y genuino, de reforma estatal tendiente a colocar la acción de los poderes del Estado al servicio de la población mayoritaria[10].

La descentralización es otro requisito fundamental, toda vez que ello permitirá el liderazgo y protagonismo de los gobiernos locales y regionales, para la búsqueda e implementación consensuada del desarrollo sostenible en sus territorios, así como la integración de las demandas locales en el marco de los objetivos y estrategias nacionales. Si bien los avances en el país son importantes en términos de la elección democrática de las autoridades locales, las formas participativas en la gestión pública no se han desarrollado lo suficiente, y las redes de intermediación entre la sociedad civil, el Estado y el mercado siguen siendo débiles. Los esfuerzos se dificultan más por situaciones de paternalismo, caciquismo, debilidad institucional y corrupción.

No obstante su importancia estratégica para la seguridad alimentaria, la generación de empleo y su peso significativo en la canasta exportadora de bienes, la agricultura -en la práctica- sigue teniendo una importancia secundaria en la agenda nacional[11], subordinada a la importancia que el Gobierno le presta a otros sectores como minería, industria, petroquímica, construcción, entre otros. Lo evidente es que cualquier esfuerzo de desarrollo rural sostenible se ve también subordinado a cualquier otra estrategia de desarrollo nacional que sea priorizada coyunturalmente, aún cuando tal prioridad sea "inclusive y en ocasiones- contradictoria con el buen uso de los recursos que utiliza el agro (como es el caso de la minería, petroquímica, por ejemplo).

Más aún, en las actuales circunstancias de apertura creciente de los mercados internacionales y los eminentes tratados de libre comercio que se vienen subscribiendo, se privilegia de nuevo a una actividad y grupo social específico (el exportador) que teóricamente "arrastraría" a la economía en su conjunto, hacía una vorágine de crecimiento sostenible. En este contexto, para lo que compete al desarrollo del agro, lo anterior implica -de nuevo- la aparente e ilusoria vigencia de un modelo teórico de desarrollo territorial rural, completo, comprehensivo, con desarrollo social y humano incluidos en posición privilegiada; y por otro lado un escenario práctico y real, dominado por la preeminencia de políticas elitistas y excluyentes de la mayoría de población rural que seguirán viviendo totalmente al margen de la formalidad y los mercados (80% de la población rural corresponden a agricultura de minifundio- debajo de 5 Has, localizadas en los lugares más lejanos de la sierra y selva del país).

4. Conclusiones

A partir de las constataciones expuestas anteriormente, se desprenden algunas consideraciones finales sobre el Desarrollo Rural en el Perú.

1. Históricamente en el país ha existido un divorcio entre el enfoque teórico del desarrollo rural, con un objetivo central distinto al humano, y una práctica promovida por programas y proyectos desarticulados entre sí y orientados hacía actividades que promueven "en buena medida- prácticas paternalistas y asistencialistas dirigidas a satisfacer una agenda de corto plazo. Ello explica, en buena medida, los altos niveles de pobreza y exclusión social en el agro.

2. A la fecha, aunque en teoría se han superado marcos conceptuales tradicionales del desarrollo rural y se ha avanzado en la incorporación de aspectos relacionados con el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente (además del crecimiento económico), aún este esfuerzo no se plasma en logros concretos derivados de políticas de Estado integradoras de planes, programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de determinados objetivos de Estado a favor del desarrollo rural de territorios específicos. Ello deriva en la consecuente constatación que el marco teórico es necesario pero no suficiente.

3. El enfoque de desarrollo territorial (DTR), teóricamente elegante y comprehensivo, es el que destaca en las propuestas de desarrollo rural reciente en el país, como alternativa a las propuestas tradicionales. Este enfoque se encuentra presente en la Agenda Nacional, estando fuertemente influenciado por propuestas utilizadas en otras dimensiones geográficas (internacionales), lo que limita su aplicación práctica.

4. La propuesta de DTR tiene el reto de superar el divorcio entre teoría y práctica en el país. Ello implica, entre otras cosas, el cumplimiento de determinados requisitos: (a) fortalecimiento de la ingeniería institucional, (b) avances en una genuina descentralización del país, (c) priorización de la agricultura en términos de su importancia en el desarrollo nacional. Sin tales requisitos cualquier esfuerzo de desarrollo tendrá muy pocas posibilidades de éxito.

5. En la práctica actual, la política agraria privilegia el sector externo como puntal del desarrollo. En este contexto, el asunto del "desarrollo humano", aunque teóricamente presente en lugar de privilegio del Enfoque de Desarrollo Rural Territorial (y en la Agenda Nacional), se muestra "de nuevo, como a través de la historia moderna reciente- relegado a un plano de menor importancia.

6. Dadas las limitaciones de los enfoques economicistas, el rol del Estado ha vuelto a tomar lugar importante en la polémica sobre su importancia equilibrante en relación al mercado. La exclusión social (que no es sólo económica, sino también socio cultural y política) significa que no existe igualdad de oportunidades para millones de personas, sobretodo las del medio rural. Las "políticas de Estado" del Acuerdo Nacional abordan ampliamente éste y otros temas, como el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización económica, y el desarrollo de la ciencia y tecnología (Campodónico, 2007).

Referencias

• Arias, Igor (2005). "Apuntes para una discusión sobre Desarrollo Rural en Venezuela". En Revista "Espacios", Vol. 26, No 2. Caracas, Venezuela- May 2005.
• Campodónico, Humberto (2007) "Falso Dilema" en Web: www.cristaldemira.com
• De Gregori, Iván y Huber, Ludwing (2006). "Cultura, Poder y Desarrollo Rural", en Perú: El Problema Agrario en Debate, SEPIA XI. Lima-Perú, pp. 451-499.
• MINAG (2007). "Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú 2007-2021". Propuesta preliminar para consulta pública (Versión 09/04/2007). Lima- Perú.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2007). "Desarrollo Humano- Concepto", en Web: www.desarrollohumano.arg.ar/Dhumano.asp
• Sepúlveda, Sergio et al. (2003). "El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural". Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).San José, Costa Rica.
• Sen, Amartya (2000). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta, Barcelona, España, 440p.
• Shejtman, Alexander y Julio Berdegué (2004). "Desarrollo Territorial Rural", en Debates y Temas Rurales No 1, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Santiago, Chile.
• Shejtman, Alexander y Eduardo Ramírez (2004). "Desarrollo Territorial Rural: Aspectos destacados de experiencias en proceso en América Latina". Fondo Minka de Charloví, Santiago de Chile.
• Trivelli, Carollina (2005). "Estrategias de Políticac de Desarrollo Rural en el Perú", en ECONOMIA y SOCIEDAD 57. Consworcio de Investigación Económica y Social (CIES), Lima-Perú, septiembre de 2005.
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y World Wildlife Fund (WWF) (1992). Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la Vida (resumen). Gland, Suiza, 28 p.
• World Commission on Environment and Development- W.C.E.D. (1987). Our Common Future. Oxford University. Press. Oxford, England.

Notas

• [1] En 1943 se crea, bajo el gobierno del presidente Manuel Prado, el Ministerio de Agricultura (MINAG). Su labor estuvo fuertemente vinculada a la construcción de infraestructura necesaria para el desarrollo agrario (tal es el caso de carreteras, irrigaciones y electrificación).
• [2] Ver: www.desarrollohumano.arg.ar/Dhumano.asp
• [3] El PNUD ha propuesto el índice de Desarrollo Humano (IDH) como instrumento para medir el adelanto de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica, representada por tres oportunidades humanas más importantes y permanentes: esperanza de vida (que refleja una existencia larga y saludable), nivel educacional (que resume los conocimientos adquiridos), y el ingreso per cápita (que indica la capacidad de acceso a los recursos para vivir dignamente).
• [4] Relacionado fundamentalmente con las actividades productivas agropecuarias y el modo de vida resultado de esas relaciones de producción.
• [5] Para un análisis más detallado del tema, se puede recurrir al trabajo del IICA (2003) y de Schejtman y Berdegué (2004). Ellos enfatizan la influencia de la iniciativa comunitaria LEADER y el "Canadian Rural Partnersips".
• [6] Una visión sistémica se refiere a una visión del conjunto y sus partes, con privilegio de la interacción entre estas últimas.
• [7] Este es un gráfico que durante el año 2007 sirvió de modelo para una amplia discusión participativa liderada por el MINAG, a través de la Web del Portal Agrario y sobre la base de documento base denominado "Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú 2007-2021" (2007).
• [8] En este documento se considera que existen otros elementos importantes para el éxito de cualquier propuesta de Desarrollo Rural; sin embargo éstos podrían considerarse como parte de la implementación de la propuesta, más que requisitos para el éxito de la misma. Tal es el caso de inversión en capital humano, innovación y tecnología, entre otros.
• [9] Se entiende por institucionalidad a la estructura de regulación conformada por organizaciones (institutos, ministerios, etc.) y en general conjuntos de individuos organizados con un propósito común, e instituciones entendidas como reglas formales e informales que estructuran y limitan el comportamiento de los miembros de la sociedad, así como por los mecanismos establecidos para hacerlas cumplir. Las reglas formales están constituidas por las leyes y reglamentos, mientras que las informales corresponden a las derivadas de costumbres, convenciones y patrones de conducta autoimpuestos (Shejtman, A. y J. Berdegué (2004)).
• [10] En el caso peruano y en otros, la ejecución de la propuesta de DTR implica, por ejemplo, la convergencia de esfuerzos de los ministerios de agricultura, educación, salud, transportes y comunicaciones, lo cual a la fecha casi no es posible.
• [11] En las tres últimas décadas la agricultura ha mostrado un descenso significativo en su formación del Producto Bruto Interno. En los últimos diez años esta participación se ha estabilizado alrededor de un promedio de 8%.