12. Nueva participación gubernamental en la cafeticultura

La actuación reciente del gobierno en el ámbito de la cafeticultura nacional está referida a la eliminación de sus funciones de regulación económica y a proporcionar las bases normativas y jurídicas que permitan establecer los límites de la participación gubernamental y los criterios formales para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre los agentes económicos involucrados en el complejo económico del café.

De acuerdo con la nueva política, las perspectivas de desarrollo para la mayoría de los productores del sector social estarán, por una parte, en función de los programas de apoyo que se instrumenten con los recursos del Sistema Solidaridad y, por otra, a partir del establecimiento de nuevas formas asociativas que se derivan de la nueva Ley Agraria y que permitirán la formación de unidades de producción de alta capacidad técnica y económica.

Sin embargo, el futuro del sector social cafetalero aun es incierto: depende en gran medida del interés que el capital privado nacional o extranjero tenga para invertir en el cultivo del café y, también, de los grados de certidumbre que el inversionista asuma con respecto a las disposiciones legales para asociarse con los pequeños productores ejidatarios cultivadores del grano[22].

Así, la política cafetalera aplicada al inicio de la crisis de 1989 permitió la asociación de tierras campesinas con capitales privados fuertes, a fin de que se pudiera arribar, a largo plazo, a la modernización de la producción cafetalera mexicana, pero la persistencia de la crisis desaceleró el proceso de inversiones y provocó que el gobierno retomara parte de su relación con los productores, a fin de reactivar las medidas de transformación de la producción campesina y sus relaciones con el capital cafetalero privado (modernización del beneficiado, uso racional del agua, difusión de información, etcétera)[23].

La traducción factual de este nuevo esquema de participación estatal ha implicado, en el sector agropecuario, no sólo una amplia reducción de los mecanismos de intervención estatal, sino también un profundo proceso de reestructuración de las agencias de desarrollo. Cabe citar los cambios en la banca de fomento que en materia crediticia recupera su finalidad económica, dejando de lado los subsidios, y excluyendo de sus programas a los productores de bajos ingresos sin potencial productivo.

De esta manera, la orientación neoliberal del gobierno y la baja en el precio internacional del café está reforzando los lazos de integración nunca rotos entre los grandes cafetaleros y el minifundio. Los finqueros prefieren acopiar el café de los minifundistas mediante el crédito a cuenta de cosecha que invertir en sus plantaciones a costos de producción en ascenso por la desregulación o retiro de subsidios con un precio del café a la baja. Por su parte los minifundistas, con el retiro del Inmecafé pierden una alternativa institucional de crédito a cuenta de cosecha, pero esta forma de crédito es mejor ejercida por el empresario local, quien forma parte de la red social de la zona y sus mecanismos informales están en correspondencia con la naturaleza usurera de la compra al tiempo o préstamo a cuenta de cosecha[24].

En este contexto, cobra especial importancia la aprobación de las reformas al artículo 27 Constitucional, cuyas modificaciones de sus fracciones IV y VII dan estatuto legal a la creación de sociedades mercantiles, liberan las tierras ejidales a la dinámica del mercado y legalizan la asociación productiva de los ejidatarios entre sí, con el Estado y con la iniciativa privada[25].

Así, “los cambios en la regulación estatal modificaron profundamente las instituciones de apoyo a los sectores agropecuario y forestal, sobre todo las enfocadas al sector campesino, las cuales se reorganizaron o desaparecieron, lo que ha planteado graves problemas de financiamiento a la cafeticultura de medianos y pequeños productores que operan tanto con la banca comercial como con la de desarrollo. En este marco el capital extranjero canalizó recursos frescos hacia algunos sectores cafetaleros, aliviándoles la presión originada por su nivel de endeudamiento y por el aumento desmesurado en las tazas de interés, coadyuvando con ello a mantener los niveles de producción y exportación de café mexicano. (…) La inversión extranjera directa aumentó en forma acelerada: en 1989 fue de 28.9 millones de dólares (mdd), para 1990 alcanzó 90 mdd y en 1994 llegó a 209.8 mdd, lo cual representa un aumento siete veces mayor”[26].

En este sentido debemos resaltar que dichas inversiones excluyeron a los cafeticultores del sector social y a los que se encuentran dentro de las zonas marginales, quienes han debido incorporarse al sistema de créditos gubernamentales. Entre ellos, el Instituto Nacional Indigenista (INI) instrumentó el Programa de Apoyo a los Productores de Café a principios de 1990, con recursos de Pronasol. Con él, se intenta cubrir el vacío dejado por el Inmecafé, beneficiando a los cafeticultores marginales del sector social. El apoyo consiste en un crédito para fertilización y limpia de cafetales y otro para el corte de café. Los montos totales fueron de 210 mil y 98 mil pesos respectivamente y el máximo a financiar fue de 2 hectáreas por productor.

La persistencia de la tendencia depresiva de los precios internacionales del café neutralizó de alguna manera los efectos positivos que se esperaban de estos programas de apoyo financiero instrumentados durante los ciclos que van de 1989 a 1991[27].

A partir del ciclo 1990/91 las principales fuentes de financiamiento a la cafeticultura son: Banrural, INI-Solidaridad y FIRA*. La participación de Solidaridad ha sido creciente; del 3.58% del total aportado por las tres fuentes en el ciclo 1990/91, pasó al 79.55% en el ciclo 1993/94; mientras que Banrural pasa de 79.69% a 11.14% del ciclo 1989/90 al ciclo 1993/94. Por su parte, FIRA en los tres primeros ciclos (1989/90 al 1991/92), prácticamente mantiene constante su participación, registrando un ligero incremento en el ciclo 1992/93 y una disminución muy marcada en el 1993/94.

Si bien esto representa un respiro para el estrato más pobre de productores, no implica la mejoría de sus parcelas debido a lo reducido de los montos y el destiempo en que en la realidad se otorgan. El total de recursos aportados por estas fuentes tuvo un incremento nominal de más del 100%, del ciclo 1989/90 al 1992/93, pasando de N$ 160.50 millones a N$ 323.90 millones, pero en términos reales sólo representó un incremento de 12.5%.

En 1992 el principal canal de crédito era el Programa Nacional de Solidaridad, que si bien no acopiaba café directamente, fue el canal de conexión con el Instituto Nacional Indigenista, que promueve la comercialización incentivando la organización de los productores[28].

Después del surgimiento del movimiento armado en Chiapas, el primero de enero de 1994, atribuible en parte a la crisis del café, el gobierno hace un pronunciamiento para articular una política de apoyo al sector. Un elemento fundamental de esta política es un Programa Nacional de Apoyo a Productores de Café, que para el ciclo 1994/95 comprendió dos subprogramas:

a) apoyos directos a productores con predios menores a diez hectáreas cultivadas de café, con atención hasta 4 hectáreas. La cuota de apoyo directo es de N$ 700 por hectárea (US$ 200 aproximadamente) en dos ministraciones: la primera de N$ 400 de abril a mayo y la segunda, de N$ 300, de agosto a
octubre.

b) apoyos d
irectos a productores con predios mayores a diez hectáreas cultivadas de café, con un límite de 4,500 productores[29].

 

El Consejo Mexicano del Café

En la actualidad, el órgano gubernamental relacionado con la cafeticultura nacional es el Consejo Mexicano del Café (CMC), dependiente de la Secretaría de Agricultura. Dicha instancia ha sido coherente en sus acciones y programas con las nuevas reglas que el gobierno ha marcado en el sentido de la desregulación y la menor injerencia a través de compras directas y subsidios para dejar ese espacio a la iniciativa privada, quedando así dicho Consejo limitado a un campo fundamentalmente propositivo y que en este sentido su acción directa sobre los procesos de producción, beneficiado y exportación es mínima.

De hecho, las acciones que desarrollaba el Inmecafé directamente con los productores no son atendidas en la actualidad por el Consejo. Así, la investigación se transfiere al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que había tenido poca actividad dentro del sector; la asesoría técnica oficial desaparece, quedando un gran vacío que nadie ha llenado, y el financiamiento a los pequeños productores queda en manos del Pronasol[30].

El CMC es una asociación civil constituida formalmente el 28 de junio de 1993, y cuyos miembros son:

· Los Secretarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Hacienda y Crédito Público; Comercio y Fomento Industrial y Desarrollo Social.

· Los Gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Tabasco y Querétaro, y

· Los titulares del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.; Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA-Banco de México); Confederación Nacional Campesina; Congreso Agrario Permanente; Unión Nacional de Productores de Café de la C.N.C.; Confederación Nacional de Propietarios Rurales; Unión Nacional de Productores de Café de la C.N.P.R.; Confederación Mexicana de Productores de Café; Asociación Mexicana de Exportadores de Café, A.C.; Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C., y Sección XX de Tostadores y Molinos de Café, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Los objetivos generales de este nuevo órgano cafetalero son:

· Diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad en el sector cafetalero.

· Impulsar la modernización tecnológica.

· Promover "alianzas estratégicas entre los agentes productivos".

· Lograr una ubicación adecuada de nuestro café en el mercado internacional.

· Representar los intereses de México en los foros internacionales.

· Propiciar que las acciones gubernamentales hacia el sector, ejecutadas por diversas dependencias, fueran llevadas a cabo en forma coordinada[31].

Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:

· Promueve y coordina la colaboración de los sectores público, social y privado en la materia;

· Propicia el desarrollo y ejecución de programas nacionales y regionales de producción, beneficio, industrialización, comercialización y exportación del café mexicano, para hacerlo competitivo en los mercados nacional e internacional;

· Desarrolla los estudios, encuestas, evaluaciones y actividades en general conducentes al cumplimiento de su objeto;

· Celebra los actos, convenios y contratos que resulten necesarios, y

· Expide los certificados de origen* válidos en los términos de las disposiciones aplicables[32].

Como hemos podido ver, las actividades del nuevo Consejo, no obstante la importancia que revisten, presentan sus mayores carencias cuando se trata de aplicárseles para apoyar a los pequeños cafeticultores. Esta situación se agrava al observar la composición del Consejo, donde la mayor parte de sus integrantes representan al gobierno federal, a organizaciones oficialistas como la CNC y a los sectores más influyentes dentro de la cafeticultura. Esto implica que las decisiones del Consejo obedecerán más, en última instancia, a los intereses de las grandes empresas y no al de la mayoría de los productores, situación que mantendrá, y probablemente agudizará la situación de pobreza de las regiones marginales cafetaleras, con sus consiguientes efectos económicos y sociales.

 

Notas

[22] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit. Págs. 49-50

[23] Aurora C. Martínez Morales, op. cit. Pág. 148

[24] Gabriel Ascencio Franco, “Integración finca – ejido en la cafeticultura del Soconusco”, en Daniel Villafuerte Solís; op. cit.; Pág. 82

[25] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit. Págs. 46

[26] Aurora C. Martínez Morales, op. cit. Pág. 66

[27] Ma. del Carmen García Aguilar y José Luis Pontigo Sánchez, op. cit. Pág. 48

* Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

[28] Aurora C. Martínez Morales, op. cit. Pág. 30-31

[29] Vinicio H. Santoyo Cortes et al, op. cit. Págs. 101-102

[30] Ibídem; Pág. 97

[31] Aurora C. Martínez Morales, op. cit. Págs. 87-88

* Los certificados de origen son constancias que el CMC y los Consejos Estatales respectivos emiten en virtud de la adhesión de México al Convenio Internacional del Café, y tienen como objeto facilitar la recopilación de estadísticas del comercio cafetalero internacional y conocer con exactitud las cantidades de café que son exportadas por los países exportadores miembros de la Organización Internacional del Café.

[32] Consejo Mexicano del Café, folleto “Organización y funciones”, 1998.