Una característica importante, que el gobierno mexicano fue imprimiendo al ajuste estructural de la economía entre los años de 1982 y 1994, fue la separación sistemática y tajante entre las decisiones sobre "la economía", que quiso conservar como responsabilidad exclusiva del grupo en el poder, y las decisiones sobre "la política" en donde estuvo dispuesto a una cierta apertura y a un cierto juego, cuyos límites fueron claramente señalados cuando diversas fuerzas sociales y políticas lucharon por buscar un rumbo económico distinto al que trazaba el Fondo Monetario Internacional.
Por la presión ciudadana, por las exigencias del Tratado de Libre Comercio y por las luchas de algunos partidos políticos de oposición, durante esos quince años, se realizaron cuatro reformas electorales pero no una profunda reforma política.
En la letra de las leyes se inició un sistema de partidos que permitía un juego más amplio en el acceso a determinados puestos de elección popular, antes monopolizados por el partido del gobierno: diputaciones, senadurías, presidencias municipales y gubernaturas. Sin embargo, las leyes y el discurso iban por un lado, y las prácticas sociopolíticas por otro: en los hechos, Carlos Salinas y el ejecutivo a su mando privilegiaron siempre sus vínculos con el Partido Acción Nacional, mientras que durante más de seis años no reconocieron los triunfos electorales del Partido de la Revolución Democrática; el hostigamiento y satanización del PRD en los medios masivos de comunicación, fueron prácticas constantes dirigidas desde la presidencia; incluso se toleró, con casi total impunidad, el asesinato de más de 250 de los militantes de ese partido, la mayoría de ellos como consecuencia de violencia pre y postelectoral[1].
Todo esto llevó a que el sistema de partidos padeciera la inercia provocada por el deterioro del partido de Estado, con pocos puentes tendidos entre las representaciones político partidarias y las demandas más sentidas de la mayoría de las y los mexicanos, gravemente empobrecidos por la acumulación de una crisis que se extendía ya por más de una década.
Pero por otro lado, en lo que se refiere a las grandes decisiones sobre política económica, como la definición de los recursos petroquímicos estratégicos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la retribución al trabajo asalariado[2], los criterios para el tratamiento del capital especulativo, el monto del gasto social, el monto del presupuesto destinado a apoyar a los productores y empresarios, los dispositivos macroeconómicos que llevaron a la concentración de grandes capitales en sólo 24 familias, en una palabra, las decisiones de política económica que afectaban al interés general de la población, fueron un coto reservado a una pequeña élite gobernante.
Mientras se dió un cierto juego en la política electoral[3], no se dió juego en las decisiones sobre política económica, que fueron profundamente autoritarias y antidemocráticas e incubaron un creciente malestar social. Los afectados y sus organizaciones sociales fueron imaginando e inventando múltiples alternativas, creando espacios y respuestas cívicas de nuevo cuño, como los frentes y movimientos cívicos estatales y como las agrupaciones de deudores. En su forma extrema, los movimientos sociales de este período dieron origen al movimiento indígena armado zapatista, además de otros movimientos guerrilleros tradicionales que se siguieron incubando en este contexto.
Todos estos movimientos, aunque con diferentes métodos de lucha, fueron sin duda manifestaciones de un mismo rechazo popular y de una resistencia ciudadana a las consecuencias de la política económica, y nacieron y se desarrollaron al calor de la miseria, el hambre y el desempleo, que aquella seguía trayendo. Por parte del gobierno, la respuesta a estas nuevas iniciativas y demandas fue diversa: a veces a través de intentos de desarrollar movimientos paralelos que arrebataran la interlocución, como en el caso de algunos movimientos campesinos; a veces la respuesta más recurrente fue el endurecimiento del marco jurídico social; a menudo la apuesta al tiempo y al desgaste de las organizaciones sociales; y muchas otras, mediante la represión directa y la transformación del ejército mexicano en policía, militarizando una parte del territorio nacional[4].
En este período, las luchas ciudadanas por el acceso a una verdadera representación política, además de exigir el respeto al voto y buscar la democratización de los procesos electorales, buscaron denodadamente incidir en la modificación de las decisiones sobre política económica. Los gobiernos de estos años negaron esta posibilidad, señalando que el rumbo económico elegido era correcto. Poder decidir democráticamente en este terreno estuvo limitado porque el PRI y el PAN compartieron siempre el mismo proyecto económico, dificultando iniciativas que plantearan otros rumbos para las decisiones que tuvieron que ver con la reproducción de la vida y la organización general de la economía de la nación.
Al aparecer con una estrategia social y económica común y propositiva, las redes de ocpds quedaron identificadas con una nueva realidad imaginaria. Para las redes de ocpds, el tránsito de las inicitivas sociales y económicas a las iniciativas de lucha por la democracia fue como un espacio de continuidad necesaria para seguir desarrollando su trabajo cotidiano.
Los tiempos y ritmos de conformación de las redes en el campo de la democracia electoral fueron posteriores a su articulación en el campo particular de su autodefensa como organizaciones civiles, de modo tal que el ingreso al terreno específico de la democracia electoral se dió a partir de las prácticas sociales de acción conjunta, más que a partir de la experiencia en el terreno específicamente electoral, a diferencia de la gestión del poder que hace un partido político, que parte a la inversa. Así pues, la gestión de lo electoral fue una forma de síntesis entre lo político y la política. La dinámica de los procesos imaginarios fue social y colectiva.
Es en la construcción de otras prácticas sociales alternas donde se puede ver la vigencia del imaginario distinto que animó la vida de las ocpds y de sus redes.
Para las redes de ocpds el camino para la democracia y la lucha por el bienestar social estuvieron siempre articulados:
"Nuestra lucha por la democracia es amplia, abarca la democracia electoral -los derechos político ciudadanos- y la democracia social que se manifiesta en la vida cotidiana -el derecho a una vida digna y justa, y ahora la paz… Aprendimos el nuevo significado de la participación ciudadana. Una concepción distinta de nuestro trabajo popular y de base que veníamos desarrollando…[5]"
Para aproximarse al quehacer de las redes de ocpds en relación a una utopía democrática fue necesario abordar los aspectos referidos a los procesos electorales y al voto ciudadano, sin separarlos de los procesos relacionados con las decisiones sobre política económica y poder local. La problemática, tal como fue vivida por las redes de ocpds llevó a buscar un análisis y una aproximación que implicara una comprensión articuladora de la lucha por el mejoramiento colectivo de las condiciones de vida y de trabajo con las luchas ciudadanas por la transparencia electoral y el nombramiento democrático de sus representantes[6], develando así las relaciones entre política económico-social y política electoral.
Bajo esta lógica, se buscó relacionar los planteamientos que aquí se desarrollaron con la lógica de los acuerdos de la
Conferencia de Viena de la
Organización de Naciones Unidas de junio de 1993, donde quedó claramente establecido que todos los Derechos Humanos son "indivisibles e interdependientes" entre sí, llamando a que los derechos económicos, sociales y culturales se realicen en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos.
Las ocpds, no las ongs en general, por vocación, por mandato fundante, están preferentemente dedicadas a trabajar en favor de los derechos eonómicos, sociales y culturales de los individuos, y de las organizaciones populares, y la mayoría de ellas, están especialmente orientadas a los sujetos sociales excluídos del uso y disfrute de los bienes y recursos del país, en la lógica de contribuir a transformar las condiciones sociales que originan esa exclusión y no sólo para paliarla. Las redes de ocpds, a partir de su campo de experiencia particular, buscaron un mayor impacto y se conformaron como redes referidas a problemáticas específicas de desarrollo, ya sean sectoriales: niños, jóvenes, indígenas, ancianos, mujeres, trabajadores, campesinos; ya sean temáticas: agroecología, frente al libre comercio, alimentación, salud, habitat y vivienda, etcétera.
Las redes de ocpds se vieron presionadas por crecientes obstáculos para cumplir su misión y realizar su campo de experiencia en política social y de desarrollo; es por eso que, de manera reciente, buscaron insistentemente relacionar su saber hacer, su práctica cotidiana, con la lucha por el nombramiento de representantes políticos en condiciones de equidad, de modo tal, que los procesos electorales llevaron a vincular el acceso a los puestos de representación popular con los programas y candidatos que representaran los intereses y las demandas de los votantes. La característica específica del quehacer de las redes de ocpds en este terreno estuvo dada a partir de su impulso a una política de desarrollo, que llevó a incursionar en el campo de la política electoral, a fin de articular la vida cotidiana con los esfuerzos democráticos.
Las ocpds se empeñaron en vincular las propuestas de política social y de desarrollo sostenible con las iniciativas cívico electorales. La participación cívica es movilizada por la esperanza de incidir, de impactar, a través del respeto al voto, en las políticas que repercutan en beneficio de los sectores sociales representados.
La dinámica de las intervenciones ciudadanas no está vinculada solamente al respeto al voto, sino también a la contraloría, al contrapeso social organizado, para que los representantes nombrados, den cuenta de su quehacer público y de sus decisiones sobre política económica, puesto que el imaginario de los ciudadanos conscientes está estrechamente relacionado con la posibilidad de que los representantes democráticamente electos, den cuenta del sentido y de las decisiones de su gestión pública.
El intento de historizar los horizontes de expectativas a partir de los diversos campos de experiencias, y no sólo a partir de un
tratamiento segmentado de la lucha por la democracia -como si ésta estuviera separada de la vida social y de la gestión de los recursos y el territorio- permitió descubrir algunas intersecciones entre la re-invención cotidiana de la realidad y de la sociedad por los actores civiles, de cara al creciente autoritarismo padecido en todos los campos de la vida. Este tratamiento de la problemática tuvo la desventaja de llevar a una visión más genérica del quehacer de las redes de ocpds de cara a la sociedad, pero permitió, también, una primera aproximación general al concepto amplio de la democracia buscada por las redes de ocpds, con un acercamiento multirreferencial a un fenómeno complejo, relacionado con diversas problemáticas y analizado de modo más dinámico. De esta manera, fue posible recuperar algo de la imaginación colectiva que se expresó a través de la complejidad de las acciones, de las experiencias y de los horizontes de las redes.
Derivada de la opción teórica de no prejuzgar el tipo de democracia que las redes impulsaron, una vez vislumbrada ésta, se siguió una opción metodológica, que procuró indagar y descubrir los vínculos entre la lucha por la democracia y la lucha por una política económica diferente que implicara políticas sociales y de bienestar colectivo, y la lucha por la democracia, y las demandas y exigencias sociales de la vida cotidiana de los sectores populares. Así pues, a partir de esta concepción, tratando de integrar las luchas por los derechos económicos y sociales con las luchas por los derechos civiles y políticos, descubrimos que las redes de ocpds trabajaron en torno a tres vínculos básicos: democracia y economía, democracia y derechos políticos, y, democracia y gestión de recursos y territorio.
4.8.1 Democracia y derechos económicos
Hablar de los derechos ciudadanos lleva, una y otra vez, al vínculo con la política económica, ya sea como fuente estructural de riqueza o de pobreza, de apropiación y concentración excluyente de los bienes y recursos socialmente producidos, ya sea como decisiones para la distribución social de los mismos. En este campo, escudriñar la historia de las redes de ocpds, lleva a circular a través de sus experiencias anteriores en tres direcciones:
1) En primer lugar, a la "resistencia" que se había dado frente a una política económica que privilegió a un puñado de mexicanos y excluyó a grandes mayorías. Esto llevó a las ocpds a explorar vías de recuperación de la memoria histórica y a derivar de ella experiencias locales, pequeñas, muy cuidadas, de atención cara a cara a los sujetos con los que se trabajaba, lo que a menudo sería el punto de partida para avanzar a otros niveles de incidencia pública.
2) En segundo lugar, a generar "propuestas viables", "proyectos" que delimitados en territorios y/o sectores, fortalecieran a sujetos sociales específicos: niños, jóvenes, mujeres, ancianos, cooperativas y cajas de ahorro, enfermos con VIH, campesinos, municipios, obreros, sectores urbano populares, etc[7].
3) En tercer lugar, "a conformar redes", ya sea de ocpds, o de éstas y organizaciones sociales y ciudadanas interesadas en conformarse en torno a temáticas o problemáticas específicas de servicio a los sectores, grupos y organizaciones sociales, tales como: alimentación, salud, información, educación popular, derechos laborales, hábitat y medio ambiente, agroecología, vivienda, proyectos productivos, etc. Siguiendo esta lógica podríamos señalar dos momentos indisolublemente articulados:
a) el primero llevó a sistematizar experiencias locales y puntuales como base para incursionar en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públicas en localidades o territorios y/o problemáticas delimitadas, en busca de una mayor escala y de un impacto social y territorial más amplio,
b) en el segundo momento, se pasó a diseñar estrategias de articulación con otros sectores sociales a través de nuevos instrumentos de lucha, como la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Consulta sobre las consecuencias de la política económica, el Referéndum por la Libertad, etc., como estrategias alternativas frente a grandes decisiones de macropolítica económica excluyente. Esto implicó la formación y articulación con nuevas organizaciones y redes de diversos sectores sociales. Fue así como se hicieron alianzas explícitas o implícitas con la Asociación Nacional de la Industria de la Transformación, con el Barzón, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con redes civiles de Estados Unidos y Canadá y otras muchas.
La característica del vínculo entre procesos electorales y política económica tuvo que ver con la búsqueda de toma de poder social y con la construcción de poder popular, referidos a políticas sociales y económicas orientada
s al bienestar cotidiano y a las condiciones de vida y de trabajo de los grupos mayoritarios de la sociedad.
4.8.2 Democracia y Derechos Políticos
En lo que se refiere a las relaciones entre democracia y derechos políticos, los ejes fundamentales fueron:
* El derecho a expresar la voluntad electoral de manera libre y secreta, buscando romper los vínculos corporativos cotidianos, instalados a través de complejos dispositivos sociales de compra y coacción del voto. En esto el instrumento privilegiado fue la educación ciudadana, que trabajó contra el miedo, promovió la libertad de los votantes para elegir programas, formas de gobierno que correspondieran a sus intereses y nombrar representantes que se preocuparan por llevar a cabo las demandas de bienestar general.
* Un segundo eje se refirió al establecimiento de estrategias, actividades y acciones amplias y plurales que permitieran ejercer contrapesos y labores de vigilancia ciudadana al ejercicio de los representantes electos. Particular relevancia tuvo la lucha por que el nivel de decisión del Instituto Federal Electoral estuviera conformado por ciudadanos que habiendo mostrado su dedicación a la democracia fueran claramente independientes del gobierno, a fin de garantizar una organización equitativa, transparente y creíble de los procesos electorales.
* Un tercer eje se refirió al acceso equitativo a los medios electrónicos y audiovisuales, de tal manera que una información amplia, veraz y oportuna, permitiera dar a conocer a todas y todos los mexicanos los diversos puntos de vista sobre el análisis de los problemas hecho por candidatos y partidos, así como sus programas y alternativas para enfrentarlos.
* Un cuarto eje se relacionó con la equidad, transparencia y vigilancia del uso de los recursos públicos y privados para las campañas y procesos electorales, a fin de limitar el uso del dinero de los impuestos en un doble sentido: evitar el acaparamiento de los recursos públicos mediante una distribución equitativa de los recursos entre todos los partidos, y establecer límites a gastos electorales a todas luces excesivos en un país donde se incrementan los miserables y la extrema pobreza.
Las redes de derechos humanos, los frentes y movimientos cívicos estatales, las fundaciones, los acuerdos, las asociaciones, las organizaciones de mujeres, las ocpds en general participaron en las luchas por hacer vigentes los ejes anteriormente mencionados. La educación ciudadana a amplios sectores fue el vehículo privilegiado para la información y formación en torno a los derechos políticos de los mexicanos y mexicanas. Para la educación se inventaron procesos de participación masiva, de formación de cuadros y de dirigentes, así como también dispositivos especializados como la observación e investigación de la compra y coacción del voto, el seguimiento del comportamiento de los medios de comunicación masiva, los cálculos de los gastos de campaña, los estudios de las leyes electorales, el conocimiento de la biografía de los funcionarios electorales, la observación de la jornada electoral, etc. Todos estos procesos fueron incluyentes y realizaron educación ciudadana por la vía de la acción concertada y libre.
Así pues, se inventaron diversas organizaciones y dispositivos sociopolíticos para ejercer los derechos de los ciudadanos y ciudadanas: frentes cívicos; movimientos ciudadanos; alianzas cívicas; acuerdos ciudadanos; articulaciones con la academia, con centros universitarios, con intelectuales y periodistas; relaciones internacionales; acciones previas, concomitanes y posteriores a la jornada electoral, etc., etc.
Algunas ocpds fueron más allá de la educación, promoción y defensa de los derechos políticos: la red INCIDE[8] incursionó en la participación, desde la experiencia de educación popular, en la Comisión de Educación Política del Partido de la Revolución Democrática.
Para impulsar estas propuestas se formaron en el período movimientos ciudadanos pluriclasistas de carácter local, regional y nacional que se constituyeron como actores de las decisiones públicas y como vigilantes del respeto a leyes y acuerdos electorales. Particular relevancia tuvieron varios frentes y movimientos cívicos estatales, el Movimiento Ciudadano por la Democracia (1992), la Alianza Cívica/Observación 94 y las Alianzas Cívicas en los 32 estados de la república (1994)[9].
4.8.3 Democracia, municipalismo y poder local
Un tercer ámbito de lucha por la democracia, en donde participaron cada vez más las ocpds y sus redes, fue la articulación entre vida cotidiana y poder local, entre demandas sociales y gestión del territorio y de los recursos públicos. La democracia concretada en una delimitación geográfica ya fuera comunidad, municipio o región. De aquí surgió el interés por iniciar experiencias de desarrollo microrregional, pero a partir de escalas locales articuladas y no como líneas que bajaran de un poder central. Así las experiencias de desarrollo regional se orientaron hacia la conservación y mejoramiento del medio ambiente, hacia la autosuficiencia alimentaria, hacia nuevas formas de economía campesina[10], vinculando la cotidianidad con la elección de representantes a puestos municipales, diputaciones federales o estatales o senadurías. A veces los proyectos se hicieron de acuerdo con gobiernos locales democráticamente electos, a veces sin su concurso abierto.
Surgieron así experiencias en varias zonas, se multiplicaron las relaciones con ayuntamientos gobernados por diferentes partidos políticos: Durango, Durango; Cuquío, Jalisco; Cosoleacaque, Veracruz; León, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; Valle del Mezquital, Hidalgo; Xilitla, San Luis Potosí; Mexicali, Baja California; Regiones Autónomas Chiapanecas, Chiapas; etc, etc. En estos esfuerzos e iniciativas participaron los más diversos centros y redes de varios estados.
El Centro de Servicios Municipales, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, el Centro de Encuentros y Diálogos y el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento participaron en talleres, programas y asesorías especializadas dirigidas a presidentes municipales y a ayuntamientos de todos los partidos políticos, para aportar iniciativas orientadas a la gestión democrática del poder local; miembros de diversas redes se abrieron a talleres y actividades conjuntas con organismos pluripartidistas.
Notas
[1] La Comisión de Derechos Humanos del PRD había documentado de manera fidedigna 136 asesinatos por razones político electorales hasta 1992. Lamentablemente para 1997 el número rebasaba los 250 casos. Comisión de Derechos Humanos-Grupo Parlamentario PRD. La violencia política en México: un asunto de Derechos Humanos. Ciudad de México, abril de 1992.
[2] "En sólo una década -de 1987 a 1997- el costo de la canasta obrera indispensable (COI) reportó un aumento acumulado de mil 109 por ciento, en tanto que los salarios tuvieron un alza de 308 por ciento; la pérdida del poder adquisitivo, desde entonces y hasta el primero de enero de 1997, asciende a 66.3 por ciento…" Lozano Arredondo, Luis y Montaño Peña, Mónica, en: 20 años de deterioro del poder adquisitivo del salario en México, Centro de Análisis Multidsciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Jornada, domingo 19 de enero de 1997, p. 51.
[3] Sin embargo, va a ser hasta 1996, después de las elecciones de 1994, como fruto de las luchas y movimientos cívicos, se conformó un Consejo Ciudadano que pudiera organizar el proceso elect
oral de manera independiente del gobierno, aunque las leyes también acotaron fuertemente el espectro de acción de dicho Consejo, pues los altísimos gastos de campañas electorales que antes eran escandalosos, en la reforma de 1996, fueron tipificados por la mayoría priísta como topes legales de gastos de campaña, estableciendo así un fuerte candado al mandato del Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral. También poco se avanzó en el acceso equitativo a los medios de comunicación electrónico. "Durante dos años, Gobernación incubó, en secreto, una reforma política en la que se incluiría, como esbozo al menos, la democratización de los medios informativos. Pero a la hora del parto, Gobernación canceló este capítulo y en lugar de una reforma política alumbró "la reforma electoral más profunda y trascendente de la historia de México", sin que en ella ninguna regla impida que la radio y la televisión sigan siendo usados por el régimen como instrumentos de control dictatorial, cuando las necesidades del poder así lo demanden". Avilés, Jaime. "Chiapas: bombas de ruido". La Jornada, sábado 18 de enero de 1997, pág. 4.
[4] Esta tendencia se incrementó a partir de junio de 1996 con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que tuvo como consecuencia directa, no sólo el aumento de los efectivos militares en los estados más empobrecidos del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, que dramáticamente son los que tienen un mayor porcentaje de población indígena, sino que se desplegaran los controles, los retenes anticonstitucionales y los métodos de investigación militar que a menudo conllevaron tortura, desapariciones, y detenciones arbitrarias, según se mostró en la investigación: "La Militarización en México", presentada en el Foro Civil por la Paz, realizado por redes de ocpds y personalidades democráticas en la Ciudad de México, el 4 de octubre de 1996 y en numerosas denuncias sobre violación a los derechos humanos presentadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La modificación del papel del ejército en la sociedad mexicana respondió también a las funciones de combate al narcotráfico y a "la delincuencia organizada" que el ejército mexicano asumió en mayor grado debido a fuertes presiones del gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
[5] Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Reunión Extraordinaria, Memoria, 23 de septiembre de 1994, pág. 9 y 11.
[6] Este esfuerzo sería semejante al que se está dando a nivel internacional para establecer el Protocolo para la Aplicación de los Derechos económicos, sociales y culturales por parte del Comité del Pacto de los Derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.
[7] En esta investigación no ingresamos a las dos primeras etapas más que a través de la síntesis expresada en el Capítulo II sobre la Génesis Social de las Redes de Ocpds, puesto que corresponden a años anteriores al período delimitado, aunque las suponemos para dedicarnos básicamente a los procesos y tareas de las redes de ocpds de 1988 a 1994.
[8] La Red Interinstitucional de Iniciativas Civiles por el Desarrollo y la Democracia (INCIDE), desde su autonomía relativa y con su propia lógica cívica, popular y educativa, participó durante tres años, como un operador pedagógico que aportó elementos de la concepción, la metodología y las experiencias de la educación popular para el enriquecimiento de la educación política en miras a la formación de cuadros del naciente Partido de la Revolución Democrática.
[9] Sin duda, el cierre de esta etapa se realizó con la aprobación, sin consenso, de una reforma electoral votada por la mayoría priísta en ambas cámaras entre el 19 y el 25 de noviembre de 1996, después de casi dos años de cabildeo, que en asuntos como el tope al financiamiento a los partidos políticos fue sorpresivamente echado para atrás, ante derrotas electorales del PRI en Guerrero y en el Estado de México, donde el avance democrático había establecido obstáculos serios para que operara el viejo sistema corporativo y financiero de control de los votantes.
[10] Entendemos por "economía campesina" la estrategia de organización local que busca la autosuficiencia alimentaria en la comunidad en base a la producción de los básicos necesarios para la alimentación y la sobrevivencia, combinando granos, frutales, algún producto para venta al exterior, hortalizas, animales de traspatio, desarrollando también un cierto nivel de especialización en algunos servicios comunitarios útiles para todos: ahorro y crédito, banco de granos, pan, tortillas, microdosis, alimentos nutritivos, huevo, pollo, medicinas naturales de la zona, etc. Algunos inspiradores de estas experiencias microrregionales las resumen en el siguiente aforismo: "producir lo que consumimos y consumir lo que producimos", como base para la realización de intercambios mercantiles de excedentes a otras escalas.
Datos para citar este artículo:
Rafael Reygadas Robles Gil. (2006). 4.8 La imaginación colectiva y las luchas por la democracia de las redes de OCPDs. Revista Vinculando, 4(1). https://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/48_democracia_redes_ocpd.html
Deja un comentario