1.11 Características políticas de la cafeticultura en México

Durante el periodo Cardenista, con la expropiación de propiedades cafetaleras para fines de reparto agrario, se sentaron las bases materiales para la cafeticultura del sector social: para 1940, aproximadamente la mitad de las propiedades cafetaleras se habían convertido en poco más de 100 ejidos.^[1]

Durante el sexenio del presidente Miguel Alemán el gobierno apoyó todas las fuentes agrícolas de divisas, por lo que se creó un organismo del sector público para mejorar la industria. Así, en octubre de 1949 se formó la Comisión Nacional del Café, la cual tenía por objetivos mejorar las plantaciones aplicando los sistemas de producción más modernos, organizar servicios de investigación en laboratorios y campos experimentales de enseñanza y demostración y hacer gestiones para que las instituciones bancarias consideraran líneas de crédito a favor de los cafeticultores.^[2]

A partir de 1956, y hasta 1989, el Instituto Mexicano del Café fue la instancia gubernamental encargada de atender al sector cafetalero y desde 1993 esa función la ha tenido el Consejo Mexicano del Café.

El Instituto Mexicano del Café

En el plano nacional, el antecesor del Instituto Mexicano del Café fue la Comisión Nacional del Café desde la que el gobierno mexicano empezó a participar en la cafeticultura nacional. El antecedente internacional del Instituto se encuentra en la firma del Convenio de México en octubre de 1957, un acuerdo internacional con otros países cafetaleros que tenía como fin estabilizar el precio del grano en el mercado mundial. Pero lo crucial, desde el punto de vista nacional, era que México, como miembro del convenio, se obligaba a controlar ciertos asuntos internos de la industria cafetalera. Por lo anterior, México convino en: a) promover el consumo interno del café, b) reducir la superficie de plantación y c) incrementar la productividad en las zonas cafetaleras. Este compromiso requería que el gobierno federal estrechara sus vínculos con los productores de café. Consecuentemente, combinó la acción de tres instituciones públicas que forzosamente tenían que estar ligadas: a) las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargadas de los permisos de exportación de café y otros asuntos fiscales, b) la antigua Comisión Nacional del Café y c) Beneficios Mexicanos del Café (Bemex). Estas tres instituciones se fusionaron en diciembre de 1958 para formar el nuevo Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).^[3]

Aurora C. Martínez Morales sostiene que el 31 de diciembre de 1958 el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto por medio del cual se creó el Instituto Mexicano del Café, confiriéndole funciones para el control de los precios y de los permisos de exportación, desarrollo de tecnologías para que el productor incrementara sus rendimientos, la protección del suelo, control de enfermedades, combate de plagas y fertilización, a fin de ampliar la economía cafetalera y de impulsar el desarrollo de la estructura de comercialización interna.

Desde fines de los años sesenta el Inmecafé desempeñaba, además, el triple papel, por eso mismo ambiguo, de representante y mediador de los productores chicos y grandes hacia el exterior, de asesor técnico financiero de los mismos y de intermediario comprador de la producción, lo cual sería posteriormente uno de los aspectos que influirían en su desaparición. Cabe mencionar que antes de la intervención estatal a través del Inmecafé, los productores entregaban sus cosechas a especuladores ("coyotes") locales que trabajaban para los exportadores de Jalapa, Puebla, Teziutlán, etcétera. Sin embargo, la reactivación del Instituto, que de hecho empezó a trabajar en el campo desde 1973 como parte de las políticas de Echeverría en apoyo de los pequeños productores, modificó las relaciones entre los productores y los comerciantes del grano.^[4]

Ello se logró a través de la conformación de un esquema organizativo básico para financiar a los pequeños cafeticultores en 1973, cuando el Inmecafé puso en marcha una fuerte campaña para agrupar a los pequeños productores en Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC). Estas organizaciones recibían los anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos que ofrecía el Inmecafé, y que se recuperaban con pagos en especie (es decir, con el mismo grano que se había ayudado a producir).

Vinicio Santoyo afirma que bajo este esquema los productores miembros de la UEPC recibían los anticipos bajo un compromiso solidario, donde todos ellos debían liquidar sus adeudos individuales, mediante la entrega de parte de la cosecha, pues de otra forma, la UEPC no volvería a ser apoyada y ninguno de sus miembros recibiría más recursos. Esta situación explica los altos niveles de recuperación, cercanos al 90%, que mantuvo el Inmecafé en los ciclos en que operó bajo este esquema.

La importancia del Instituto en este sentido puede entenderse al observar que amplió su red de centros de recepción de 17, antes del ciclo 1971/72, a 48 en ese ciclo, para llegar a 63 en el ciclo 1972/73. Como consecuencia de esta mayor penetración, aumentó sensiblemente sus compras directas a campesinos, y pasó de 265.5 mil quintales en 1970/71, hasta casi un millón de quintales en 1972/73. Mientras en el ciclo 1970/71 sólo captó un 6.4% de la cosecha nacional, dos ciclos después ya lograba captar 18.8%.^[5]

En lo que respecta a las UEPC, durante el ciclo 1973/74 el Instituto logró organizar 1,030 unidades con 24,903 miembros (socios). A finales del siguiente año alcanzó a otras 666 unidades, duplicando casi el número de socios; para 1977/78, el Inmecafé había logrado agrupar casi 75 mil socios en sus más de dos mil UEPC. De 1978 a 1980, sin embargo, las UEPC se reducen en número y socios, pero a partir de 1981 se recuperan y para 1982 son casi 2,500 UEPC con 95 mil socios. Por otra parte, en 1977 el Inmecafé controlaba al 75.7% de los productores, pero únicamente el 35% de la superficie cafetalera, lo cual muestra cómo la penetración del Inmecafé es más importante en el ámbito social y político, que en la competencia real y efectiva en el campo económico, con el sector privado. En este sentido, veinte años después de la formación de dichas UEPCs existían organizaciones cafetaleras que tuvieron su origen en este esquema gubernamental, como en el caso de la Sierra Norte de Puebla.

Tal penetración provocó serias críticas por parte del sector privado. Algunos consideraron que el Inmecafé se había excedido en su propósito original de operar marginalmente en el mercado nacional, para estabilizar la oferta y la demanda. Los acaparadores y caciques, poseedores del capital financiero, que basaban su poder político en la compra-venta de café, vieron en estas acciones una intromisión gubernamental que venía a convertirse en un competidor directo.^[6]

Durante los años 80, en un contexto de crisis económicas en todo el país (debido a la deuda externa y la caída en los precios internacionales del petróleo), el Estado empezó a disminuir su participación en la economía y a privatizar importantes instituciones publicas^[7], lo que pocos años después alcanzaría al Instituto. De esta manera, también se emprenden nuevas políticas para impulsar la reorganización y consolidación de las organizaciones campesinas; para crear formas de asociación entre los productores directos y empresarios, y para otorgar nuevos incentivos a las inversiones de capital privado, nacional y extranjero en el sector, lo cual se dio en el contexto de una liberación cada vez mayor y bajo el supuesto de que estas inversiones coadyuvarían a capitalizar el campo.

Aunque la disminución en el acopio del café fue muy marcada, el Instituto todavía conservó por algunos años las funciones de representación ante la OIC, el control de las exportaciones y de las divisas obtenidas por ello y la aplicación de la normatividad correspondiente. Sin embargo, para el año 1989 se decretó su disolución.

Por su parte, las acciones de financiamiento del Inmecafé han sido sustituidas en cierta proporción por el Pronasol, que si bien se dijo que tiene la función de apoyar al productor, en general, los montos por hectárea y la superficie admitidos son menores que con el Instituto, por lo que los recursos de aquel se destinan más a resolver las necesidades primarias del productor que a mejoras en los cultivos.

Así, el mercado libre de café opera casi desde el inicio de la cosecha 1989/90, momento en el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) eliminó el permiso previo para la exportación; la Secretaría de Hacienda desreguló los trámites aduanales y el Comité Técnico del Inmecafé eliminó el precio mínimo al campo, los recuentos de existencia y la obligación del abasto interno industrial.

El 31 de mayo de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la ley que había creado al Instituto Mexicano del Café, mismo que fue sustituido por el Consejo Mexicano del Café, que en el mes de enero de ese mismo año se había creado.

Ante la crisis en la cafeticultura, parcialmente causada por el retiro en el acopio y comercialización del Inmecafé, el gobierno puso en marcha programas de apoyo al cafeticultor pobre, pero, para evitar contradicciones con la orientación de las políticas agrícolas y agrarias generales, encuadró el programa cafetalero dentro del Programa Nacional de Solidaridad, aceptando a los campesinos en "situación de extrema pobreza" dentro del Pronasol. Los recursos fueron insuficientes y en la práctica tuvieron efectos clientelistas para las elecciones presidenciales de 1994; por ello, al término del gobierno de Salinas de Gortari se debilitó el apoyo, sin que se hubieran podido ni siquiera paliar los efectos de la crisis cafetalera sobre los productores.^[8]

 

Participación gubernamental en la cafeticultura: Consejo Mexicano del Café.

La actuación reciente del gobierno en el ámbito de la cafeticultura nacional está referida a la eliminación de sus funciones de regulación económica y a proporcionar las bases normativas y jurídicas que permitan establecer los límites de la participación gubernamental y los criterios formales para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre los agentes económicos involucrados en el complejo económico del café.

Así, la política cafetalera aplicada al inicio de la crisis de 1989 permitió la asociación de tierras campesinas con capitales privados fuertes, a fin de que se pudiera arribar, a largo plazo, a la modernización de la producción cafetalera mexicana, pero la persistencia de la crisis desaceleró el proceso de inversiones y provocó que el gobierno retomara parte de su relación con los productores, a fin de reactivar las medidas de transformación de la producción campesina y sus relaciones con el capital cafetalero privado (modernización del beneficiado, uso racional del agua, difusión de información, etcétera).^[9]

Siguiendo a Gabriel Ascencio Franco, la orientación neoliberal del gobierno y la baja en el precio internacional del café reforzó los lazos de integración nunca totalmente rotos entre los grandes cafetaleros y los pequeños productores. Los finqueros prefieren acopiar el café de los minifundistas mediante el crédito a cuenta de cosecha que invertir en sus plantaciones en un contexto de precios del café a la baja. Por su parte los minifundistas, con el retiro del Inmecafé perdieron una alternativa institucional de crédito a cuenta de cosecha y sobre todo, la relativa estabilidad en los precios de compra del aromático.

En este contexto, cobra especial importancia la aprobación de las reformas al artículo 27 Constitucional, cuyas modificaciones de sus fracciones IV y VII dan estatuto legal a la creación de sociedades mercantiles, liberan las tierras ejidales a la dinámica del mercado y legalizan la asociación productiva de los ejidatarios entre sí, con el Estado y con la iniciativa privada.^[10]

Así, “los cambios en la regulación estatal modificaron profundamente las instituciones de apoyo a los sectores agropecuario y forestal, sobre todo las enfocadas al sector campesino, las cuales se reorganizaron o desaparecieron, lo que ha planteado graves problemas de financiamiento a la cafeticultura de medianos y pequeños productores que operan tanto con la banca comercial como con la de desarrollo. En este marco el capital extranjero canalizó recursos frescos hacia algunos sectores cafetaleros, aliviándoles la presión originada por su nivel de endeudamiento y por el aumento desmesurado en las tazas de interés, coadyuvando con ello a mantener los niveles de producción y exportación de café mexicano. (…) La inversión extranjera directa aumentó en forma acelerada: en 1989 fue de 28.9 millones de dólares (mdd), para 1990 alcanzó 90 mdd y en 1994 llegó a 209.8 mdd, lo cual representa un aumento siete veces mayor”.^[11]

En este sentido debemos resaltar que dichas inversiones excluyeron a los cafeticultores del sector social y a los que se encuentran dentro de las zonas marginales, quienes han debido incorporarse al sistema de créditos gubernamentales. Entre ellos, el Instituto Nacional Indigenista (INI) instrumentó el Programa de Apoyo a los Productores de Café a principios de 1990, con recursos de Pronasol. Con él, se intenta cubrir el vacío dejado por el Inmecafé, beneficiando a los cafeticultores marginales del sector social. El apoyo consiste en un crédito para fertilización y limpia de cafetales y otro para el corte de café. Los montos totales fueron de 210 mil y 98 mil pesos respectivamente y el máximo a financiar fue de 2 hectáreas por productor.

La persistencia de la tendencia depresiva de los precios internacionales del café neutralizó de alguna manera los efectos positivos que se esperaban de estos programas de apoyo financiero instrumentados durante los ciclos que van de 1989 a 1991.< sup>[12]

 

El Consejo Mexicano del Café

A partir del 28 de junio de 1993, el órgano gubernamental relacionado con la cafeticultura nacional es el Consejo Mexicano del Café (CMC), asociación civil dependiente de la Secretaría de Agricultura. Dicha instancia ha sido coherente en sus acciones y programas con las nuevas reglas que el gobierno ha marcado en el sentido de la desregulación y la menor injerencia a través de compras directas y subsidios para dejar ese espacio a la iniciativa privada, quedando así dicho Consejo limitado a un campo fundamentalmente propositivo y que en este sentido su acción directa sobre los procesos de producción, beneficiado y exportación era mínima.

De hecho, las acciones que desarrollaba el Inmecafé directamente con los productores no son atendidas en la actualidad por el Consejo. Así, la investigación se transfiere al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que había tenido poca actividad dentro del sector; la asesoría técnica oficial desaparece, quedando un gran vacío que nadie ha llenado, y el financiamiento a los pequeños productores quedó en manos del Pronasol^[13], y que posteriormente quedaría en manos del Fondo Nacional de Apoyo a Empresa Sociales, FONAES, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Los objetivos generales de Consejo fueron:

• Diseñar políticas que permitieran promover y fomentar la productividad en el sector cafetalero.
• Impulsar la modernización tecnológica.
• Promover "alianzas estratégicas entre los agentes productivos".
• Lograr una ubicación adecuada de nuestro café en el mercado internacional.
• Representar los intereses de México en los foros internacionales.
• Propiciar que las acciones gubernamentales hacia el sector, ejecutadas por diversas dependencias, fueran llevadas a cabo en forma coordinada.^[14]

Las actividades del nuevo órgano, no obstante la importancia que revisten, presentan sus mayores carencias cuando se trata de aplicárseles para apoyar a los pequeños cafeticultores. Esta situación se agrava al observar la composición del Consejo, donde la mayor parte de sus integrantes representan al gobierno federal, a organizaciones oficialistas como la CNC y a los sectores más influyentes dentro de la cafeticultura. Esto implica que las decisiones del Consejo obedecerán más, en última instancia, a los intereses de las grandes empresas y no al de la mayoría de los productores, situación que mantendrá y probablemente agudizará la situación de pobreza de las regiones marginales cafetaleras, con sus consiguientes efectos económicos y sociales.

[1] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez; op. cit.; pág. 122

[2] Margarita Nolasco, Café y Sociedad en México; México; Centro de Ecodesarrollo, 1985; pág. 178

[3] Ibídem; págs. 182-184.

[4] Odile Hoffmann; “Renovación de los actores sociales en el campo: un ejemplo en el sector cafetalero de Veracruz”, en Estudios Sociológicos; El Colegio de México; Vol. X, num. 30; septiembre-diciembre de 1992; págs. 526-527

[5] Margarita Nolasco; op. cit.; pág. 188

[6] Ibídem; págs. 188-189 y 195

[7] La inversión pública en el sector agropecuario y forestal disminuyó sustancialmente. Paso de 25.4 por ciento del PIB del sector en 1980 a sólo 3.2 por ciento en 1988. La inversión privada también cayó, debido a las distorsiones y restricciones impuestas a la actividad que redujeron la rentabilidad y aumentaron la incertidumbre. Véase SARH, Programa de modernización del campo 1990-1994; en Aurora C. Martínez Morales, op. cit.; págs. 69-70

[8] Ibídem; pág. 148

[9] Ibídem.

[10] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit.; pág. 46

[11] Aurora C. Martínez Morales, op. cit. pág. 66

[12] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit.; pág. 48

[13] Vinicio H. Santoyo Cortés, et al.; op. cit.; pág. 97

[14] Aurora C. Martínez Morales; op. cit.; págs. 87-88