La Dirección General de Consumo sanciona con 104.000 euros a tres entidades financieras por la inclusión de cláusulas abusivas gracias a una denuncia presentada por ACUIB en mayo de 2010.
Nos permitimos copiar el comunicado de prensa de ACUIB en este blog por su interés para los clientes bancarios. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.
Los servicios financieros son supuestos de servicios de uso común, ordinario y generalizado tratándose de un sector de cuya correcta evolución depende en gran medida el funcionamiento del sistema económico de esta comunidad debiendo añadir a lo anterior que es un sector en el que el fenómeno de la contratación en masa unido a la atipicidad de muchos de los productos bancarios (P. Ej. las cuentas corrientes, libretas de ahorro, tarjetas de crédito etc.) promueve la utilización de condiciones generales tratándose en muchos de los supuestos de contratos de adhesión.
Es un hecho indiscutible que en el sector bancario las condiciones generales de una y otra entidad al final son idénticas fruto de la comparación y adopción de aquellas modificaciones de las estipulaciones cuya redacción refuerce aún más la situación jurídica de las entidades predisponentes por lo que cualquier tipo de cambios en el clausulado son en el sentido de mejor defensa de los intereses de la entidad predisponente, la entidad financiera, no del consumidor.
Por ello desde ACUIB no podemos sino mostrar nuestra satisfacción por la decisión de la Dirección General de Salud y Consumo del Gobierno de Baleares que ha acordado sancionar al BANCO SANTANDER con 54.000 euros por la comisión de seis infracciones; a CAJAMADRID (BANKIA) con 17.000 por la comisión de 3 infracciones; y al BBVA con 33.000 por la comisión de siete infracciones de los derechos de los consumidores y usuarios.
Dichas sanciones se imponen tras la denuncia presentada por ACUIB en mayo de 2010 por la inclusión y permanencia de clausulas abusivas en sus contratos. El Tribunal Supremo en una sentencia de 17 de noviembre de 2009 en una demanda interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios OCU declaró el carácter abusivo de diferentes condiciones generales incluidas en los contratos de las entidades inicialmente demandadas BBVA, Bankinter, Caja Madrid y Banco Santander. Desde que el Tribunal Supremo dio la razón a la OCU al estimar que muchas de las clausulas señaladas por la OCU eran abusivas no tan sólo las entidades demandadas deberían de haberlas suprimido de sus contratos de inmediato sino también cualquier otra que utilizara las mismas.
A pesar de los efectos de dicha sentencia las entidades no modificaron sus clausulas de los contratos y además ACUIB consideró que no bastaba una modificación posterior sino que, como ocurre en el reto de los sectores cuando llevan a cabo actuaciones contrarias a la normativa, debían ser sancionadas por haber aplicado durante años en sus contratos de manera voluntaria y premeditada clausulas que habían sido reconocidas como abusivas por los Tribunales.
Lo correcto, lo legal y jurídicamente exigible es que si las entidades financieras, las demandadas en el procedimiento y las otras, decidieron de manera voluntaria, siendo plenamente conscientes, aplicar unas clausulas abusivas debían responder de su decisión y ser sancionadas por aplicar clausulas abusivas, mucho más después de que algunas de ellas habían sido declaradas nulas en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid de septiembre de 2003 y sin embargo fueron mantenidas durante los seis años que duró el procedimiento hasta acabar con la Sentencia del Tribunal Supremo.
Texto originalmente publicado por Asuapedefin
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