Desarrollo:
Cuando los promotores del comercio justo decidieron integrar los productos al mercado convencional e incluir otros bienes como el té, el plátano, el arroz, etc., surgió una nueva modalidad: la certificación y el sello de comercio justo.
Si bien este proceso permite la entrada de los productos de comercio justo en el mercado convencional y esto favorece a los pequeños productores en la medida que la red comercial aumenta, las controversias no han dejado de presentarse. Una de éstas surge cuando los criterios se ajustan a los nuevos productos y a los nuevos actores. En este caso en particular, estamos hablando de las fincas privadas. Para que una finca pueda ser certificada, los propietarios deben pagar el precio del comercio justo directamente a los trabajadores, además de que deben existir condiciones favorables de trabajo y el derecho de sindicalizarse. Ahora bien, en sus inicios, la certificación de comercio justo era exclusiva de los pequeños productores. Por otro lado, otra fuente de descontento surge a partir de las nuevas cuotas que FLO pretende imponer. En efecto, desde 2004 FLO cobra a los pequeños productores de café por las visitas de inspección, cuando antes eran los importadores quienes pagan. El argumento de FLO es que este sistema permitirá la entrada de todas las cooperativas de productores en el comercio justo, aún si no tienen compradores potenciales.1
Los pequeños productores de café que forman parte de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores del Comercio Justo están en contra de estas decisiones. Estos piden que FLO haga un anuncio oficial a este respecto y que garantice que su opinión será respetada. Esta organización considera que la decisión de FLO de certificar las fincas podría provocar la pérdida de la sustancia misma del comercio justo, y por lo tanto, los productores se verían una vez más en la necesidad de buscar otras vías alternas. Así, este apoyo que se le da a las fincas se considera como una alianza entre las instituciones de comercio justo en el Norte y aquéllos que tradicionalmente han explotado a los trabajadores rurales, lo cual va en sentido opuesto de los principios del comercio justo. Por otro lado, la estructura de las fincas, aún cuando pueda existir el respeto por el trabajador, no deja de ser una relación entre patrón y trabajadores, que no tiene nada de democrático, siendo que el criterio de la democracia tiene mucho peso a la hora de buscar la certificación de una cooperativa. Ni la función ni el efecto de la certificación son entonces los mismos que garantizan la supervivencia del pequeño productor. El problema más grande que ven las pequeñas organizaciones es que difícilmente podrán entrar en competencia con las fincas de certificadas, cuya capacidad de producción es mayor y cuyos lazos con los importadores son más importantes.
Fuentes
http://www.transfairusa.org/content/certificación/producer_certificación_sp.php
Notas
1 Para el caso de las tarifas, ver http://www.fairtrade.net/sites/certificación/fees_initial.html
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