2.2 Características generales de las empresas sociales en México

Gonzalo Piñón Jiménez señala que los nuevos movimientos sociales se distinguen de los movimientos sociales tradicionales por tres factores principales:

En primer lugar, las identidades de los participantes ya no son determinadas predominantemente por su situación económica dentro de la estructura social; en vez de ello, pueden movilizarse de acuerdo a identidades determinadas por su género, raza, religión o preferencias sexuales, de acuerdo a la situación concreta donde actúan.

En segundo lugar se toman en cuenta los valores, creencias y sentimientos así como el contexto económico y social de los actores. Aunque en esta perspectiva el Estado aparece como ineficiente o burocrático, la preocupación principal de la mayoría de los nuevos movimientos sociales no intenta tomar control del poder gubernamental, sino incrementar su capacidad al organizar a la sociedad civil a través del aumento en la participación dentro de asociaciones de voluntarios y grupos de interés dentro de la esfera pública, para vigilar y presionar un cambio en la actuación y toma de decisiones del gobierno (fortalecimiento de la sociedad civil). Ejemplo de lo anterior son los movimientos por la paz, antinucleares o ecológicos.

Finalmente se ofrece una nueva dimensión de cambio social; se incorporan la vida diaria e información gradual como una contribución significativa para el cambio social. La mayoría de los nuevos movimientos sociales no buscan, en última instancia, cambios estructurales por medios revolucionarios, sino que persiguen principalmente la democratización de las instituciones públicas, la igualdad social y la justicia dentro de los límites y tolerancia de la diversidad, pluralidad y representación de las minorías.

Las agencias internacionales de desarrollo ven normalmente a las empresas sociales como agencias locales de desarrollo, como nuevas alternativas para la implementación de programas, diferentes al gobierno o agencias públicas, debido a que incluyen la participación directa de los beneficiarios, una mejor consolidación institucional local y mayor conocimiento y habilidades locales como un medio de contrarrestar la corrupción burocrática, la ineficiencia y la centralización de programas públicos.

Así, al ser concebidas como movimientos sociales, las empresas sociales son vistas como grupos que luchan por incrementar la democracia y participación en la toma de decisiones; ganar autonomía política y cultural; ganar poder frente a las élites locales y el Estado; así mismo los proyectos económicos son vistos como un medio para terminar el avance en la construcción de los objetivos políticos del grupo. En esta visión de las empresas sociales se enfatizan dos aspectos analíticos: la autonomía política del grupo y su orientación hacia proyectos autosostenibles como las principales estrategias económicas y políticas para consolidarse.^[1]

Con base en las visitas de campo podemos afirmar que las empresas sociales del país han desempeñado, en sus distintas etapas de desarrollo, actividades correspondientes a los primeros dos grupos distinguidos por los nuevos movimientos sociales, pues tanto han promovido el desarrollo (principalmente económico) local a través de proyectos productivos y proyectos de vivienda, salud, etcétera, como han buscado conscientemente adquirir influencia política en el ámbito comunitario, municipal, estatal y, junto a otras empresas sociales, a nivel nacional, como en el caso de la CNOC para los pequeños productores del ramo cafetalero.

Existen diversos figuras dentro de las empresas sociales entre los que encontramos a las ARIC, las Uniones de Ejidos, Sociedades Cooperativas o las SSS. A continuación haremos una breve descripción de las tres últimas, debido a su importancia en el campo mexicano.

La Unión de Ejidos se constituye por la asociación de dos o más Ejidos o Comunidades, no obstante que una sola Comunidad o Ejido puede pertenecer simultáneamente a otra Unión de Ejidos. Asimismo, tienen facultades para explotar directamente la tierra.^[2] Esta es la principal figura jurídica superior a la que tienen acceso los ejidos y cuyo propósito central es coordinar las actividades productivas, asistencia mutua, industrialización y comercialización de sus productos. Las Uniones de Ejidos agrupaban hasta 1992 cerca de 11,000 ejidos y más de 930,000 ejidatarios. Se puede afirmar que en términos formales se encontraban organizados en este tipo de figuras el 44 por ciento de los ejidos y el 26 por ciento de los ejidatarios. Si se toma el promedio de hectárea por ejido, se puede afirmar que las Uniones de Ejidos tenían una influencia en 43 por ciento de la superficie ejidal. De las 841 Uniones de Ejidos existentes, 217 (25.8 por ciento) organizaciones se podían considerar como de mayor desarrollo; 370 (43.9 por ciento) organizaciones estaban en vías de desarrollo y 254 (30.3 por ciento) no funcionaban.^[3]

La Sociedad Cooperativa es integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Tienen como propósito satisfacer las necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de sociedades está regida por la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 1994.^[4] Dentro de las cooperativas de producción se ubican las cooperativas agropecuarias, que hasta 1992, eran 3,356, de las cuales 2,744 contaban con registro vigente. El 96 por ciento de estas últimas se encontraba operando y agrupaban a 120,602 socios, mientras que 22 se encontraban inactivas y de 78 no se tenía información. En cuanto a su distribución geográfica, Sonora contaba con 196, Coahuila con 166, Zacatecas y Chihuahua 156 cada uno, Durango 148, Nuevo León 111, Puebla 106 y Tabasco 104.^[5]

Las Sociedades de Solidaridad Social (SSS) se encuentran reguladas por la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1976, donde se establece que para constituir una SSS, es necesario integrar un patrimonio colectivo, cuyos socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial con personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que puedan realizar actividades mercantiles.^[6] En 1985 se registraron 120 de ellas y con un crecimiento no muy pronunciado llegó a 269 en 1988; además, 59 no lograron un dictamen positivo. El mayor número de estas figuras se da a partir de los tres últimos años (1989-1991), cuando se forman casi 720 SSS producto de la transformación que sufren las Unidades Económicas de Producción y Comercialización del café. En este periodo se forma el 84.1 por ciento de estas sociedades.^[7]

En las visitas de campo realizadas pudo tenerse contacto con una Cooperativa y con una SSS, ambas dedicadas a la producción, procesamiento y comercialización de café. La cooperativa Tosepan Titataniske trabaja en la Sierra Norte de Puebla, contaba hasta 1999 con 5,800 socios y tenía entre sus principales actividades, además de la cafeticultura, la producción de pimienta gorda, nuez de macadamia y producción de artesanías textiles. Esta cooperativa se caracteriza por la diversificación de sus actividades con base en los distintos conocimientos de sus socios, que hasta ese momento se encontraban en cinco municipios de la región, y cuyo mercado meta era nacional.

La SSS Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM) es una organización con sede en Tapachula, Chiapas, que contaba con 1,200 miembros cuya especialización ha sido la cafeticultura orgánica para nichos de mercado en Europa y en Estados Unidos. Esta organización no ha diversificado sus actividades, sino que se ha especializado en procesos de agricultura orgánica para café y en procesar el aromático para exportarlo como café tostado e incluso soluble, proceso que ellos mismos realizaban.

En el caso de la Sierra de Zongolica en Veracruz no se pudo tener contacto con ninguna organización autogestiva o formada primordialmente por pequeños productores, sino que las comunidades visitadas presentaban una fuerte atomización de los esfuerzos productivos y de comercialización fortaleciendo con ello la presencia de toda clase de intermediarios en la zona.

Cabe también destacar el componente indígena de las organizaciones mencionadas y de otras similares como la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) en Oaxaca, las cuales han aprendido a producir y vender su café a los mercados nacional e internacional como cualquier otra empresa social, pero además han conjuntado con buen éxito sus costumbres con prácticas empresariales recientes.

[1] Tomado de Piñón Jiménez Gonzalo; op. cit.; pág. 22

[2] Tomado de la Dirección General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, Las agroasociaciones, su constitución y registro; México, Secretaría de la Reforma Agraria, Diciembre de 1994; pág. 51

[3] Mauro Valle, “La organización económica de los productores rurales y sus perspectivas”, en Félix Cadena et al.; op. cit.; págs. 247-248

[4] Dirección General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, op. cit. pág. 76

[5] Tomado de Mauro Valle; op. cit.; pág. 250

[6] Dirección General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, op. cit. pág. 69; énfasis del autor

[7] Mauro Valle, op. cit.; pág. 250