En la búsqueda del camino, de los documentos y de las experiencias para trabajar este capítulo, descubrí que existían importantes avances en la sistematización de la política social, realizados fundamentalmente por la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Encontré en primer lugar el documento Elementos para una política social alternativa. Presentación sinóptica de algunas propuestas,[1] en el que siete redes desarrollaron puntualmente sus perspectivas de incidencia en políticas sociales bajo un mismo planteamiento y un encuadre común, comprendiendo valores y proyecto de país, diagnósticos generales y específicos, demandas generales y particulares, propuestas y acciones realizadas. Éste es, sin duda el documento de conjunto más acabado acerca de la política social de las redes de ocpd’s; el material es el fruto de un arduo trabajo de sistematización realizado por equipos especializados de cada red en el terreno de sus prácticas y saberes propios: Vivienda y medio ambiente, Alimentación, alternativas y espacios sociales desde los municipios, propuesta de salud para Chiapas desde la sociedad civil, Segundo informe sobre los derechos del niño y la situación de la infancia en México, Hacia una agenda social y ambiental frente al Tratado de Libre Comercio y Hacia el plan de Igualdad Feminista.
Por otro lado, varios trabajos especializados o tesis de licenciatura o de maestría, terminadas o en proceso de elaboración, han empezado a profundizar en diversos aspectos de política social relativos a algunas temáticas y redes en particular; como ejemplos de estas investigaciones se encuentran, entre otros: los trabajos preparatorios para la Reunión Internacional de Estambul sobre Hábitat II, elaborados por la Sección Mexicana de la Coalición Internacional del Hábitat en lo que se refiere a la problemática urbana, de vivienda y de medio ambiente; la investigación Las redes de las ong’s mexicanas y la participación popular, elaborada por un equipo coordinado por Douglas Chalmers y Judy Gearhart de
la Universidad de Columbia; la tesis de maestría de Joy L. Peebles Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México";[2] el trabajo de Mario Monroy y Alberto Arroyo, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. 5 años de lucha (1991-1996);[3] la tesis de licenciatura en psicología, El principio de una nueva historia… Los derechos de los niños y una experiencia en COMEXANI, de Edith Escorcia y otras autoras, que hace un primer estudio sobre el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez,[4] y otros trabajos en ciernes,[5] que plantean particularizar aproximaciones a políticas sociales específicas impulsadas por las redes de ocpd’s y algunos otros trabajos.
Esta búsqueda de información hizo posible que me aproximara a una problemática que afecta profundamente a las organizaciones civiles, que las comprende a todas y que está poco sistematizada: la expresión jurídica de las ocpd’s. Fue entonces cuando empecé a construir un campo común a las ocpd’s y a sus redes, un campo que permitía descubrir y expresar sus sueños, sus raíces y sustratos compartidos, así como también los vínculos de colaboración y/o contradicción con el conjunto de la sociedad y con el gobierno; en fin, la ley como espacio que atraviesa el quehacer de las redes y centros, a modo de un común denominador condicionante de su quehacer público en el periodo analizado.
Este campo permitió abordar, por un lado, los vínculos entre las ocpd’s y la legislación vigente, y por el otro, las propuestas de las ocpd’s para modificarla. De esta manera, el terreno elegido se fue tornando apasionante y fue apareciendo como espacio de disputa de la identidad, de los proyectos, de las prácticas, de los quehaceres sociales y también de las interpretaciones teóricas acerca del papel de las redes de ocpd’s en el país.
Las leyes regulan las relaciones sociales, expresan necesidades de la población así como correlaciones entre diferentes fuerzas, establecen los comportamientos legítimos y reconocidos en un periodo determinado, distinguiéndolos de aquellos que carecen de reconocimiento jurídico o formal y de aquellos que se establecen como delitos o simplemente como antisociales. Las modificaciones a las leyes van expresando de manera dinámica los cambios, contradicciones y demandas que van emergiendo en la vida social. Lo que se pone en juego en el proceso de elaboración y aprobación de una ley no son solamente actividades y prerrogativas concretas, sino diversos proyectos y prácticas sociales que quedan incluidas o excluidas; el acceso a recursos de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros; el papel ciudadano en el diseño, operación, vigilancia y seguimiento de las tareas públicas.
A través de la lógica de formalización positiva que representa la ley, la apuesta era por el reconocimiento público y la legitimación jurídica de concepciones y prácticas sociales diversas, referidas a variadas demandas, cargadas de diferente significación, instituyentes y/o institucionalizantes, con una dialéctica constante entre lo incluido y lo excluido. La lucha por un estatuto jurídico menos desfavorable a las concepciones, opciones y prácticas sociales de las ocpd’s concentró importantes esfuerzos de las redes desde fines de 1989, particularmente hacicon el finales del sexenio de Carlos Salinas y al inicio del siguiente. Este campo construido por la investigación permitió abordar la problemática planteada a través de los avatares de las relaciones entre redes de ocpd’s y gobierno en los últimos ocho años.
Los procesos ligados a la discusión y elaboración de propuestas de ley en este periodo fueron un campo fuertemente disputado que puso en juego la identidad y el futuro de las ocpd’s. Actividades, discusiones, foros sobre la ley, fueron claro signo de una fecunda imaginación creadora que buscaba plasmar en un texto lo que ya era un conjunto de prácticas sociales legitimadas en el campo de la promoción social del desarrollo, buscando elevar a nivel de política pública un conjunto de experiencias previamente validadas por amplios sectores de la sociedad. Estaba en juego el lugar, la tarea, la identidad de sujetos colectivos específicos y el reconocimiento de su modo de intervención en la sociedad mexicana.
En la historia reciente, el gobierno mexicano solía definir, "fijar", prácticas y concepciones socialmente válidas e inválidas, lícitas e ilícitas, calificar y descalificar, reconocer y desconocer comportamientos y alternativas, escuchando poco los intereses sociales de las mayorías. En este sentido, baste también recordar la reforma al artículo 27 y el proceso para la firma del Tratado de Libre Comercio, que fueron impuestos en contra de amplísimos sectores y en ocasiones con el desconocimiento total de las cámaras de Diputados y Senadores.[6]
Abordar la ley como analizador histórico[7] permitió profundizar en las vicisitudes de las relaciones entre el gobierno y las ocpd’s, dando cuenta de variados intereses, compromisos, lugares asumidos e implicaciones que se fueron develando, haciendo públicas y manifiestas a través de los procesos en torno a la producción de normatividad. Esta aproximación también permitió indagar cómo aspectos básicos de la problemática planteada en toda la investigación: autoritarismo, nueva ciudadanía e imaginación, se jugaron en la lucha por un instrumento jurídico regulador de la relación entre redes de ocpd’s y gobierno.
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Notas
[1] Se puede consultar: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C., Comisión de Política Social. Elementos para una Política Social Alternativa. Presentación Sinóptica de Algunas Propuestas, Mimeo, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A.C., Ciudad de México, Julio de 1994. El trabajo está parcialmente editado en Sociedad Civil y Políticas Públicas. Análisis y Reflexión de la Realidad Mexicana. La Agenda Social. Las propuestas de las Redes. Cuaderno No. 1, de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Ciudad de México, abril de 1995. El estudio fue coordinado por Flavio Lazos, Cristina Safa, Carlos Ortega, Manuel Canto, María del Carmen Mendoza y en lo que se refiere a cada red, fueron equipos específicos designados particularmente para cada caso.
[2] Peebles L. Joy. Las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos en México. Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas. Tesis de Maestría, México, 1993.
[3] Arroyo Alberto, P. y Monroy, Mario B. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. 5 Años de Lucha (1991-1996). Ed. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Ciudad de México, 1996.
[4] Escorcia Edith, Ramos, Claudia y Rojas, Aída. El principio de una nueva historia… Los Derechos de los Niños y una Experiencia en COMEXANI". Tesis de licenciatura en Psicología, UAM-Xochimilco, Ciudad de México, 1996.
[5] En una reunión convocada por el Foro de Apoyo Mutuo el 15 de mayo de 1996 se dieron a conocer 23 investigaciones de licenciatura, maestría, doctorado, y otras hechas por encargos especiales de centros y redes privadas, o por dependencias públicas, cuyos trabajos estaban directamente referidos a las ocpd’s en las más diversas universidades públicas y privadas y en una amplia gama de disciplinas. Esto lleva a pensar que el estudio y conocimiento de la misión, el proyecto, los objetivos, las formas de organización y las prácticas sociales de las ocpd’s, empieza a conformarse como un nuevo campo disciplinario que, al acudir a la academia, se legitima y, se instituye e institucionaliza a la vez.
[6] Es interesante recordar un hecho: la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) entregó a la Cámara de Diputados el Borrador de Dallas que contenía el estado de las negociaciones para el TLC. "El 25 de marzo, la RMALC asistió a una sesión plenaria de la Cámara de Diputados en la que, previo aviso a la prensa, se le entregó al presidente de la Gran Comisión el borrador secreto, -600 cuartillas en español- diciéndole que "si el Ejecutivo no les informaba, las organizaciones ciudadanas sí lo hacían, para que asumieran con pleno conocimiento su responsabilidad histórica con el país", en: Arroyo, Alberto y Monroy, Mario. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. 5 años de lucha (1991-1996), pág. 32.
[7] "A grandes rasgos, podemos decir que el analizador es toda aquella persona, situación, acción, que desconstruye lo instituido de la institución. Y en esta definición encontramos ya una serie de elementos interesantes… más allá de las teorías…" Manero Brito, Roberto. "Introducción al Análisis Institucional". TRAMAS No. 1. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, Diciembre de 1990, pág 143. Para una mayor precisión sobre el concepto de analizador histórico se puede consultar el inciso 1.1 de este misma tesis: Debate sobre la historia reciente.
Datos para citar este artículo:
Rafael Reygadas Robles Gil. (2006). Capítulo III. Identidad y quehacer de las redes de OCPD’S. Revista Vinculando, 4(1). https://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/3_ley_hacienda.html
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