4.4 La segunda oleada: las observaciones de 1992-93

Por haber contribuido al respeto al voto en San Luis Potosí y en Tabasco, la práctica de la observación electoral adquirió un importante peso entre los movimientos cívicos del país, a la vez que se perfiló como un quehacer ciudadano que podía aportar a una transformación más profunda de México. Durante 1992 y 1993 la Convergencia de Organismos Civiles y sus organizaciones miembros convocaron a la ciudadanía a participar en la observación de los procesos electorales estatales de: Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Estado de México y Guerrero. Cada uno de estos procesos que manifestaron el despertar ciudadano en condiciones distintas merecería un estudio específico. Aquí escudriñamos solamente los procesos de observación ciudadana que se realizaron durante el verano de 1992 en Chihuahua y en Michoacán, porque ambos convocaron a participar con éxito a ciudadanos individuales y de organizaciones civiles, por el aporte que ofrecieron a la lucha por la democracia, por la invención de instrumentos de observación ciudadana que realizaron, por referirse a procesos electorales fuertemente competidos, y por la trascendencia de estas observaciones al ánimo y al imaginario político nacional.

De abril a julio, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia participó activamente en la preparación de la observación de los procesos electorales de estos dos estados. En cada uno de ellos participaron alrededor de 450 observadores y se dio una coordinación con otros organismos como el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Acuerdo Nacional por la Democracia, las Mujeres en Lucha por la Democracia, la Iniciativa Joven para la Democracia y el Consejo para la Democracia. En ambas experiencias se puso el acento en contribuir a los avances democráticos, en incrementar el respeto al voto ciudadano y en consolidar a las organizaciones de la sociedad civil de la entidad.

 

4.4.1 La Ola por la Democracia: Chihuahua, julio de 1992.

En 1992 se formó en el estado de Chihuahua un movimiento al que sus fundadores llamaron: "Ola por la Democracia", que fue sin duda un dispositivo social paralelo a la lógica formal y canónica de los procesos electorales como espacios de competencia entre partidos y candidatos, para que alguno quedara en la gubernatura. La Ola se presentó como un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, preocupados por la democracia, con arraigo en las organizaciones sociales. Para cohesionar la fuerza de movimientos sociales dispersos, la Ola realizó una Consulta Popular y a partir de ella elaboró una plataforma y una bandera común, exigible a cualquier partido o candidato que ganara las elecciones, y de esa manera, incidió en la sociedad desde nuevos espacios y nuevas lógicas civiles, sin asumir el grave desprestigio que arrastraba el sistema electoral.

Sin duda que en el origen de la Ola estaba el gran fraude de 1986, en que el PRI se había impuesto de manera fraudulenta al PAN, con la complicidad del secretario de gobernación y de Girolamo Prigione, delegado apostólico. La desconfianza de los chihuahuenses venía de entonces, ya que precisamente esa experiencia fraudulenta había calado muy profundamente. De ahí surgió una imaginación distinta que llevó a considerar las elecciones de otra manera, buscando consolidar proyectos y fuerza propia de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente del Frente Democrático Campesino, de las comunidades cristianas, de los centros de promoción y defensa de los derechos humanos, de las organizaciones populares y civiles, todas con una inmensa desconfianza a los procesos de elección de representantes. La dureza de la experiencia previa llevó a inventar espacios y nuevas formas de representación de los intereses propios de los ciudadanos.

La constitución de la Ola por la Democracia fue posible a partir de la desconfianza en los mecanismos electorales y de la imaginación creadora de los ciudadanos que configuró una especie de mundo alterno o segundo mundo, distinto al formal y acostumbrado, pero para criticarlo y plantear sus demandas y alternativas con mayor fuerza.

"Para la ciudadanía de Chihuahua, la coyuntura de 1992 es "la grande", en la que se decide el proyecto de estado de Chihuahua y en la que también se encuentran en juego aspectos mucho más relacionados directamente con sus intereses concretos… la Ola representa entonces la posibilidad de integrar una fuerza unitaria, que sea expresión política de las diferentes organizaciones sociales, civiles y democráticas. Una fuerza en la que se pueda sumar toda la gente que sea sensible a las demandas más sentidas de los chihuahueneses o que desea o lucha por una sociedad más democrática y con mayores espacios de participación para los ciudadanos…

La Ola quiere ser un movimiento ciudadano amplio, que recoja y elabore positivamente las demandas más sentidas y las aspiraciones más hondas de la mayoría de los chihuahuenses:… democracia y respeto a la voluntad popular, respeto a los derechos humanos, respeto y solidaridad con las luchas sociales o civiles de los diferentes sectores de la sociedad, la libertad de expresión, respeto al medio ambiente y al entorno natural…[1]"

La Ola permaneció abierta al diálogo y a las alianzas con los diferentes partidos políticos. De hecho, la Ola operó una inversión simbólica de la política, pues de manera colectiva y organizada planteó y reclamó lo que los partidos debían tomar en cuenta.

La Ola también estableció previamente y de manera documentada el sentir común de amplios sectores sociales en relación a las condiciones de falta de equidad y al uso de dispositivos ilegales e ilegítimos a través de los cuales los gobiernos federal y estatal apoyaban a uno de los partidos políticos con montos enormes de recursos económicos, materiales y humanos. Particular importancia tuvo un estudio sobre padrón y credencialización, realizado previamente a la jornada electoral.

La Ola en coordinación con Convergencia, capacitó a cerca de mil ciudadanos chihuahuenses para la observación, de ellos 450 observaron la jornada, unidos a otros 25 observadores provenientes de todos los rincones del país. La observación cubrió 18 distritos electorales y 42 de 67 municipios. Este operativo permitió realizar, también, un conteo rápido que ayudara a evitar cualquier manejo o alteración postelectoral de las cifras. Dicho conteo dio el 52% de los votos para gobernador al PAN.

Las conclusiones principales de este proceso cívico fueron:

"1. En condiciones estructurales tan desfavorables y con la oposición limitada de los partidos, la ciudadanía chihuahuense realizó un esfuerzo formidable por expresar y hacer respetar su voluntad por encima de todos los obstáculos. La jornada del 12 de julio de caracterizó por una fuerte y decidida participación ciudadana en cantidad y en calidad.

2. La madurez, la fuerza y la participación de las ciudadanas y ciudadanos chihuahuenses en la jornada electoral fue el factor principal para que el sufragio se respetara y se reconociera el triunfo de la oposición en las elecciones para gobernador, en 11 de los 18 distritos electorales y en 13 de las 67 presidencias municipales.

3. La observación del proceso electoral convocada por la Ola por la Democracia y los organismos nacionales que la apoyaron, demostró ser no sólo un factor que inhibió e impidió el fraude, sino, más que nada, un recurso de educación cívica, organización y movilización de importantes sectores de la ciudadanía chihuahuense[2]."

La Ola se solidarizó con la observación electoral realizada simultáneamente en Michoacán, ya que el fraude realizado en aquella entidad, manifestaba claramente la política diferencial salinista de permitir triunfos a la oposición panista y de ha
cer escandalosos fraudes con
tra la oposición del PRD, midiendo con diferente vara a ambos partidos. Los rasgos centrales de la posición de la Ola respecto a Michoacán se plasmaron en un párrafo de su declaración, publicada el mismo 12 de julio:

"La conclusión general de los organismos que participaron en la observación electoral en Michoacán es que aunque los comicios se realizaron en paz y tranquilidad, el proceso electoral michoacano se alejó de los criterios universales de limpieza e imparcialidad[3]"

De esta manera se tendían vínculos y solidaridades entre la sociedad civil de diferentes estados y regiones del país, que servirían de base para posteriores esfuerzos de coordinación para conformar un dispositivo nacional de lucha ciudadana por la democracia.

 

4.4.2 Fraude cibernético de Estado: Michoacán, julio de 1992.

En Michoacán había nacido con fuerza el nuevo cardenismo popular de 1988, por lo que las elecciones en esa región del país no eran solamente locales, ni a partir de las cuales se nombrarían a puestos públicos a determinados personajes de la política, sino que se ponía en juego el imaginario del cambio social en todo el país, se jugaban las expectativas de millones de mexicanos, es por eso que la contienda electoral era un terreno de disputa del proyecto nacional, a la vez que espacio para la ejemplaridad del castigo salinista[4]. En cierto modo, lo que pasara en Michoacán correspondía a una lógica ajena a la racionalidad electoral, aunque ésta fuera su vehículo. La disputa en Michoacán era entre conservar la gubernatura y mantener así la institución imaginaria del poder priísta o concretar históricamente con un gobierno perredista el imaginario del cambio social. La apuesta de las redes de ocpds y los complejos dispositvos que organizarían en torno a la observación ciudadana estaba sustentada en la profecía de que el respeto a los procesos electorales permitiría la expresión de la verdadera voluntad ciudadana. Pero la profecía del cambio no se cumplió. Así pues, se trataba de una disputa por el poder del estado en la que estaba implícita también la disputa por el imaginario.

Por eso, el proceso de observación de Michoacán enfrentó dificultades de todo tipo; sin embargo, gracias a una cuidadosa e intensamente vivida experiencia, fue posible que miembros de más de 40 organizaciones civiles realizaran una investigación previa y desarrollaran una coordinación colectiva para observar la jornada electoral[5]. De esta manera se pudo ofrecer a la opinión pública un punto de vista ciudadano sobre un proceso plagado de irregularidades.

El trabajo de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, invitada por la Convergencia Michoacana a desarrollar la observación ciudadana tuvo dos etapas: la primera consistió en formar equipos locales y nacionales que documentaran las condiciones previas al proceso electoral. Esta etapa se desarrolló de abril a julio; la segunda fue la observación de la jornada electoral del 12 de julio y la elaboración del informe final.

El 28 de abril se tuvo en la ciudad de Morelia la primera reunión ampliada de las organizaciones responsables de coordinar la observación electoral. El dispositivo básico de observación terminaría de acordarse ahí. Veintidós documentos o instrumentos de los que ya se disponía se socializaron en esa reunión. El material incluía experiencias civiles previas de observación electoral (Tabasco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guanajuato; Lagunilla, Morelos) así como propuestas de manuales, cuadros, talleres, la metodología para el seguimiento de los medios masivos de comunicación, el sustrato jurídico de la observación, etc.

La observación fue un espacio que puso en juego muchas fuerzas favorables y contrarias a la democracia. Hubo intensas campañas de ataque a los observadores, especialmente porque participaría una delegación de observadores internacionales. Este hecho sirvió de pretexto para justificar la presencia del ejército en las carreteras y en los pueblos de Michoacán, supuestamente para impedir la participación de los observadores, pero en realidad lo que se creó fue un clima electoral de miedo y de amenaza. A pesar de este clima, los 450 observadores nacionales se repartieron por todo el estado y contribuyeron a inhibir las tendencias al fraude que se dieron el mismo día de la jornada electoral. Los trabajos previos de estudio del padrón y la credencialización, el dictamen sobre la ley electoral, la investigación que dió seguimiento al comportamiento de los medios de comunicación, los trabajos acerca de los mecanismos de compra y coacción del voto, dieron sólidos argumentos para mostrar que las condiciones en que se realizaría el proceso michoacano no eran de legalidad e imparcialidad y que se violaban los derechos políticos del pueblo michoacano.

 

4.4.2.1 Los trabajos previos.

En mayo se formaron comisiones que se dedicaron a los siguientes aspectos: dictamen a la Ley Electoral Estatal, estudio de padrón y credencialización, registro y análisis del comportamiento de tres diarios y de la televisión, estudio de biografía de funcionarios electorales, investigación sobre el uso de recursos gubernamentales para apoyar a algún partido.

Los primeros resultados de los trabajos conjuntos de Convergencia y las ocpds michoacanas, realizados previamente a la jornada electoral, fueron entregados a los medios de comunicación el 31 de julio, enmedio del clima creado por la utilización del ejército para amedrentar a la población. Algunos aspectos que destacan en este informe son:

* En el estudio comparativo del padrón y de la votación electoral de 1988 a 1992 se encontró que el padrón electoral fue sufriendo una pérdida de electores que en algunos municipios llegó hasta el 69% de los votantes, o al 37% de un distrito electoral. Los lugares donde más disminuyó el padrón, correspondían, de manera inexplicable, a los municipios de más alta simpatía por la oposición perredista. A pesar de la disminución del número de electores, exceptuado el caso de tres grandes ciudades del estado, la votación para el PRI se incrementó en relación a 1988. Se realizaron mapas que estadísticamente mostraron de manera clara la intencionalidad de las zonas escogidas para la entrega selectiva de credenciales. Un botón de muestra de los resultados arrojados por la investigación del padrón es el siguiente:

"El Distrito X, por ejemplo, perdió el 58% de sus electores en este período (1988-1992). Cabe añadir que en este distrito la oposición (definida como todos los partidos menos el PRI) obtuvo el 80.5% de los votos en 1988, el 57% en 1989 y el 46% en 1991. En consecuencia, la votación de la oposición ha ido disminuyendo a la par que se reduce el número de empadronados. Lo mismo acontece en los municipios de Aguililla, Coacolmán, Nocupétaro, Tlazazalca, Tzitzio, Villamar, Coahuyana, Churitzio, Huetamo, Carácuaro y Morelos, donde los electores (el padrón) disminuyeron entre 50 y 69%..[6]"

Los estudios de la Convergencia llevaron a concluir que hubo un padrón electoral que en los hechos excluyó a amplios sectores de la oposición. A esto se añadió una distribución selectiva de credenciales que omitió la entrega de las mismas a contingentes importantes de electores también simpatizantes del PRD, que aunque estuvieron en listas revisadas por los partidos, fueron sacados del listado definitivo que se presentó hasta el día de la votación. Debido a esta rasura u operación fraudulenta, desplegada desde los mismos órganos electorales, miles de ciudadanos michoacanos fueron privados de su derecho a votar.

* En el estudio de seguimiento y análisis de los tres principales diarios del estado se dió una c
lara inclinación al candidato del PRI, al que en términos generales se le presentaba en fotos y siempre lleno de virtudes y cualidades, mientras que del candidato del PRD se hablaba poco y la mayoría de las veces en forma negativa, cargándolo de defectos y atribuyéndole el origen de la violencia:

"Los lectores que conocieron estos periódicos, percibieron de una manera desproporcionada y sesgada la información sobre los actores electorales, que se inclinó de manera acentuada hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato a la gubernatura Eduardo Villaseñor….[7]"

* En cuanto al uso ilegal de recursos públicos, la Convergencia encontró cientos de testimonios ciudadanos que mostraron como a través de diversas secretarías de Estado y particularmente del Pronasol se canalizaron 5.5 billones de viejos pesos con una opción preferente al fortalecimiento del PRI y, muy a menudo, condicionando los recursos y bienes necesarios para las comunidades más pobres al voto por el partido en el gobierno[8]. Además de esto hubo un control corporativo de sindicatos de taxistas, de la Comisión Federal de Electricidad y de Sindicatos de la CTM y de la CROC para obligar al voto por el partido oficial, bajo pena de pérdida del empleo, del permiso de trabajo, bajo amenaza de no recibir sus productos o de otras represalias.

* En el estudio sobre la Ley Electoral Estatal se encontró que se mantiene la dependencia del gobierno para la organización y calificación de los procesos electorales enmedio de algunos avances puntuales.

* Otra área estudiada fue la biografía de los funcionarios de casilla. En el caso más ampliamente estudiado que fue el distrito III de Pázcuaro los funcionarios seleccionados por insaculación en su mayoría fueron militantes del PRI y en muchísimos casos coincidían con los nombrados en 1991. Además el 100% de los capacitadores de funcionarios nombrados por la Comisión Estatal Electoral fueron miembros del PRI.

* La posible presencia de observadores electorales internacionales fue contestada por el gobierno con la presencia de tanques y tanquetas en las carreterasdel estado y con la presencia de soldados con perros de ataque, que fueron fotografiados en las primeras planas de los diarios del estado en los días previos a la jornada electoral. En realidad, la utilización del ejército y su presencia como fuerza disuasiva estuvo más bien orientada a crear miedo y a inhibir el voto por la oposición, pues finalmente los observadores extranjeros fueron autorizados por la secretaría de gobernación para ser testigos del proceso electoral.

Ante este panorma de uso ilegal de recursos públicos, de movilización arbitraria y anticonstitucional del ejército, de parcialidad clara de los órganos electorales por el partido oficial, tanto en el padrón electoral y distribución de credenciales, como en la elaboración del listado definitivo de electores y en los nombramientos de capacitadores y funcionarios de casilla, y de control casi absoluto de la prensa, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el MovimientoCiudadano por la Democracia y el Acuerdo Nacional por la Democracia dieron una conferencia de Prensa el 11 de julio en la que participaron más de 120 periodistas de 70 medios, en donde se dieron a conocer los resultados de las investigaciones y se declaró que no existían condiciones mínimas de competitividad y de realización de un proceso electoral limpio, imparcial y democrático.

 

4.4.2.2 En relación a la Jornada Electoral

La Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia convocó a 450 observadores de 14 estados y de 45 diferentes organizaciones sociales y populares para observar el proceso de Michoacán. También participaron otras redes u organizaciones ciudadanas: el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Acuerdo Nacional por la Democracia, las Mujeres en Lucha por la Democracia, el Consejo Nacional por la Democracia y la Iniciativa Joven por la Democracia.

La Convergencia, junto con estas organizaciones, había invitado a varios grupos norteamericanos y europeos para que fueran testigos de la observación. Esto generó un fuerte ataque por parte de voceros del PRI, pero finalmente fueron aceptados. En adelante a los testigos internacionales, la sociedad civil les había ganado un lugar para empujar la búsqueda de elecciones democráticas, limpias y creíbles[9].

* La observación de la jornada electoral llevó a constatar que a pesar de la estrategia múltiple del fraude cibernético y del uso previo de recursos gubernamentales de manera etiquetada para un partido político, todavía el PRI recurrió a formas tradicionales de fraude electoral: inducción del voto, coacción de los votantes en la casilla a través de los funcionarios, de los representantes de partido o de los promotores del voto, hecho que se registró en más de un 20 % de las 360 casillas observadas; abundantes carruseles; robo de urnas, expulsión de funcionarios de los partidos de oposición; tacos de votos, y otras, ampliamente documentadas. Quizá lo más grave fue la frecuente colusión entre funcionarios de la Comisión Estatal Electoral y el PRI para recorrer y supervisar juntos las casillas y la votación.

 

4.4.2.3 El informe final de la observación.

La observación fue una acción ciudadana que aportó nuevas experiencias y nuevos sujetos a la lucha por la democracia en México, y como tal aportó experiencias, ideas y propuestas que fueron recogidas y procesadas por una comisión especial de procesos electorales de la Convergencia, que en adelante coordinaría otras actividades semejantes.

Los cuatrocientos cincuenta ciudadanos observadores del proceso michoacano, afirmaron en su informe que se encontraron frente a una bien planeada, compleja, y costosísima estrategia política electoral gubernamental cuyas características principales fueron las siguientes:

"1. Estuvo diseñada desde el centro del país y coordinada a través del comisionado del CEN del PRI, Madrazo Pintado, que había estado comisionado anteriormente en el estado de Tabasco.

2. Por un convenio entre el Instituto Federal Electoral y la Comisión Electoral Estatal en Michoacán, para las elecciones del 12 de julio se utilizó el mismo padrón electoral de 1991 que, como demostramos ampliamente en nuestra investigación, contiene una notable merma respecto al padrón de 1988, particularmente en las zonas donde en elecciones anteriores la oposición había tenido sus más altas votaciones.

3. Entrega selectiva de credenciales: más del 100% en algunas zonas de mayor influencia príista, menos del 70 % en zonas con más alta simpatía para la oposición.

4. Casual insaculación casi de un 100 % de funcionarios del PRI en las casillas de localidades como Huetamo, o 80% como en Pátzcuaro, repitiendo los mismos insaculados en 91 y en 92, cambiando en algunos casos de puesto.

5. Una sistemática referencia unilateral de los medios de comunicación de masas, particularmente de la televisión y de la prensa michoacana a favor del candidato del PRI y una constante referencia negativa en contra del candidato del PRD.

6. Cientos de testimonio obtenidos en diversos lugares concuerdan en que los recursos de PRONASOL y de diversas Secretarías Federales fueron utilizados con orientación preferente al fortalecimiento del PRI y al condicionamiento del voto ciudadano a este último partido.

7. El PRI habilitó un dispositivo de inducción del voto de altísimo costo: organizar a 72,000 promotores del voto que llevarían cada uno de ellos aproximadamente a 10 ciudadanos a votar por dicho partido el día doce de
julio.

Estas siete medidas que en su conjunto representan una política realizada con abundantes recursos del gobierno y del partido, llevaron a que las elecciones del doce de julio de 1992 fueran en realidad una batalla profundamente desigual entre la oposición y el gobierno, más que una disputa democrática entre partidos.

Además de estas condiciones, nuestros observadores dieron cuenta de graves irregularidades durante la jornada electoral: alto índice de coacción del voto a favor del PRI por parte de los representantes del Partido Revolucionario Institucional, de funcionarios de casilla y de los promotores del voto. Otro dato observado, sobre todo en el Distrito I con cabecera en Morelia, fue la total dependencia del PRI con que operaron durante la jornada electoral muchos miembros de la Comisión Estatal Electoral.

El conjunto de datos obtenidos antes de la jornada electoral y durante la observación del desarrollo de la misma, nos llevan a afirmar que las elecciones realizadas en el estado de Michoacán fueron sucias, ilegales y profundamente parciales y que no se apegaron a los requisitos mínimos de limpieza, legalidad e imparcialidad, que en cualquier parte del mundo caracterizan a los procesos electorales democráticos.[10]"

El Instituto Electoral Estatal señaló que el voto dió el triunfo al candidato del PRI Eduardo Villaseñor, que tomó posesión del cargo. Sin embargo, a menos de dos meses de su mandato, hizo una solicitud de licencia para retirarse del cargo al que supuestamente había sido democráticamente electo. Esto daría la razón a los juicios emitidos por los observadores del proceso electoral de Michoacán de 1992.

 

4.4.2.4 Hacia puntos claves para la democracia.

Frente a una situación de violación masiva y sistemática de los derechos políticos de docenas de miles de ciudadanos chihuahuenses y michoacanos, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, como conclusión de su Informe Final de la Observación Ciudadana de los procesos electorales de Chihuahua y Michoacán, concluyó que una Reforma Política era una necesidad inaplazable para que los procesos electorales pudieran ser confiables, creíbles y limpios y las autoridades contaran con respaldo para llevar adelante sus programas políticos:

" Para que en México pueda haber condiciones mínimas de democracia de procesos electorales limpios, legales e imparciales se requiere una profunda reforma política electoral que contemple todos y cada uno de los cinco aspectos siguientes:

"1) Modificaciones legales que garanticen la imparcialidad y la autonomía de los órganos y funcionarios electorales nacionales, estatales y distritales o municipales, tanto en su conformación como en su operación.

2) Revisión del Padrón Electoral y elaboración de uno nuevo confiable, creíble e inobjetable y credencialización oportuna y comprehensiva de todos los ciudadanos, con la vigilancia de todos los partidos y organizaciones de ciudadanos.

3) Distribución equitativa de recursos económicos entre los partidos. Limitación del costo de todas las campañas políticas. No utilización de recursos federales y estatales a favor del partido oficial. Auditoría externa anual obligatoria a todos los partidos políticos.

4) Apertura y equidad para el uso de los medios electrónicos y escritos de comunicación de masas a todos los partidos.

5) Los puntos anteriores están estrechamente relacionados entre sí y tienen que lograrse todos y en conjunto. No es posible lograr unos sí y otros no[11]".

Solamente el logro de esta reforma política permitiría establecer condiciones previas que garantizaran una verdadera competencia electoral y la participación ciudadana podría recuperar la confianza en que su voto sería respetado.

En realidad en Michoacán, cuna y principal fuerza nacional del Partido de la Revolución Democrática, el presidente Salinas, su gobierno y el Partido Revolucionario Institucional, decidieron no respetar la voluntad ciudadana y en forma planeada, durante dos años y medio previos a la elección, pusieron en juego todo su poder, todos los recursos gubernamentales, incluyendo el aparato del Instituto Federal Electoral y un complejo dispositivo socio-electoral llevado a cabo por Pronasol, sumados a un burdo y estrecho control de la prensa a favor del Partido Revolucionario Institucional, todo esto con un costo aproximado de seis billones de viejos pesos. En Michoacán la competencia electoral se dio entre los partidos de oposición y el gobierno. El castigo por el 88 debía ser ejemplar y golpear el imaginario democrático en el que millones de mexicanos empezaban a depositar sus expectativas de cambio: el Partido de la Revolución Democrática.

La iniciativa de la Convergencia de los Organismos Civiles por la Democracia de convocar de manera nacional y amplia a la observación de los procesos electorales de julio de 1992, particularmente al de Michoacán, dejó un conjunto de enseñanzas: probó que sólo el compromiso creciente de la sociedad civil haría posible desterrar el fraude y lograr el respeto a la voluntad popular; mostró que la lucha actual por la democracia en México pasaba por elecciones transparentes y creíbles de los futuros gobernantes.

La capacidad de convocatoria a la sociedad civil por parte de la Convergencia y de la Ola por la Democracia se debió fundamentalmente a dos historias previas distintas: al fraude masivo de 1986 en el norte, y al peso ético-simbólico y de confianza que en el occidente representaba el nuevo y el antiguo cardenismo.

Con esas bases materiales vivamente presentes en la imaginación colectiva, con toda la carga de sueños mesiánicos y utopías inspiradoras de verdaderos cambios sociales en remembranza de los cambios vivamente presentes en la memoria social, el dispositivo amplio de convocatoria y el acerbo de dispositivos incluyentes para hacer eficiente y pública la observación ciudadana, reflejaron al menos dos cuestiones: por un lado, la convicción de que la elección de gobernantes es una decisión del pueblo y no sólo un asunto privativo de los partidos políticos; y por otro, que el país vivía un momento de mayor impulso a la modificación de la cultura política de pasividad e indiferencia ante los acontecimientos nacionales.

La presencia de 450 observadores y observadoras en las elecciones michoacanas fue decisiva. Miembros de las organzaciones que integran la Convergencia, integrantes de organizaciones populares, estudiantes de universidades públicas y privadas, amas de casa, así como organizaciones cristianas de base, acudieron a la convocatoria cubriendo sus gastos. La mayor parte de los michoacanos recibió a las y los observadores con gusto, ánimo y respeto, confiando en que serían portavoces de sus sentimientos y de lo que realmente sucedía; la prensa nacional e internacional les dió crédito y lograron ser interlocutores y difusores de las irregularidades y violaciones ocurridas, no así la prensa local. En algunos casos esta presencia evitó o contuvo fallas en algunas casillas.

La observación promovida y organizada por la Convergencia implicó un gran esfuerzo de todos los centros convocantes, a la vez que fue una oportunidad de maduración y articulación nacional nunca antes desarrollada. Se ofreció capacitación a los observadores, se investigó y analizó la situación preelectoral, se planeó y organizó el operativo para contar con la infraestructura y recursos necesarios, que en su totalidad fueron cubiertos por el conjunto de participantes. Esto significó, entre otras cuestiones, que se aprovechó la formación y experiencia de los integrantes de los centros para dar respuesta oportuna y cumplir con los objetivos previstos.

Hubo también saldos o frutos no calculados ni esperados: una socialización intensiva de una
propuesta y una metodología de lucha por la democracia, que sentó bases y experiencia suficiente como para multiplicar en muchos otros lugares la observación electoral.

Así pues, la vigilancia masiva del proceso electoral michoacano y chihuahuense también aportó a los movimientos ciudadanos una propuesta que posteriormente sería precisada y completada en los cinco puntos básicos para la democracia en México, así como también una experiencia que se repetiría en 1993 en otros cinco estados y sería la base, la materia prima, para un esfuerzo nacional articulado que contara con instrumentos ya probados de observación ciudadana, que cuajarían un poco más tarde en la propuesta y la metodología de la Alianza Cívica/Observación 94.

No obstante todo lo anterior, también en Michoacán, la imposición de Eduardo Villaseñor, por temporal que fuera, impuso el triunfo del imaginario priísta, del imaginario autoritario, distinto al profetizado por los movimientos ciudadanos. De esta manera las elecciones volvieron a enviar al imaginario social el proyecto de democracia electoral, cuya profecía en este caso había fracasado.

En Tabasco, Chihuahua y Michoacán se había madurado una concepción de la observación electoral que incluía un dispositivo de organización y participación plural, al lado de muy diversas organizaciones locales y nacionales. La experiencia continuó en Baja California, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.

En Baja California había un reto: se trataba de elecciones organizadas por primera vez por un partido de oposición, había también una apuesta básica pues un organismo gubernamental de derechos humanos: La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California convocaba a la observación junto con la Academia Mexicana de Derechos Humanos, puesto que "los derechos políticos forman parte de los derechos humanos".

En la observación de Baja California participaron 164 ciudadanas y ciudadanos. Su informe final señala:

"Conclusión principal a la que hemos llegado es que las anomalías registradas durante el proceso electoral no ponen en riesgo la confiabilidad de la jornada del 2 de agosto, que en términos generales, se apegó a los criterios universales de libertad e imparcialidad…[12]"

Dos cosas habían quedado demostradas en la observación de las elecciones de Baja California: 1a sin el PRI organizando las elecciones, éstas pueden ser más limpias, confiables y apegadas a derecho, 2a cuando los organismos de derechos humanos tienen autonomía frente al poder ejecutivo pueden abordar "todos" los derechos humanos, porque están indisolublemente ligados.

En Tamaulipas, en noviembre de 1992 se coaligaron el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y el Acuerdo Nacional para la Democracia para realizar la observación de las elecciones.

Cuatrocientos ciudadanos y ciudadanas acudieron a la convocatoria para realizar foros, entrevistas con autoridades, conferencias de prensa, talleres de capacitación, realizar estudios del padrón electoral, y observar la Jornada Electoral.

El Dictamen de la Ley mostró que efectivamente que la Ley Electoral Estatal es de las más atrasadas del país, puesto que deja el control total del proceso en el gobierno y no contempla órganos de apelación. El estudio del comportamiento de los medios masivos de comunicación mostró una clarísima parcialidad a favor del partido oficial. Los recursos públicos de toda suerte fueron utilizadaos también a favor del mismo partido. La conclusión de los observadores sobre las elecciones señala:

"estuvo llena de irregularidades durante todo el proceso, lo que nos permite calificarla como una elección que violó los principios del derecho universal de los ciudadanos de votar en condiciones limpias, libres e imparciales…[13]"

El dispositivo ciudadano de observación se había ido afinando, los puntos nodales a observar estaban más definidos, los trabajos necesarios para conocer las condiciones previas a la jornada habían ido formando grupos de especialistas, se iban mejorando los intrumentos de vigilancia de la jornada misma y se había adquirido una cierta experiencia para dialogar con autoridades y partidos. Sin embargo, estos mismos avances y especializaciones empezarían a generar perspectivas parciales, locales o regionales, encargos particulares que demandaban otras connotaciones a los procesos de observación ciudadana, frente a estos retos, derivados del proceso mismo de organización empezaba a ser necesario construir e institucionalizar espacios y relaciones que permitieran preservar las perspectivas generales del movimiento.

La observación electoral y los movimientos ciudadanos iban aportando propuestas para una nueva cultura ciudadana. La información sólida, los datos duros obtenidos de los estudios de padrón y credencialización, la investigación del comportamiento de los medios, daban elementos para cuestionar seriamente las prácticas fraudulentas. El uso ilegal de recursos públicos se iba develando. Sólo la compra y coacción del voto quedaba como una de las prácticas ilegales más difíciles de ser demostrada, dada la forma como permeaba la vida cotidiana y amenazaba a los trabajadores a través de formas sutiles de control autoritario que suponían dispositivos sociales complejos y muy arraigados.

El mejor conocimiento de la estrategia del fraude, permitía incidir en algunas nuevas reglas del juego a nivel estatal o nacional, pues se tenían elementos suficientes para cuestionar la legitimidad de los representantes electos en condiciones fraudulentas: gobernadores supuestamente electos de San Luis Potosí, Michoacán y Tabasco tuvieron que renunciar o pedir licencia, igualmente presidentes municipales de Tabasco y Veracruz, sin embargo, no se contaba con la fuerza suficiente para lograr una verdadera reforma electoral ni el respeto pleno al voto popular.

En Octubre de 1992, en la Ciudad de México se realizó un Encuentro Nacional por la Democracia al que concurrieron 188 organizaciones cívicas y sociales de 22 estados del país y un total de 640 ciudadanos. Acudieron al evento los principales representantes de los tres partidos políticos de mayor relevancia, a dialogar con las organizaciones ciudadanas en torno a los cambios necesarios para avanzar en la democracia en México.

En febrero de 1993, como resultado de un gran esfuerzo de articulación civil se conformó el Movimiento Ciudadano Guerrerense por la Democracia, y junto con MCD y Convergencia se observaron las elecciones en la entidad. A los cuadros de fraude de la mayoría de los procesos observados, a éste se añadió un clima grave de violencia generado por las mismas autoridades: una masacre unos días antes del proceso electoral hizo que un ambiente de miedo estuviera presente en los comicios.

El 21 de marzo de 1993 en la Ciudad de México tuvo lugar un evento ciudadano insólito: el Plebiscito por la Democracia para que los habitantes de la ciudad más grande del país expresaran su voluntad en torno al nombramiento de las autoridades por voto directo y secreto. Con absoluta honestidad y transparencia, un primer ejercicio electoral organizado por la ciudadanía, sin recursos y con escasa publicidad, pudo lograr una amplia convocatoria y dar los resultados de la votación en la noche del mismo día en que se realizó. Se había puesto un antecedente simbólico fundamental: la entrada de la primavera mostraba a todas luces que era posible que ciudadanos común y corrientes organizaran bien y de manera transparente los procesos electorales[14].

Otras demandas ciudadanas se incorporaban a la lucha por la democracia. La Red de Mujeres: "Ganando Espacios" luchó para que en las listas de
candidaturas uninominales y plurinominales de todos los partidos se presentará por lo menos un 30% de mujeres, intercaladas de manera alternada en los números nones de las listas y repartidas equitativamente como propietarias o suplentes.

Una conclusión común se fue desprendiendo de todos los procesos de participación ciudadana y de los eventos de análisis de la situación del país: ya fuera Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Baja California, Veracruz, Sinaloa, o Tamaulipas una misma bandera conformada por cinco puntos básicos para la democracia se fue levantando:

1. Es indispensable la conformación de un órgano autónomo e imparcial que sea responsable de la organización de los procesos electorales.

2. Es absolutamente necesario poner límites a los gastos de campaña.

3. Se requiere un nuevo padrón electoral confiable elaborado por la nueva autoridad electoral imparcial.

4. La democratización del acceso a los medios masivos de comunicación es indispensable.

5. Se debe prohibir la utilización de los recursos públicos para favorecer a cualquier partido.

Esto cinco puntos eran indisociables y se tenían que conseguir todos a fin de garantizar un verdadero avance democrático. En junio de 1993 fueron presentados por el MCD ante la Comisión Plural de la Cámara de Diputados como propuesta de Ley Electoral. En estos puntos había un consenso pleno, a tal grado que en el Congreso del Movimiento Ciudadano por la Democracia que reunió a la mayor parte de los movimientos cívicos del país el 9 y 10 de julio de 1993 en San Luis Potosí, fueron tomados como bandera ciudadana y fueron ratificados como los "Cinco Puntos para la Democracia"[15]. En torno a ellos se organizaría poco después una Cadena Nacional por la Democracia para obtener miles de firmas que los respaldaran como contenido básico de una necesaria reforma política.

En el mismo mes de julio de 1993, el diputado Pablo Emilio Madero bajo el encargo de los movimientos ciudadanos presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Código Federal Electoral, que elaborada por especialistas concretaba, bajo una Iniciativa de Ley y un texto completo, las propuestas de los movimientos ciudadanos. Esta audaz propuesta fue finalmente un elemento más en favor de una reforma electoral, aunque como tal no fue aceptada.

Las experiencias de observación de los procesos electorales realizadas a partir de julio de 1991 y hasta mediados de 1993, y las diferentes propuestas e iniciativas por parte de las organizaciones ciudadanas locales o estatales articuladas a esfuerzos nacionales (Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Acuerdo Nacional por la Democracia y Movimiento Ciudadano por la Democracia) fueron teniendo cada vez mayor resonancia y fueron contribuyendo a densificar y concentrar un horizonte de expectativas de reforma electoral. Artistas, periodistas, feministas, investigadores, intelectuales se sumaron a los esfuerzos de los movimientos ciudadanos por una reforma política que garantizara la imparcialidad y autonomía de los organismos electorales a todos los niveles. Para octubre de 1993 era público y evidente que existía un sistema de ingeniería electoral y fraude, dirigido desde el mismo Instituto Federal Electoral.

Pero, no obstante haber sido paulatinamente desnudado este complejo y multifacético dispositivo presidencialista de violación estructural del voto ciudadano, había resistencia a modificarlo, de tal manera que los logros de la reforma electoral fueron limitados. Fue hasta la aparición de la ola zapatista en el sureste, a principios de 1994, cuando el gobierno, habiendo ya dado por concluida la reforma electoral, pero necesitando legitimarse, aceptó un período extraordinario de sesiones del Congreso para legislar cambios en que se reconociera la figura de los Consejeros Electorales como garantes de la imparcialidad de un Instituto Federal Electoral independiente del poder ejecutivo, aunque la mayor parte de los dispositivos para las elecciones de 1994 estaban ya acordados. El efecto de estas medidas se empezaría a conocer en procesos electorales posteriores.

 

4.4.2.5 Límites de la observación electoral

En las elecciones de Tamaulipas a fines de 1992 se apuntaron algunos problemas para los procesos de observación electoral: por un lado, la poca competencia electoral que se dió, contrariaba uno de los requisitos que la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia había establecido para participar, y por otro, muchas ocpds redujeron sus posibilidades de participar en la tarea de observación por problemas financieros y de desgaste institucional.

Varios actores ciudadanos, entre ellos el Acuerdo Nacional para la Democracia, bajaron su perfil. A la vez la escasez de recursos se fue tornando crítica. Un punto clave del momento de auge de la observación electoral había sido poder contar con un equipo con capacidad profesional, pero igualmente el no contar con él había llevado a la baja en los frutos obtenidos.

La Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia organizó un taller para analizar la situación y para definir su papel y prepararse para la observación del proceso electoral de 1994.

En ese taller participantes de más de 15 estados, sistematizaron conjuntamente las doce observaciones en las que había participado la Convergencia. Se trabajó sobre los siguientes aspectos del proyecto: coordinación estatal, campos de observación y prioridades, capacidad de convocatoria a otros sectores, dispositivos de capacitación que se llevaron acabo, necesidades y recursos, articulación con otros grupos de observadores, valoración cualitativa[16].

Después de cobrar conciencia conjuntamente de las líneas seguidas a lo largo de más de dos años, los participantes en el taller propusieron invertir el peso de la observación: en vez de denunciar el fraude constatado y documentado, corregirlo con anterioridad, dificultarlo, lo que implica mayor visibilidad, dictámenes fuertes, previos, ampliamente difundidos. Las exigencias que se plantearon para mejorar la calidad de la observación del conjunto del proceso electoral tenían que ver con tres políticas generales del sistema de gobierno-partido oficial: la parcialidad de los organismos electorales y funcionarios, la inequidad de las condiciones de competencia (toda la fuerza y recursos del gobierno y de los medios electrónicos jugados por sus candidatos) y la captación ilegítima de votos por compra y coacción, presión, costumbre, promesas, servicios, etcétera.

Frente a este escenario se propuso:

a) Realización de estudios especializados conjuntos sobre medios de comunicación, padrón y credencialización, funcionarios electorales, uso de recursos públicos, observación de la jornada electoral;

b) la contundencia en la vigilancia, equivalente a indagar y difundir aspectos cruciales del proceso electoral, hechos que de manera fehaciente, clara y evidente muestren el carácter del fraude en su parcialidad, inequitatividad y coactividad; explorar muestra aleatorias estadísticas, políticamente significativas, territorialmente importantes, que vehiculicen la contundencia de la lógica irreverente de los y las ciudadanas. Imaginar y lanzar una dinámica social de vigilancia ciudadana sobre las autoridades y sobre la vigencia de la legalidad que fortalezca los polos ciudadanos, más allá de la coyuntura electoral, esto es, impulsar una ciudadanía participativa, vigilante, enérgica, que supervise, que pida cuentas, que dictamine permanentemente las acciones de gobierno, a modo de ir reduciendo esa política de sometimiento y de vasallaje por el desempeño de los derechos ciudadanos de elegir, vigilar y pedir cuentas a su gobierno.

c) La política de comunicación es posible si se
tienen noticias que difundir. Se requiere un dispositivo especializado que trabaje para el impacto de la información, para excelentes y creativas presentaciones, en lugares polémicos, con interlocutores de peso. Rogelio Gómez-Hermosillo lo sintetizó así:

"En resumen, si las observaciones anteriores se guiaron por la divisa: fortalecimiento de organismos locales, movilización y educación masiva, amplia, de ciudadanos, reportes agudos con pruebas del fraude, estamos ante una nueva exigencia, un salto de calidad…, se propone como divisa a ser perseguida en todas y cada una de nuestras actuaciones, productos, proyectos, iniciativas y acciones:

– Capacidad técnica que dé sustento,

– Muestras que den contundencia,

Política de comunicación que dé impacto…[17]"

Para poder participar con fuerza se acordó también hablar de vigilancia más que de observación para significar la atención a todo el proceso en conjunto y no sólo la observación que se agota en la jornada electoral, para asumir un aspecto de las recientes reformas del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, para exigir el derecho a la información y para poder registrar a los observadores de la jornada electoral.

 

Notas

[1] "Chihuhaua: Ola por la Democracia", en: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia: Nuestra Palabra, el fraude electoral de 1991 y la participación ciudadana en la lucha por la democracia, México, 1992, pág. 384.

[2] Ibid., pp. 6 y 7.

[3] Ibid., p. 9.

[4] Gilabert, en la conclusión de su libro sobre el imaginario del movimiento estudiantil de 1968 señala que una clave de interpretación de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco se encuentra en analizar "el castigo imaginario ejemplar" porque el movimiento ya estaba derrotado y para nada era necesario que el gobierno se manchara las manos, lo que en realidad estaba en juego con la masacre era la disputa del imaginario social entre un gobierno que no tolera opositores y una sociedad civil que habiendo sido interpelada reconocía la novedad radical que el movimiento estudiantil popular, como sujeto había sido capaz de convocar a través de la exigencia al gobierno de respetar las libertades democráticas elementales. Gilabert, César. Op. cit. pp. 227 y 228.

[5] Entre otras organizaciones civiles participaron: El Comité de Derechos Humanos de Tabasco; el Centro Potosino de Derechos Humanos; el Equipo Pueblo; Casa y Ciudad; el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario; la Unión de Colonias Populares, con varias de sus secciones; la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata; la Unión de Colonos y Solicitantes de la Vivienda de Veracruz; la Unión de Colonos y Solicitantes de la Vivienda del Distrito Federal; Asamblea de Barrios; el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón; el Centro Antonio Montesinos; estudiantes y profesores del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana de sus tres unidades, de varias escuelas de la UNAM, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la Iniciativa Joven por la Democracia; la Academia Jalisciense de Derechos Humanos; Salud Integral; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Fundación de Apoyo a la Comunidad; el Comité de Productores Purépechas; el Centro de Apoyo a la Salud Alternativa; Vida Natura; el Centro Nacional de Comunicación Social; Servicio, Desarrollo y Paz; la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Enlace, Comunicación y Capacitación; el Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara"; el Grupo de Educación Popular con Mujeres; el Equipo de Mujeres en Accción Solidaria; el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos; el Centro Michoacano de Investigación y Formación "Vasco de Quiroga"; el Centro de Estudios Ecuménicos; Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo; el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento; el Despacho de Orientación y Asesoría Legal; el Centro de Encuentros y Diálogos, la Fundación de Apoyo a los Procesos Populares; Servicios Informativos Procesados; el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"; Información para el Cambio; Vida, Ecología y Desarrollo Social; y, el Centro Vasco de Quiroga; la coordinación del proceso de observación electoral fue realizada por las últimas 25 organizaciones.

[6] Boletín de prensa de Convergencia Michoacana y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 11 de julio de 1992.

[7] Ibid., p. 9.

[8] La asignación de Pronasol en 1992 al estado de Michoacán fue igual a la asignación de Pronasol en el mismo año a todos los estados de la república juntos. El problema no está en el volumen de los mismos para uno de los estados más pobres, sino en que estos recursos se asignaron fundamentalmente con criterios electorales. Op. cit., p. 14.

[9] Uno de los observadores internacionales, Robert Pastor, amigo personal de Carlos Salinas y consejero de Jimmy Carter, después de una larga charla con un subsecretario de Gobernación, apenas con unas horas de haber llegado a Morelia, desestimó públicamente a través de la prensa los estudios previos de las redes de ocpds y valoró los esfuerzos realizados por el gobierno para realizar unas elecciones limpias, aunque señaló que todavía eran necesarios mayores esfuerzos. En realidad, aún sin proponérselo, en una situación altamente conflictiva, Pastor había tomado partido.

[10] Michoacán 1992. Informe de la Observación Electoral realizada por Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Julio de 1992, págs. 30 y 31.

[11] Ibid., p. 32.

[12] Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Social de Baja California y Academia Mexicana de Derechos Humanos. Baja California 92: ensayo democrático. Perfil de la Jornada, viernes 14 de agosto de 1992, p. II.

[13] Tamaulipas 1992. Informe de la Observación Electoral realizada en el Estado de Tamaulipas, noviembre de 1992, pág. 18.

[14] El capital simbólico de esta experiencia resonaría decisivamente en la democratización posterior del Distrito Federal, así como también en las elecciones del 6 de julio de 1997 en que los ciudadanos del Distrito Federal elegirían mediante el voto secreto y directo a Cuahtémoc Cárdenas como primer Jefe del Gobierno del Distrito Federal electo en las urnas.

[15] Este Encuentro fue a la vez expresión de una contradicción en el papel y el tipo de dirección que el Movimiento Ciudadano por la Democracia debía tener, lo cual estuvo a punto de dividir a las organizaciones puesto que Adolfo Aguilar Zínser apoyado por algunas personalidades se estaba autoproponiendo como candidato a Coordinador General del MCD, sin embargo la mayor parte de las organizaciones con resplado social fue manifestando públicamente su apoyo a que Luis Nava Calvillo continuara como coordinador y llevará a efecto los mandatos del MCD y del Encuentro Ciudadano.

[16] Notas personales del taller.

[17
] Gómez Hermosillo, Rogelio. La vigilancia civil de las elecciones de 1994. Balance y Perspectivas de la actuación de Convergencia. Documento interno para el debate en el taller nacional, Ciudad de México, 4-6 de noviembre de 1993, p. 10.